Radicales cordobeses denuncian exceso de la cuarentena

Los legisladores del bloque Unión Cívica Radical afirmaron que desde el inicio de la cuarentena se registra una “clara evidencia de la desproporción en el avance de los diferentes organismos y fuerzas de seguridad sobre las libertades individuales”. “La provincia de Córdoba no ha estado al margen de estos excesos”, remarcaron.

Para los legisladores radicales, en todo el país, incluida Córdoba, hubo “flagrantes violaciones a los derechos y garantías individuales, tales como apremios, detenciones arbitrarias, torturas, golpizas, discriminación, secuestros, abusos deshonestos y muertes, ocurridos tanto dentro como fuera de establecimientos públicos”.

Respecto de lo sucedido en Córdoba, recordaron que “el 27 de marzo, efectivos provinciales balearon a un joven en el barrio La Brigada de Bell Ville” y que Blas Correa fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto por disparos de bala efectuados por efectivos de la policía provincial al eludir un retén en la avenida Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba”.

 
“Antes, durante y después de esos episodios se registraron centenares de casos de violencia, apremios, discriminación, abuso y otros tipos de limitaciones a los derechos y garantías por parte de las fuerzas de seguridad que operan en el territorio provincial”, agregaron.

Por ello, el bloque que preside el riocuartense Antonio Rins propuso la creación de la Comisión Provincial de Investigación de los Delitos (Copidec) cometidos por el Estado durante la Cuarentena, “como una contribución mayor al esclarecimiento de estos hechos aberrantes, y la mejor herramienta para que nunca más vuelvan a repetirse”.

La iniciativa es una de las más duras que lleva adelante el radicalismo contra la gestión del gobernador Juan Schiaretti. El proyecto lleva la firma de los mestristas Marcelo Cossar y Verónica Garade Panetta, y acompañan Rins, Marisa Carrillo y el alfonsinista Dante Rossi.

La comisión que se propone formar estaría formada por nueve legisladores provinciales, y tendría por tarea investigar casos de violaciones de derechos y garantías constitucionales, y la presunta comisión de delitos por parte de cualquier organismo, institución o fuerza de seguridad en Córdoba.

Los delitos que investigaría serían: “detención arbitraria, desaparición forzada, muerte o lesiones, tortura, uso de la fuerza en el curso de procedimientos preventivos o de investigación, limitaciones al ingreso o a la libre circulación de personas por el territorio provincial y las consecuencias derivadas del hecho, limitaciones a la libertad de expresión, abusos por parte de las fuerzas de seguridad u organismos del Estado, y acciones derivadas de la criminalización de actividades lícitas”.

Los legisladores radicales advirtieron que Argentina es el país con la cuarentena más extensa en todo el mundo, ya que ha superado los seis meses de vigencia, sin que los resultados sean positivos.

En materia sanitaria, hay más de 600 mil contagiados, con bajo nivel de testeos, y más de 12 mil muertos. “En lo económico –subrayaron-, avanzamos sin rumbo ni metas claras, con inmensos sectores productivos a la deriva, con la pérdida de millones puestos de trabajo y el cierre de innumerables empresas y comercios de todas las escalas”.

“Finalmente, la pandemia ha sido utilizada como pretexto para inmovilizar y desplazar la centralidad política de los parlamentos, limitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, y para recortar la independencia del poder judicial”, siguieron.

Los integrantes del bloque de la UCR acusaron que “estos avances contra la institucionalidad se trasladaron también al ejercicio de nuestros derechos y libertades cotidianas más básicas. Llevamos más de cinco meses de restricciones para el encuentro con familiares y seres queridos. El espacio público ha dejado de ser el lugar del encuentro.

Todo tipo de esparcimiento ha sido prohibido o limitado. El derecho a desplazarnos por el territorio es ahora una atribución que puede ser restringida por gobernadores provinciales, o incluso, por intendentes que pensaron que armando barricadas el virus no entraría a sus localidades”.

“En el camino –continuaron-, hemos visto personas que han sido privadas de la posibilidad de despedirse de sus seres más próximos y queridos. Por su parte, los establecimientos educativos de todos los niveles están cerrados, y no hay pistas acerca de la política educativa del gobierno con respecto a los aprendizajes perdidos”.

Por último, remarcaron que la “derivación de este eterno e injustificable estado de excepción permanente es el alarmante crecimiento de hechos de violencia institucional y de violaciones a los derechos humanos más básicos en todo el territorio nacional, enmarcados en el crecimiento de las facultades”.

Fuente: Diario Alfil