El campo y el Gobierno vuelven a chocar por las retenciones: entre críticas y defensas

• La medida de retenciones cero generó un cruce público entre el vicepresidente de la SRA, Marcos Pereda, y el titular del ARCA, Juan Pazo.
• Pereda calificó la eliminación temporal de retenciones como “exclusivamente recaudatoria” y reclamó previsibilidad para proyectar inversiones.
• El malestar también se refleja en la interna de la SRA, donde algunos productores no alcanzaron a ingresar al cupo de USD 7.000 millones.
• Pazo defendió la medida como un instrumento para fortalecer reservas y estabilizar la moneda, resaltando beneficios directos para los productores.
• El funcionario comparó las críticas de Pereda con posturas kirchneristas, vinculando la oposición fiscal del agro a planteos de Jorge Taiana.
• La disputa refleja tensiones históricas entre Gobierno y agro, y subraya la necesidad de equilibrio entre política fiscal y previsibilidad económica.

La reciente medida de retenciones cero para granos reavivó la tensión histórica entre el Gobierno de Javier Milei y el sector agropecuario, generando un cruce público entre dirigentes del agro y autoridades del Estado. El debate no solo evidencia la tradicional fricción sobre la política impositiva, sino también internas dentro de la propia Sociedad Rural Argentina (SRA).

Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, calificó la medida como “una iniciativa exclusivamente recaudatoria” y cuestionó su improvisación. En declaraciones a Radio Mitre, Pereda sostuvo que la eliminación temporal de retenciones fue anunciada sin previsibilidad y que el Ejecutivo ya había modificado estos impuestos en cuatro oportunidades desde el inicio del año. “Al principio todos quisieron aplaudir, pero esto no es una política de largo plazo. Lo principal es que necesitamos previsibilidad para proyectar inversiones”, afirmó.

El dirigente ruralista, además, apuntó a la necesidad de un “programa claro y concreto” de reducción de impuestos al agro. Su intervención también estuvo marcada por la interna de la SRA, en la que conviven posturas negociadoras con voces críticas, incluida la del presidente de la entidad, Nicolás Pino. Pereda reflejó así el malestar de los productores que no lograron ingresar al cupo de 7.000 millones de dólares habilitado por la rebaja transitoria de retenciones, evidenciando un descontento creciente en sectores clave del agro.

La respuesta oficial llegó rápido y con dureza desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP. Su titular, Juan Pazo, defendió la medida como “extraordinaria” y orientada a “defender la moneda de todos los argentinos en un momento de incertidumbre”. En un tono crítico hacia Pereda, Pazo sostuvo: “Sería bueno saber si habla como productor, como vice de la Rural o como integrante de una familia que es uno de los principales agroexportadores. Cuesta entender su posición. Parece más cómodo con Massa que con nosotros”.

El funcionario también resaltó que la medida tuvo efectos positivos para el sector: impulsó el precio de la soja y gran parte del beneficio llegó directamente a los productores. “Antes el campo era un enemigo y la solución era cepo y más retenciones. Hoy estamos en un escenario diferente”, afirmó, subrayando el cambio de enfoque del Gobierno frente al agro en comparación con gestiones anteriores.

En un giro más polémico, Pazo comparó las críticas de Pereda con las posturas del kirchnerismo. “Este buen hombre dijo lo mismo que Taiana, llama la atención”, sostuvo, en alusión a Jorge Taiana, primer candidato a diputado de Fuerza Patria, quien se opone también a la reducción de impuestos al agro. Con esta declaración, el funcionario buscó marcar diferencias entre los cuestionamientos internos de la SRA y los planteos políticos que históricamente se habían opuesto a medidas similares.

El intercambio refleja, en definitiva, la complejidad del vínculo entre el Gobierno y los sectores rurales, así como las tensiones internas dentro de la dirigencia agropecuaria. Mientras Pereda insiste en la necesidad de previsibilidad para planificar inversiones, las autoridades del Estado defienden la medida como un instrumento temporal para fortalecer las reservas y estabilizar la economía, especialmente en un año electoral.

Analistas señalan que la controversia no solo tiene un impacto simbólico, sino también económico. La rapidez con la que se completó el cupo de retenciones cero y la reacción del mercado de soja muestran que cualquier medida improvisada puede generar fricciones y expectativas desiguales entre productores, exportadores y el propio Gobierno. Así, la disputa entre Pereda y Pazo expone no solo la dificultad de consensuar políticas de largo plazo, sino también la relevancia política y económica del agro como actor estratégico.

En este marco, la discusión sobre retenciones y política fiscal del campo promete mantenerse en agenda, con un sector rural atento a señales de estabilidad y el Ejecutivo buscando consolidar reservas sin desatar nuevas tensiones. Entre críticas y defensas, la relación entre Gobierno y agro sigue siendo un termómetro de la política económica y social del país.