En medio de una votación ajustada, persiste el interrogante sobre si José Alperovich puede volver al Senado para debatir la ley del aborto legal

El 22 de noviembre de 2019, con el triunfo del Frente de Todos ya en el recuerdo y mientras Alberto Fernández diagramaba su gabinete, el mundo político fue sacudido por una denuncia: la sobrina segunda del senador por Tucumán José Alperovich denunciaba a su tío por abuso sexual agravado extendido en el tiempo.

La joven de 29 años radicó la denuncia en las dos ciudades donde habrían sucedido los hechos –San Miguel de Tucumán y Buenos Aires– y comenzó un camino que al poco tiempo quedó olvidado por la realidad argentina del día a día.

Más allá del camino judicial que deba afrontar quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Tucumán, en la Cámara de Senadores no se adoptó ninguna medida respecto de las denuncias más allá dos trámites administrativos: aceptar la licencia extraordinaria del senador y separar a la denunciante de su trabajo en el despacho de la senadora Beatriz Mirkin, compañera de bloque de Alperovich.

No hubo suspensión ni expulsión y ahora aflora un problema que arrastra la provincia de Tucumán desde hace más un año: tiene un senador menos que el resto de las provincias argentinas. En cualquiera de las votaciones que ocurrieron este año se mantuvo el mismo escenario, pero en la que se llevará a cabo en la sesión que inicia este martes 29 de diciembre se da un planteo único: la despenalización y legalización del aborto se aleja de la partidocracia y se juega horizontalmente con posiciones a favor y en contra dentro de los partidos mayoritarios.

¿El dato insoslayable del panorama tucumano? El gobernador Juan Manzur está tan en contra del proyecto que en 2018 ejerció desde su provincia uno de los lobbies en contra más fuertes y hasta participó de una masiva marcha “celeste”. En aquel entonces, la senadora por la minoría Silvia Beatriz Elías de Pérez votó en contra, y los dos senadores por la mayoría fueron divididos, con Beatriz Mirkin a favor de la despenalización y José Alperovich en contra.

No todo son números

Según el interlocutor parlamentario con el que se dialogue, el proyecto está un poco más o un poco menos de ser aprobado, pero con un escenario de paridad abrumador. Los distintos sondeos se mueven desde 35 a 34 en contra con un indeciso, o exactamente el mismo número a favor, y hasta hay quien asegura que hoy se encuentran 34 votos a favor, 34 en contra y dos indecisos que podrían terminar en abstenciones o inclinando la balanza para uno u otro lado. Pero si sumamos todos los votos, y si damos por sentado que estarán todos los senadores presentes en la votación, el número da 70. Faltan dos senadores, uno por razones de fuerza mayor y otro por una licencia realmente extraordinaria: el expresidente Carlos Menem –internado en grave estado– y José Alperovich, en el limbo técnico legal.

El 25 de noviembre de 2019, tres días después de conocida la denuncia, el Senado votó por unanimidad la aprobación de la licencia extraordinaria sin goce de haberes del contador Alperovich. El ex gobernador tucumano no había expresado el plazo, por lo cual el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Petcoff Naidenoff, solicitó que sea otorgada la licencia “por un tiempo determinado de seis meses y después que quede sujeto a la voluntad de la Cámara”. Se votó por unanimidad.

Para el 26 de mayo de 2020, con el período vencido, Alperovich solicitó una prórroga de su licencia por noventa días. También fue aprobada por unanimidad el 4 de junio, en la misma sesión en la que se conmemoró un nuevo aniversario de la primera movilización “Ni una menos”. No hubo explicación, ningún senador pidió la palabra. La licencia vencía a fines de agosto, momento en el que fue nuevamente prorrogada hasta el 1º de enero de 2021. Tampoco hubo una explicación ni debate o sugerencia alguna.

“Las licencias por motivos particulares no son eternas”, sostiene una fuente especializada en los ires y venires de las cámaras y del derecho administrativo y destaca que Alperovich “primereó” a la Cámara al solicitar la licencia. De hecho, si algo debería ponerse en duda es si correspondía que la Cámara accediera al pedido de licencia extraordinaria en el contexto de tamaña denuncia en contra de uno de sus integrantes.

Constitución

El texto supremo de la legislación argentina es lo suficientemente claro en dos de sus artículos sobre qué se debe hacer en la situación de José Alperovich. De hecho, el artículo 66 afirma que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”. Para despejar toda duda de cuál sería uno de esos casos, la Constitución agrega el artículo 70: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

En el caso de Alperovich no hubo siquiera una investigación interna del Senado que determine la gravedad de las acusaciones. Esto es vital, dado que si el Senado considera que las acusaciones tienen sustento, debe expulsar al miembro de su cámara, y si considera lo contrario, debe reincorporarlo. En ningún caso se contempla una licencia extraordinaria renovable de manera periódica hasta nuevo aviso.

