Bullrich defiende allanamientos a periodistas en medio del escándalo de audios filtrados

• Patricia Bullrich defendió los allanamientos a periodistas que difundieron audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei, calificándolos como parte de una operación de inteligencia ilegal.
• La ministra vinculó la filtración con presuntos recursos de Rusia y Venezuela y acusó a los comunicadores de intentar desestabilizar al Gobierno Nacional.
• Los audios fueron grabados en la Casa Rosada, según Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que generaría “indefensión” frente a operaciones encubiertas.
• La Justicia ordenó detener la publicación de los audios y autorizó los allanamientos solicitados por la ministra.
• Bullrich afirmó que los periodistas que compartieron el material actuaron de manera indebida al difundirlo en varias entregas, calificándolos como “no periodistas”.
• La ministra insistió en que seguirá trabajando con la Secretaría de Inteligencia para identificar responsables y prevenir futuras filtraciones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce del debate público por los audios filtrados de Diego Spagnuolo y Karina Milei, defendiendo los pedidos de allanamiento dirigidos a periodistas y medios que difundieron el material. En declaraciones a La Nación+, la funcionaria aseguró que los comunicadores denunciados “forman parte de una operación de inteligencia ilegal contra el Gobierno Nacional” y vinculó la filtración con presuntas acciones de actores extranjeros.

Bullrich sostuvo que los acusados “son operadores” que cuentan con recursos provenientes de Rusia y Venezuela, y enfatizó que los periodistas que difundieron la información no son responsables de la operación en sí, sino que se limitaron a verificar y compartir los contenidos. Entre los nombres mencionados por la ministra se encuentran Mauro Federico y Jorge Rial, así como el canal de streaming Carnaval, quienes “levantaron y compartieron la información” que, según Bullrich, contenía grabaciones de funcionarios en la Casa Rosada.

“No es un problema de contenido, el problema es el hecho de grabar a la secretaria General de la Presidencia dentro de la Casa de Gobierno”, afirmó Bullrich. En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la idea de que los audios fueron captados dentro de la sede del Poder Ejecutivo, generando una situación que, según la ministra, expone a los ciudadanos a una “indefensión” frente a operaciones de inteligencia paralelas.

La respuesta judicial y los allanamientos

Ante la difusión de los audios, la Justicia ordenó detener la publicación de los mismos. Esta medida se complementó con la denuncia presentada por Bullrich, que incluyó pedidos de allanamiento dirigidos a periodistas y medios de comunicación. La ministra argumentó que su intervención busca “llegar al fondo de esto” y frenar lo que calificó como una inteligencia ilegal, que registra a funcionarios y amenaza con difundir el material de manera fraccionada, “como una serie”.

Bullrich responsabilizó directamente a los comunicadores que compartieron los audios, acusándolos de “participar de un intento de desestabilización del Gobierno Nacional”. “No son periodistas. Si lo fueran y recibieran esta información, deberían hablar con la fuente, no decir ‘lo voy a mandar durante 60 días seguidos’”, subrayó. Según la ministra, la difusión sistemática de los contenidos implica una estrategia deliberada de presión política sobre la gestión del presidente Javier Milei.

Injerencia extranjera y operaciones de inteligencia

Otro eje central del discurso de Bullrich fue la vinculación del caso con actores internacionales. La ministra sugirió que la filtración podría involucrar a personas con antecedentes en servicios de inteligencia rusos, así como a contactos venezolanos, y sostuvo que este tipo de injerencia “es lo peor que puede existir” en términos de seguridad nacional. La acusación refuerza la narrativa del Gobierno sobre la existencia de operaciones encubiertas diseñadas para afectar la estabilidad del Ejecutivo, más allá del contenido de los audios en sí.

En el marco de esta controversia, la discusión se centra no solo en la legalidad de las grabaciones y la responsabilidad de los medios, sino también en los límites de la libertad de prensa frente a la seguridad institucional. La postura de Bullrich implica un claro respaldo a las acciones judiciales contra los periodistas involucrados, mientras que los defensores de la libre difusión de información apuntan a la protección de derechos fundamentales y al rol fiscalizador de los medios de comunicación.

El caso, que combina filtraciones internas, acusaciones de inteligencia paralela y supuestas injerencias extranjeras, promete seguir generando debate político y mediático. La ministra Bullrich reafirmó que seguirá trabajando junto a la Secretaría de Inteligencia para identificar a todos los responsables y evitar que este tipo de prácticas se repitan, insistiendo en que el objetivo es proteger tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía de operaciones que, según su visión, buscan desestabilizar al Gobierno Nacional.