Alberto Fernández y los gobernadores pedirán el juicio político al presidente de la Corte Suprema

POLÍTICA Por Marian SANZOTTI
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Justo antes de viajar hacia Brasil para asistir a la asunción de Lula da Silva, el presidente Alberto Fernández anunció que junto a un grupo de gobernadores solicitará el juicio político del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.

“También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”, señaló en un comunicado publicado por la Casa Rosada, dejando en claro que participará en la operación a Martín Soria, alfil del kirchnerismo.

La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios.

Entre ellos se encuentran Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los diálogos, queda en evidencia que el vocero de Rosatti y D’Alessandro hacen referencia al “fallo Robles”, en referencia al fallo de la Corte que se conocería más tarde, y favoreció a la Ciudad en el conflicto por los fondos de la policía con el gobierno nacional.

Y con Violante, el empresario que maneja la concesionaria de grúas y las playas de estacionamiento de Buenos Aires, comentaron en 2019 y 2020 sobre la supuesta entrega de sobres con dinero y sobre negocios con Horacio Rodríguez Larreta.

Hasta ahora, Larreta, aunque está muy complicado, sostiene a D’Alessandro, que a su vez, se defiende y se muestra reacio a presentar su renuncia. Ambos quieren evitar que el escándalo, que crece día a día, ponga en juego los planes presidenciales del alcalde porteño. La estrategia del funcionario, por ahora, es decir que los chats fueron adulterados, y que deberá ser justamente la Justicia la que determine cuál es su responsabilidad. Pero incluso al interior de la Ciudad y en el Pro en general hay voces que piden que se haga a un lado.

Además, la vicepresidenta, Cristina Kirchner está cada vez más complicada en las distintas causas por corrupción, y exige de parte de Alberto Fernández una respuesta más firme al Poder Judicial. La decisión del Presidente de no pagar los fondos que le encomendó la Corte Suprema -a favor de la Ciudad, por la coparticipación- había sido un primer paso en este sentido.

Pero luego el primer mandatario dio marcha atrás y dijo que el Estado Nacional se haría cargo de las transferencias, aunque con bonos del tesoro, lo cual no contentó al ala dura del Gobierno. El juicio al presidente de la Corte que anunció hoy Alberto Fernández es una señal positiva para Cristina Kirchner, que denuncia sistemáticamente desde hace años un mecanismo de persecución en su contra de parte del Poder Judicial.

Además, es una fuerte señal para los gobernadores, que también se habían sentido incómodos con la determinación del primer mandatario de volver sobre sus pasos para pagar -aunque él mismo dijo que en realidad nunca cambió de opinión-. De hecho, el lunes pasado viajó a Santiago del Esterio de urgencia para reunirse con Gerardo Zamora y buscar su respaldo y el del resto de los jefes provinciales del PJ. Tras algunas conversaciones y explicaciones, los caciques del interior terminaron alineándose detrás del primer mandatario.

El comunicado completo:

Querido Pueblo Argentino:

Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías, pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos.

Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado.

Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente.

El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores.

Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.

Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una perdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso.

Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegria a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.

Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores practicas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho.

En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.

Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica.

He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.

También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.

Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.

Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.

Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes.

Muchas Gracias.

Fuente: Infobae

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