El Gobierno avanza con una reforma laboral que busca “salarios dinámicos” y menos juicios

• El Gobierno impulsará una reforma laboral integral tras las elecciones.
• Busca modernizar convenios y crear un sistema de “salarios dinámicos”.
• Apunta a reducir la “industria del juicio”, que cuesta $2 billones al año.
• Los monotributistas crecieron en más de 120 mil desde 2023.
• Los sindicatos temen pérdida de poder y disparidad regional.
• La meta oficial: que el empleo formal vuelva a crecer después de 15 años.

Con las elecciones ya superadas y un nuevo escenario político en marcha, el Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso su proyecto de reforma laboral, una de las piezas clave del programa económico con el que el oficialismo busca dar señales de previsibilidad al mercado y al mismo tiempo reactivar el empleo formal. El diagnóstico en la Casa Rosada es contundente: la Argentina no crea empleo privado registrado desde 2010, y las empresas siguen sustituyendo trabajadores en relación de dependencia por monotributistas.

El tema, que había dominado el último Coloquio de IDEA, vuelve ahora al centro del debate político y sindical. Según los registros oficiales, la cantidad de monotributistas creció en casi 124 mil personas desde noviembre del año pasado, mientras que los autónomos también aumentaron levemente. “El fenómeno refleja tanto la crisis macroeconómica como la legislación obsoleta que rige el mercado laboral”, admiten desde la Secretaría de Trabajo, que conduce los borradores de la iniciativa.

El Ejecutivo pretende que el nuevo marco jurídico sea “claro, simple y predecible”, y que deje de ser un obstáculo para la contratación. En los despachos oficiales sostienen que la rigidez de los convenios, muchos de los cuales datan del primer peronismo, desalienta a los empleadores y genera lo que denominan “una industria del juicio” que le cuesta al sector privado más de $2 billones por año. De acuerdo con la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se superarán las 130.000 nuevas demandas laborales, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 40% de los casos.

Una reforma en tres frentes

El proyecto que prepara el Gobierno tiene tres ejes principales. El primero apunta a impulsar la actualización de convenios colectivos con más de 70 años de vigencia. En la Casa Rosada lo llaman “flexibilización hacia adelante”: se respetarán los derechos adquiridos, pero se abrirá la posibilidad de que cada sector modernice sus reglas de contratación y compensación.

El segundo busca eliminar trabas burocráticas en los registros laborales, habilitando una “contratación express” para pymes y emprendedores. La meta es que la incorporación de personal no requiera la intermediación de abogados o contadores, un reclamo histórico del sector productivo.

El tercer punto es el más sensible: terminar con la industria del juicio. El Ministerio de Economía considera que las normas actuales fomentan litigios costosos y lentos, especialmente en provincias con fueros laborales hiperactivos. “No se trata de quitar derechos, sino de reducir incentivos perversos que encarecen el empleo formal”, afirman cerca del ministro Toto Caputo.

Salarios dinámicos y productividad

El componente más disruptivo de la propuesta es la creación de un sistema de “salarios dinámicos”, que busca vincular los ingresos con la productividad y los resultados de cada empresa o sector. En este esquema, los convenios colectivos dejarían de fijar pisos obligatorios y pasarían a funcionar como referencias o techos, desde los cuales cada unidad productiva podría negociar internamente.

El Gobierno pretende que los aumentos salariales se definan en función de parámetros como la rentabilidad, la rotación de personal o el cumplimiento de objetivos, en lugar de replicar automáticamente la inflación. Así, una empresa con caída transitoria de facturación podría pactar un sendero más gradual, mientras que otra con mejoras sostenidas podría otorgar incrementos adicionales.

“Queremos que los convenios acompañen la realidad y no la nieguen”, explican en el entorno presidencial, convencidos de que la desvinculación de los aumentos salariales respecto de la inflación será clave para consolidar el ancla nominal del plan económico.

Los sindicatos, en guardia

El nuevo esquema genera alarma en el movimiento obrero, que teme una pérdida de poder negociador y un debilitamiento de los pisos de protección salarial. Desde la CGT advierten que la descentralización de las paritarias podría ensanchar la brecha entre regiones y sectores, dejando a las ramas más rezagadas sin cobertura real.

El economista Carlos Melconian sintetizó el malestar empresarial al señalar que “la justicia laboral, como está hoy, no va más”. Según el ex titular del Banco Nación, el temor a los juicios disuade la contratación, especialmente en las pymes, que son las mayores generadoras de empleo. “La gente no toma personal porque sabe que cualquier conflicto termina en la ruina”, sostuvo.

Más allá de los reparos gremiales, el oficialismo considera que no hay margen para demorar una modernización que acompañe los cambios tecnológicos y culturales del mundo del trabajo. La consigna, según repiten en el entorno de Milei, es “blanquear será más provechoso que evadir”.