El Gobierno prepara plan de infraestructura con fuerte protagonismo del sector privado

• El Gobierno prepara un plan de infraestructura con fuerte participación del sector privado para reactivar la economía.
• Se prevén nuevas licitaciones de caminos y obras diversas, coordinadas con las provincias.
• La política busca revertir el impacto del recorte de gasto de capital del primer año de la gestión Milei.
• Quedan pendientes 3.500 obras de la administración anterior y deudas de $400.000 millones con empresas constructoras.
• José Luis Daza destacó la necesidad de reglas claras, contratos confiables y costos de capital rentables para atraer inversión.
• El plan incluye financiamiento público y privado, apuntando a estabilidad financiera y ejecución más eficiente de proyectos.

El equipo económico avanza en la definición de un ambicioso plan de inversiones en infraestructura que busca reactivar uno de los motores más golpeados de la economía, afectada por el fuerte ajuste fiscal aplicado en los últimos meses. La iniciativa apunta a otorgar un rol central al sector privado, a través de nuevas licitaciones y esquemas de participación público-privada, y se prevé que marque un cambio respecto de la política de recortes de capital implementada en el primer año del gobierno de Javier Milei.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó la existencia del plan durante un encuentro organizado por FIEL esta semana. “Creo que es indudable que necesitamos aumentar en forma muy importante la inversión en infraestructura y ahí se ha trabajado en un plan”, señaló. El funcionario admitió que la magnitud de la reducción del gasto de capital aplicada por la administración libertaria, a la que definió como una “motosierra”, resultó insostenible, al punto de afectar incluso al capital ya instalado. Como ejemplo, mencionó la provincia de Santa Fe, donde el Gobierno Nacional colocó carteles en rutas nacionales advirtiendo que su estado es responsabilidad de la Nación.

Daza explicó que aplicar un plan de infraestructura en el primer año de emergencia económica hubiera sido “difícil de llevar a cabo”, pero aseguró que la ejecución comenzará rápidamente mediante licitaciones de caminos y obras diversas, priorizando la participación de empresas privadas. Según adelantó, se coordinará con las provincias para definir quién y cómo llevará adelante cada proyecto, en un intento por agilizar procesos y minimizar trabas burocráticas. Esta coordinación surge luego de que varios gobernadores solicitaran la transferencia de obras paralizadas tras la decisión de Milei de reducir a cero el gasto de capital en el primer año de gestión.

Deudas históricas y pendientes del sector

El plan también enfrenta la problemática de los proyectos que quedaron inconclusos de gestiones anteriores. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se habían lanzado aproximadamente 3.500 obras, muchas de las cuales quedaron paralizadas, generando deudas por $400.000 millones a empresas constructoras. Según Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), todavía “hay deudas pendientes y no se han saldado los pagos correspondientes a obras ejecutadas en 2023”, lo que dificulta la confianza del sector privado y el flujo de nuevas inversiones.

Reglas claras y financiamiento confiable

Para Daza, la clave para atraer inversión privada radica en garantizar reglas claras, contratos confiables y un costo de capital que haga rentable los proyectos. “La inversión privada requiere capital y certeza jurídica. Hay trabas y dificultades, pero estamos trabajando en todas ellas. Esa es la dirección en que vamos a ir”, subrayó.

El esquema de financiamiento será diverso. Puede incluir fondos públicos, generalmente aportados por organismos internacionales, o financiamiento privado puro. En la gestión libertaria se apuesta más al desarrollo de obras por parte de empresas privadas, confiando en que puedan ejecutar proyectos a menor costo, siempre que haya estabilidad en variables financieras como tasas de interés y tipo de cambio.

Daza recordó experiencias anteriores con esquemas de Participación Público-Privada (PPP). Durante la gestión de Mauricio Macri, el costo de las garantías exigidas a las empresas adjudicatarias de obras viales se disparó, dificultando la ejecución de proyectos y obligando al Gobierno a buscar alternativas para controlar el dólar y las tasas. La administración actual busca aprender de esos errores y establecer un marco más previsible para las inversiones privadas.

Hacia la reactivación de la infraestructura

En definitiva, el plan del Gobierno busca revitalizar la inversión en infraestructura, un componente estratégico para la economía y la generación de empleo. La combinación de coordinación con provincias, participación del sector privado y financiamiento sostenible pretende superar los desafíos heredados de políticas anteriores y del ajuste fiscal reciente.

Si se concreta, esta iniciativa podría marcar un punto de inflexión en la ejecución de obras públicas, al mismo tiempo que busca restablecer la confianza de los inversores y del sector constructor, hoy afectados por deudas pendientes y por la incertidumbre sobre reglas de juego y costos de capital. El desafío será equilibrar la rapidez de la ejecución con la seguridad jurídica y la sostenibilidad financiera, condiciones que el Gobierno considera esenciales para reactivar la infraestructura nacional.