Diputados se prepara para una sesión clave: la oposición busca limitar los DNU y el Gobierno anticipa un veto

• Diputados se encamina a una sesión clave el 1 u 8 de octubre con la oposición marcando agenda.
• El eje será un proyecto que limita el uso de los DNU y ya cuenta con media sanción del Senado.
• La iniciativa establece que basta el rechazo de una sola Cámara para invalidar un decreto.
• También fija un plazo de 90 días para aprobarlos y prohíbe textos de múltiples materias.
• Los gobernadores impulsan además cambios en combustibles y en los Adelantos del Tesoro.
• La oposición busca condicionar al Ejecutivo y evitar que Milei consolide el gobierno por decreto.

La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una nueva pulseada entre el oficialismo y la oposición. El próximo miércoles 1 de octubre, aunque en las negociaciones recientes aparece también el 8 como fecha alternativa, la oposición intentará imponer un temario que podría derivar en otra derrota para el presidente Javier Milei. En el centro de la escena se ubica un proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado y que modifica de manera sustancial el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

La intención de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y un sector del PRO es avanzar con rapidez, conscientes de que el Gobierno podría responder con un veto presidencial. Los opositores buscan ganar tiempo para insistir con la ley antes del 10 de diciembre, cuando cambie la composición de la Cámara y La Libertad Avanza logre reforzar su peso relativo.

Actualmente, para invalidar un DNU es necesario que ambas Cámaras lo rechacen, lo que en la práctica dificulta esa posibilidad. El nuevo texto establece que basta con que una sola lo haga para que pierda vigencia. “Si Milei logra sostener un tercio de la Cámara de Diputados, podrá seguir gobernando por decreto y convertir al Congreso en algo peor que una escribanía”, advirtió un legislador opositor en diálogo reservado.

La iniciativa introduce además otros cambios significativos: los decretos deberán aprobarse en un plazo máximo de 90 días, con mayoría absoluta en ambas Cámaras, sin excepciones. Si una de ellas se pronuncia en contra, el DNU quedará automáticamente derogado, salvo por los derechos adquiridos durante su vigencia. También se establece que cada decreto deberá circunscribirse a una materia específica, lo que impediría textos de alcance amplio como el 70/23, que dispuso la desburocratización del Estado.

Junto con el debate sobre los DNU, el temario incluye proyectos impulsados por los gobernadores. Entre ellos, la modificación al reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la insistencia en la norma que obliga a que los Adelantos del Tesoro se paguen diariamente y junto con la coparticipación. Este último punto ya fue ratificado por el Senado, lo que suma presión al Ejecutivo. En paralelo, desde el Ministerio del Interior buscan reabrir canales de diálogo con los mandatarios provinciales para evitar que prosperen los reclamos en el Congreso.

Las tensiones legislativas se cruzan con la política internacional y financiera. El acuerdo en negociación con Estados Unidos y las demandas de los organismos de crédito para que la Argentina muestre un frente político más amplio obligan al Gobierno a recomponer relaciones con las provincias. Según reveló Infobae, algunos gobernadores se mostraron receptivos a un eventual diálogo con Milei, aunque recién después de las elecciones.

En el terreno parlamentario, la oposición también baraja la posibilidad de interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reglamentación de la Ley de Discapacidad. Distintos bloques sostienen que el esquema actual la vuelve impracticable. Aunque existen varios proyectos en discusión, todavía no hay consenso sobre cuál sería el texto de base.

Un capítulo aparte se abre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La oposición desconfía de la capacidad del presidente del cuerpo, José Luis Espert, para garantizar el debate del Presupuesto 2026. El año pasado, señalan, el oficialismo maniobró para evitar que la discusión avanzara. Por eso, el objetivo ahora es imponer un cronograma de reuniones y la citación de funcionarios del Poder Ejecutivo, con fecha de inicio y cierre, que impida que el tema vuelva a diluirse.

La sesión que se prepara para principios de octubre promete ser una de las más tensas del año legislativo. Para la oposición, representa la oportunidad de ponerle un límite a la estrategia de gobierno por decreto que Milei ha defendido como herramienta central de gestión. Para el oficialismo, en cambio, el escenario anticipa una nueva confrontación que podría derivar en un veto presidencial y en un frente político aún más complejo de cara al cierre del año.