Sin embargo, también está la cuestión de los graves antecedentes del Senado. Alperovich puede ampararse tranquilamente en la situación de su colega internado, quien tiene hasta sentencias firmes en su contra y nunca fue siquiera suspendido por la cámara alta en cumplimiento de la Constitución. También puede apelar a la situación que acompañó a la actual vicepresidente, que prestó juramento en 2017 como Senadora por la provincia de Buenos Aires con un tendal de procesamientos y luego comenzaron a llegar los pedidos de prisión preventiva continuamente rechazados por lo que se llamó “la doctrina Pichetto” en honor al exsenador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri para su reelección fallida.

Pero no hay sustento alguno para tal “doctrina” dado que nada puede estar por encima de lo que la Constitución manda.

La Cámara de Diputados ha sido mucho más expeditiva en sus casos de sanciones o inadmisibilidades. Solo con contar la historia reciente, tenemos el rechazo del diputado electo Luis Patti, el desafuero de Julio De Vido que permitió su detención y el pedido de renuncia al diputado Juan Ameri a horas de haber aparecido en medio de la sesión virtual explorando los senos de su asesora.

Judicialización

No toda ley aprobada por el Congreso y promulgada por Presidencia es inmediatamente vigente, dado que existen vías judiciales que pueden llegar a poner trabas. En ese sentido es que debería preocupar la situación de Alperovich a oposición y oficialismo por un listado largo, pero de los que se puede destacar que podría ser utilizado como uno de los tantos argumentos para judicializar la eventual ley de despenalización del aborto. No solo porque Alperovich sea un voto cantado en contra de la ley, sino porque Tucumán cuenta con un senador menos. Y los derechos y garantías constitucionales no son solo para las personas físicas sino también para los entes que conforman al país, como el derecho de cada provincia a tener tres senadores.

Según fuentes consultadas en el Poder Judicial, podría tratarse de una cuestión judiciable, aunque difieren las interpretaciones. Por un lado, el hecho de que el derecho de la provincia de Tucumán a ser representada es violentado por el senador Alperovich sin que el Senado haya hecho absolutamente nada en el último año, ni el gobierno de Tucumán se haya calentado tampoco por el asunto de no tener completa su representación en el congreso federal. Por el otro lado, claro, se encuentran los antecedentes del Senado y su libre interpretación de los fueros. De hecho, siquiera hay una normativa que explicite si un senador de licencia cuenta o no cuenta con fueros, dado que no fue suspendido en sus funciones por el cuerpo legislativo.

Menem lo hizo

Antes que nada cabe aclarar la diferencia entre la situación de Tucumán y La Rioja. En las últimas semanas el senador Carlos Menem sufrió un grave decaimiento de su salud, lo cual es considerado una razón de fuerza mayor y las mismas no se encuentran contempladas como violatorias de derechos. Por razones lógicas, si un legislador se despierta el día de la sesión imposibilitado de participar de una votación, no hay factibilidad temporal para que el Senado activara su reemplazo ni mucho menos motivos para suspender la sesión. “La extensión en el tiempo de una licencia por motivos personales es la diferencia”, remarca un experimentado académico del Poder Judicial que agrega un problema más al sistema de representación federal: la reforma constitucional de 1994.

Cuando en la convención se modificó el sistema de elección de los senadores, se desnaturalizó el principio de representación. Antiguamente, los senadores eran electos por las legislaturas provinciales en calidad de representantes de la provincia. El hecho de que hoy sean elegidos por el voto popular de manera directa ha diluido buena parte de las diferencias históricas entre senadores y diputados, lo que según el académico consultado se traduce en que “la partidocracia le ha ganado al federalismo”.

Como un efecto espejo, en esta votación los senadores se encuentran atravesados por sus intereses electorales y vuelven a colocar sus votos en función del sentir en sus provincias, con excepciones como el ya detallado caso de la senadora Mirkin o la salteña Nora del Valle Giménez. “El resto del año lo normal son los senadores que votan incluso en contra de los intereses de sus propias provincias pero en sintonía con el partido”, agrega el profesor y el ejemplo más reciente es en la votación por la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en la que el senador porteño Mariano Recalde no solo votó a favor de la posición del oficialismo nacional, sino que hasta dio el discurso de cierre justificando la postura del Frente de Todos.

Final abierto

Puede que se judicialice, puede que Tucumán se queje –y por ende deba intervenir la Corte Suprema de Justicia… nuevamente… en este contexto…– o puede que no pase nada. En el caso de la judicialización, como dice un viejo dicho tribunalicio, la culpa no será del árbitro que cobró penal, sino del que hizo la falta en el área. O sea, que no habría demandante o judicialización si se hubieran hecho bien las cosas.

Lo que sí resulta una triste ironía del destino es cómo “la institucionalidad se venga sola”, como afirma el catedrático a este medio. Se torció tanto la legislación en casos anteriores que ahora, con una votación crucial que divide a buena parte de la sociedad, afloran las cuestiones no resueltas con anterioridad.

 

 

* Para www.infobae.com