Habilitada la feria judicial desde comienzos de agosto, varios abogados previsionales comenzaron a presentar demandas de jubilados en la Justicia en reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, y especialmente por la suspensión de la Ley de Movilidad, en diciembre del año pasado y prorrogada varias veces, y su reemplazo por aumentos por decreto.

Los 4 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, hoy de $18.128, apenas USD 145 al cambio libre, fueron los que menos perdieron este año debido a que en marzo el Gobierno otorgó un aumento de 2,5% más $1.500 y ese mix de porcentaje y suma fija afectó más a los haberes más altos. Los incrementos de junio y de septiembre fueron porcentuales y afectaron a todas las categorías por igual.

La suba de marzo representó un aumento del 13% para los jubilados de la mínima y del 5,5% para los de la máxima -hoy en $121.990-. Por la movilidad, el aumento debió haber sido del 11,8%. En junio, en tanto, la suba por decreto fue del 6,12% en lugar del 10,8%; y en septiembre los pasivos tuvieron un incremento del 7,5%, por debajo del 9,8% que deberían haber tenido por la ley suspendida.

Estas pérdidas se suman a las que vienen ya registrando desde los últimos años, con la aceleración inflacionaria, y que los jubilados esperaban recuperar en un escenario de baja gradual de los precios. Al haberse suspendido la ley, “esa esperanza quedó en el camino”, precisó el abogado Adrián Tróccoli, al agregar que una jubilación media (en torno a $60.000) perdió 30% de su poder adquisitivo desde 2016.

Según afirmó Troccoli, desde que cesó la feria judicial, su estudio presentó 24 reclamos ante Tribunales que había iniciado antes de la cuarentena y unos 350 reclamos administrativos ante la Anses “por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados durante los últimos cuatro años que se agravó por los aumentos por decreto”. Si bien el Gobierno adelantó que está preparando un proyecto de ley con la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones, el abogado sostuvo que, casi con seguridad, “no se corregirá la situación pasada".

Por su parte, la abogada Silvia Arce dijo a Infobae: "desde que se levantó la feria comencé a presentar pedidos de amparos en los juzgados que los aceptan, ya que otros exigen que se inicie como un juicio ordinario. La mayoría de la gente quiere iniciar amparos. Hoy no existe ningún tipo de jurisprudencia que los avale, pero inicié varios. Los jubilados de la mínima perdieron muy poco con respecto a la fórmula de movilidad suspendida, pero en los haberes a partir de $30.000, se nota”, sostuvo la especialista.

La estrategia del abogado Federico Bobrovsky es otra. Ante la consulta de Infobae, el especialista previsional sostuvo: “difícilmente un juez tome una decisión de esta naturaleza en este tiempo, dada la declaración de emergencia por la pandemia. No me da la sensación de que vaya a haber demasiado movimiento en el corto plazo. Eventualmente, hay que ver cuál es la fórmula nueva y luego analizar. Nuestra política es no entorpecer con nuevos planteos cuando todavía quedan temas pendientes. No veo el amparo como una medida idónea en este sentido, y más si va a haber una nueva movilidad que debería ponerle coto al reclamo”, precisó.

Sobre la nueva movilidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó al presentar los lineamientos del Presupuesto 2021, que en las próximas semanas enviarán al Congreso un proyecto de ley para la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones sobre la base del crecimiento compartido. "Y nosotros planteamos que durante el 2021 las jubilaciones van a crecer 30,5% por lo que crecerían en términos reales”, dijo, ya que la inflación prevista alcanza al 29 por ciento.

Bobrovsky reconoció que recibe muchas consultas sobre el tema permanentemente y que habrá presentaciones, pero calificó de dudoso su éxito hoy. No obstante, dijo: “la suspensión de la fórmula generó un perjuicio grande, sobre todo para los jubilados de categorías más altas” y que “si esto no se arregla en breve, va a generar el caldo de cultivo para crear un escenario como el que el del caso Badaro”.

A su vez, el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó a este medio que el lunes realizará, junto a Tróoccoli, el tercer planteo de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por el desfasaje generado con el aumento de septiembre. Se trata de una actualización del amparo colectivo presentado en marzo, luego del primero aumento decretado por el Poder Ejecutivo.

“En marzo presentamos un amparo colectivo. Vinieron 7.000 jubilados y lo hicimos encabezado por una jubilada y una asociación gerontológica. Planteamos la inconstitucionalidad, se radicó en el Juzgado N° 9, pero no se expidió sobre el fondo de la cuestión. El juez planteó que cada jubilado tenía intereses diversos, por lo cual debían hacerse juicios individuales. Apelamos ante la Cámara, pero como no había jueces, fuimos a la Corte por Per Saltum el 18 de marzo, y el 19 se decretó la larga feria judicial”, recordó Semino.

“La demanda fue ampliada en junio y el lunes harán lo mismo con el reajuste de septiembre”, contó el defensor de la Tercera Edad.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Natalia Donato