El Gobierno elimina la tasa anual para usuarios de armas y flexibiliza trámites ante la ANMAC

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • El Gobierno eliminó la tasa anual obligatoria para usuarios de armas; ahora se pagará cada cinco años.
  • La medida alcanza a usuarios comerciales, colectivos, de caza y entidades de tiro.
  • También se flexibiliza la obligación de reinscripción ante cambios societarios.
  • Se enmarca en la política oficial de desburocratización y reducción de costos.
  • La decisión podría reactivar el debate sobre el control de armas.

En línea con su política de desregulación y simplificación administrativa, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva medida que beneficia a los usuarios de armas de fuego: eliminó el pago obligatorio de la tasa anual que debían abonar distintos actores del sector. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan.

La normativa alcanza a los Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos y Entidades de Tiro, quienes hasta ahora debían abonar anualmente un arancel que oscilaba entre los 20.000 y 200.000 pesos, según la categoría. Con el cambio dispuesto, ese pago pasará a realizarse únicamente cada cinco años, coincidiendo con el ciclo de renovación de sus inscripciones.

Además de eliminar el tributo anual, la resolución introduce una modificación en la gestión de datos. A partir de ahora, los usuarios tendrán un plazo de 30 días para informar cualquier cambio en su estructura societaria o dirigencia, sin necesidad de renovar toda la inscripción como se exigía previamente.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, justificaron la medida en un comunicado oficial: “Aligera procesos sin debilitar los controles. El objetivo es claro: reducir cargas innecesarias y facilitar el cumplimiento normativo a quienes, desde distintos sectores, aportan al desarrollo industrial, deportivo y comercial del país”.

La decisión se enmarca en la política más amplia del Gobierno de desburocratización estatal, que busca achicar costos y facilitar trámites ciudadanos, especialmente en sectores que el oficialismo considera estratégicos o productivos.

Mientras tanto, voces críticas ya anticipan que podría reabrirse el debate sobre el control de armas en el país, en un contexto de crecientes tensiones sociales y demandas por mayor seguridad. Sin embargo, desde la Casa Rosada insisten en que estas reformas buscan eficiencia administrativa sin relajar los mecanismos de control.

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