Milei promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero suspendió su aplicación por falta de fondos

• Javier Milei promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica mediante decretos 759/2025 y 760/2025.
• Ambas normas quedan suspendidas hasta que el Congreso asigne fondos específicos.
• La Ley de Financiamiento Universitario ajusta los recursos según la inflación y prevé control externo de la AGN.
• La Ley de Emergencia Pediátrica declara en crisis el sistema infantil y prioriza insumos, salarios y atención hospitalaria.
• El Hospital Garrahan fue designado centro de referencia nacional.
• El Ejecutivo invocó la Ley 24.629 para evitar gastos sin financiamiento previsto.

El presidente Javier Milei oficializó la promulgación de las leyes de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y de Emergencia Pediátrica (N.º 27.796), aunque ambas normas quedarán en suspenso hasta que el Congreso asigne los recursos necesarios en el Presupuesto Nacional. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, formaliza la existencia de las leyes aprobadas por el Parlamento, pero posterga su implementación debido al impacto fiscal que implican para las cuentas públicas.

De esta manera, el Gobierno busca equilibrar la obligación legal de promulgar normas aprobadas por ambas cámaras tras el veto presidencial con la decisión política de evitar nuevos gastos sin financiamiento definido. En los fundamentos de los decretos, el Ejecutivo cita el artículo 5 de la Ley 24.629 —sancionada en 1996—, que establece que toda ley que disponga erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento. De lo contrario, aclara la norma, su ejecución “quedará suspendida hasta que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes”.

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el texto tiene como objetivo central “garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública” en todo el territorio nacional. Para ello, dispone una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, un mecanismo que busca evitar el deterioro de los presupuestos frente a la inflación.

La ley también introduce un esquema de control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que deberá supervisar la ejecución presupuestaria de las casas de altos estudios y elevar informes periódicos al Congreso. Asimismo, en su artículo 9, obliga al Poder Ejecutivo a asegurar los créditos necesarios para garantizar la continuidad de las actividades académicas y salariales, ajustando las partidas desde el 1° de enero de 2025, pero sin afectar los fondos coparticipables ni los aportes del Tesoro Nacional.

En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica declara en crisis al sistema de salud infantil por un período de un año y ordena priorizar los recursos destinados a medicamentos, vacunas, equipamiento, insumos hospitalarios y personal médico. También prevé una recomposición salarial inmediata para los trabajadores del sector sanitario y la exención del impuesto a las ganancias para quienes desempeñen funciones en áreas críticas o de emergencia, tanto en el sistema público como en el privado.

El texto reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, y le garantiza el pleno funcionamiento durante el período de emergencia. Además, autoriza al Ministerio de Salud a reasignar partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente y a ampliar los fondos disponibles mediante reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Para el seguimiento de la norma, se creará una comisión integrada por legisladores, autoridades sanitarias, representantes del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá elaborar informes trimestrales sobre los avances y dificultades en la implementación de la ley. “Mientras dure la emergencia, los programas de salud infantil y adolescente tendrán prioridad absoluta”, señala el texto, con especial énfasis en áreas críticas como neonatología, oncología pediátrica y trasplantes.

Si bien la promulgación de ambas leyes supone un reconocimiento formal de su vigencia, el hecho de que su aplicación quede supeditada a una futura decisión presupuestaria genera incertidumbre entre los sectores beneficiados. En el ámbito universitario, rectores y docentes valoraron el gesto institucional, aunque advirtieron que sin recursos asignados, las medidas quedan en el plano declarativo. En tanto, desde el sector sanitario insistieron en la urgencia de la emergencia pediátrica, en un contexto donde la falta de personal, insumos y equipamiento continúa siendo un problema estructural.

El Gobierno, por su parte, sostiene que no puede comprometer fondos sin previsión financiera en un contexto de ajuste fiscal. La pelota, ahora, queda en el campo del Congreso, que deberá definir si incorpora las partidas necesarias en el próximo Presupuesto para que las leyes pasen del papel a la práctica.