Senado busca ratificar el rechazo a los vetos presidenciales sobre universidades y salud pediátrica

• El Senado buscará ratificar el rechazo a los vetos presidenciales sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en salud pediátrica.
• En Diputados, la emergencia pediátrica se aprobó con 181 votos a favor; la ley universitaria, con 174 apoyos.
• La emergencia pediátrica contempla recomposición de residencias médicas, actualización de salarios y fondos por $133.433 millones.
• La Ley de Financiamiento Universitario establece fondos para paritarias, becas, funcionamiento y $10.000 millones para carreras estratégicas.
• Los proyectos reflejan la presión de la sociedad civil y actores institucionales para garantizar derechos fundamentales.
• La sesión en el Senado será clave para confirmar la inversión en salud y educación y mostrar el equilibrio de fuerzas políticas.

El Senado se prepara para consolidar la reciente media sanción de la Cámara de Diputados y dar el paso definitivo para revertir los vetos del Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de emergencia en salud pediátrica. La medida refleja la fortaleza de la oposición, que logró construcciones mayoritarias de consenso en ambas cámaras y apunta a garantizar recursos clave para educación superior y hospitales infantiles.

El antecedente más reciente en Diputados mostró la amplitud de la mayoría opositora. La emergencia en salud pediátrica, impulsada por reclamos del Hospital Garrahan, se aprobó con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 apoyos, 62 rechazos y dos abstenciones. En el Senado, la última votación de agosto evidenció también un respaldo contundente: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo universitario, y 60 apoyos frente a 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Los proyectos en cuestión buscan garantizar recursos para sectores estratégicos y atender demandas históricas de los trabajadores y estudiantes. La declaración de emergencia en salud pediátrica, de un año de duración, contempla la recomposición del sistema de residencias médicas y el financiamiento prioritario para bienes de uso y consumo, así como la actualización de salarios del personal hospitalario. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la inversión anualizada requerida alcanzaría los $133.433 millones, reflejando la magnitud de la intervención necesaria para sostener la atención pediátrica de alta complejidad.

En paralelo, la Ley de Financiamiento Universitario, promovida por rectores de todo el país, apunta a reabrir paritarias docentes, paralizadas desde octubre del año pasado, y garantizar fondos para funcionamiento de las casas de estudio, becas y desarrollo científico. Además, establece una caja de $10.000 millones, actualizable anualmente por IPC, destinada a fomentar el ingreso a carreras estratégicas. La OPC calculó que el impacto presupuestario de esta ley para 2025 sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI, un esfuerzo significativo para la inversión educativa.

El debate legislativo evidencia no solo la tensión entre Ejecutivo y Congreso, sino también la presión de la sociedad civil y los actores institucionales. En el caso de la emergencia pediátrica, las demandas de los trabajadores del Garrahan y de otros hospitales de referencia fueron determinantes para movilizar la mayoría necesaria. La oposición argumenta que garantizar recursos estables y salarios adecuados es esencial para mantener la calidad asistencial y prevenir el colapso de los servicios críticos de salud infantil.

En el terreno universitario, la discusión refleja la preocupación por sostener la autonomía académica y la capacidad de las universidades de ofrecer educación y formación de calidad. La parálisis en paritarias y la falta de fondos para becas y desarrollo científico son vistas por la oposición como riesgos para la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sectores estratégicos para la economía y la sociedad.

Con la sesión prevista en el Senado, la expectativa gira en torno a la ratificación de las mayorías logradas en Diputados. La votación será un indicador del equilibrio de fuerzas políticas y del alcance de la participación ciudadana, que se evidenció en la presión ejercida para asegurar la protección de derechos fundamentales en educación y salud. La definición de los senadores marcará, en última instancia, el rumbo de dos de las iniciativas más emblemáticas en la agenda social y educativa de 2025.

En síntesis, el escenario legislativo muestra un Congreso dispuesto a hacer efectivo el control sobre las decisiones del Ejecutivo, respaldando medidas que buscan garantizar inversión en salud y educación, dos áreas críticas para el bienestar social y el desarrollo estratégico del país. La aprobación definitiva de estos proyectos en el Senado no solo implica recursos financieros, sino también un mensaje político claro sobre la defensa de derechos sociales fundamentales.