Amenazas antisemitas y presiones judiciales: la DAIA denunció un ataque contra el juez Borinsky y crece la alarma por la violencia institucional

• La DAIA denunció penalmente amenazas y mensajes antisemitas contra el juez Mariano Borinsky tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner.
• Los ataques, difundidos en redes, incluían estereotipos nazis y amenazas de violencia.
• La Cámara de Casación y otras instituciones judiciales expresaron su apoyo al magistrado.
• Otros jueces, como Carlos Mahiques, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, también fueron amenazados.
• La Justicia y organismos internacionales advirtieron sobre un clima de violencia institucional y ataques a la independencia judicial.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó una denuncia penal ante la justicia federal por amenazas y expresiones antisemitas dirigidas contra el juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La organización se constituyó como querellante y denunció la existencia de publicaciones con mensajes discriminatorios, violentos y de odio difundidos en la red social X, luego de que quedara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, fallo en el que Borinsky tuvo un rol central.

Según la denuncia, los mensajes constituyen delitos como amenazas, apología del delito y violación a la ley antidiscriminatoria. El contenido replicaba estereotipos antisemitas clásicos del nazismo, incluía una amenaza directa contra el magistrado y lo vinculaba a supuestas amenazas del régimen iraní.

La Cámara Federal de Casación expresó su apoyo al juez a través de un acuerdo institucional encabezado por su presidente, Daniel Petrone. También participaron otros camaristas, como Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani y Angela Ledesma. Coincidieron en que se trató de una campaña de hostigamiento basada en razones religiosas y en el rol judicial desempeñado.

Este ataque no es un caso aislado. En las últimas semanas se han multiplicado las agresiones dirigidas a miembros del Poder Judicial tras la ratificación de la condena a la ex mandataria. El juez Carlos Mahiques recibió amenazas en su ciudad natal, Mercedes, donde aparecieron carteles intimidatorios con las fotos de él y de sus hijos. También fue amenazado el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con pintadas cerca de su domicilio que derivaron en mayor custodia.

En Santa Fe, un hombre fue detenido por estos hechos: tenía panfletos con consignas políticas, celulares y una remera con simbología partidaria. La causa sigue en el fuero federal. Asimismo, circularon en redes sociales amenazas contra el juez Ricardo Lorenzetti, con imágenes que incitaban a incendiar su vivienda.

La gravedad del clima llevó a un enérgico pronunciamiento de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, que repudió lo que calificó como una “violencia institucional extrema” y advirtió que estos hechos atentan contra la independencia del Poder Judicial y el sistema democrático.

En la misma línea se expresó la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), presidida por el argentino Marcelo Gallo Tagle. Citando tratados internacionales, la entidad alertó que presionar a jueces constituye una injerencia inadmisible en el funcionamiento de la Justicia.

El Consejo de la Magistratura, a través de consejeros del estamento judicial, también se sumó a las advertencias y recordó que el respeto a la ley y a la independencia judicial es esencial para la vida democrática. “Las coacciones no alteran sentencias, pero sí erosionan la credibilidad institucional”, concluyeron.

El caso Borinsky y el resto de las amenazas marcan un preocupante escenario de tensión entre poderes, donde la Justicia se encuentra en el centro de un conflicto cada vez más expuesto y cargado de violencia simbólica y explícita.