Una Policía Federal del siglo XXI o una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar

• La PFA operaba con un estatuto de 1958, obsoleto ante amenazas actuales como narcotráfico, cibercrimen y terrorismo.
• El Gobierno impulsa una reforma profunda: crea el Departamento de Investigaciones Federales (DIF), con foco en delitos complejos y estructura moderna.
• El nuevo modelo busca una fuerza tipo “FBI argentino”, con analistas, forenses y presencia territorial.
• El éxito dependerá de formación, tecnología, cooperación internacional, control y liderazgo político sostenido.
• Se advierte que sin implementación real, la reforma corre riesgo de quedar en el papel.
• Se destaca la oportunidad histórica para profesionalizar la fuerza y proteger la seguridad con respeto a los derechos.

Por décadas, la Policía Federal Argentina fue una fuerza atrapada en el tiempo. Un estatuto de 1958 –diseñado para un país pre-globalización, con amenazas locales y estructuras verticalistas– limitó durante más de sesenta años su capacidad de adaptarse a un crimen que cambió de escala, de forma y de geografía. Narcotráfico transnacional, cibercrimen, mafias globales, terrorismo: todos se sofisticaron, mientras la PFA seguía anclada a una lógica de patrullaje urbano y burocracia decimonónica. Hasta ahora.

La decisión del Gobierno nacional de transformar la PFA en un Departamento de Investigaciones Federales (DIF) representa, en los papeles, una de las reformas más profundas en la historia reciente de las fuerzas de seguridad argentinas. Se trata, ni más ni menos, de dejar atrás a la “policía de uniforme” para construir una agencia investigativa de alcance federal, con recursos especializados, despliegue territorial y foco en los delitos complejos que desangran al país.

Esta reforma –si se lleva a cabo con decisión y coherencia– tiene el potencial de poner a la Argentina en línea con los estándares internacionales más avanzados. Pero ese “si” es determinante. Porque sobran en la historia nacional las reformas grandilocuentes que naufragaron en la inercia, la resistencia interna o la falta de presupuesto. Aquí no hay margen para la simulación.

El diagnóstico es claro: la vieja PFA era una institución desbordada por desafíos para los que no estaba preparada ni legal ni operativamente. Una policía sin mandato específico para investigar cibercrimen, sin equipamiento de última generación ni personal capacitado para enfrentar mafias, drogas, redes financieras oscuras. La transferencia de su rol preventivo a la Ciudad de Buenos Aires en 2016 fue un primer paso. Esta transformación, en cambio, apunta al corazón de su misión.

La creación del DIF implica construir una fuerza de élite, con analistas, forenses, especialistas en delitos financieros y ciberseguridad. Con presencia territorial, pero conducción centralizada. Con vocación de “ir al hueso” de las redes delictivas, no de llenar comisarías. En esencia, una “FBI a la argentina”, con nuestras limitaciones, pero también con nuestra experiencia.

El desafío es titánico. Requiere formación continua, inversión sostenida, profesionalización verdadera, cooperación internacional y, sobre todo, control y transparencia. Porque dotar a una fuerza de más poder investigativo sin supervisión es una receta para nuevos abusos. La reforma debe blindarse institucionalmente, con normas claras y consensos políticos amplios que trasciendan gobiernos. No puede depender del capricho de un presidente ni del humor de un ministro.

También implica cambiar la cultura policial desde adentro. Como bien señala quien fue Superintendente de Investigaciones Federales hasta 2023, hay una nueva generación de agentes preparados, democráticos, capaces de asumir este desafío. Pero para eso necesitan liderazgo, condiciones laborales dignas y una misión clara. La motivación también se construye: nadie arriesga su vida por una institución que lo desprecia o lo relega.

Hoy, los cimientos están puestos. Se avanzó en cooperación con agencias extranjeras, se crearon unidades antimafia, se inició un proceso de tecnificación que, bien dirigido, puede marcar un antes y un después. Pero todo eso puede evaporarse si la política se desentiende, si la sociedad no acompaña o si se cae en el facilismo de pensar que cambiar el nombre de una fuerza equivale a transformarla.

La Argentina merece una fuerza federal de investigación a la altura de las amenazas del siglo XXI. El país necesita una Policía Federal capaz de enfrentar redes que operan desde Rosario hasta Roma, del AMBA a la web profunda. Pero también necesita que esa fuerza actúe con respeto por los derechos, con controles, con eficacia y con vocación de servicio.

La seguridad no es enemiga de la democracia. Y la modernización de la PFA no debe ser la excepción. Esta vez, hagámoslo bien. Porque si fallamos otra vez, el precio lo pagaremos todos.