Diputados emplaza a comisiones para avanzar sobre el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

• La Cámara de Diputados emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud para tratar proyectos vinculados al escándalo de coimas en la ANDIS.
• Entre los funcionarios que podrían ser interpelados se encuentran Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones.
• La medida fue propuesta por Itai Hagman y aprobada pese al rechazo del oficialismo, buscando destrabar expedientes bloqueados en comisión.
• La causa judicial incluye allanamientos, secuestro de bienes y detenciones relacionadas con la familia Kovalivker y Daniel Garbellini.
• Según denuncias, un 3% de operaciones de la agencia habría terminado en la Secretaría General de la Presidencia.
• La sesión del martes 23 será clave para avanzar en investigación, transparencia y control sobre la gestión de la ANDIS.

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes 23 de septiembre, a las 14 horas, con el objetivo de tratar un conjunto de proyectos vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los temas a debatir figura la propuesta de interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del área.

La iniciativa fue presentada en el recinto por el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, y terminó aprobándose a mano alzada pese al rechazo del oficialismo. La comisión de Salud venía trabajando en distintos proyectos, incluyendo pedidos de informes, interpelaciones y propuestas para dejar sin efecto las auditorías que derivaron en la baja de pensiones por discapacidad. Además, figuraba un proyecto del legislador Juan Marino para reestructurar la conducción de la ANDIS.

Sin embargo, todos estos expedientes tenían giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, referente del oficialismo, lo que dificultaba el avance de los dictámenes. En ese contexto, el emplazamiento se convirtió en un paso clave para destrabar la discusión y evitar que los proyectos, que comprometen a figuras centrales del Gobierno, permanecieran cajoneados.

Entre los funcionarios que podrían ser interpelados se encuentran Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, todos con roles relevantes en la gestión de la ANDIS. La moción busca que se pueda avanzar formalmente en la investigación y en el tratamiento de medidas legislativas vinculadas a la agencia.

El escándalo estalló a partir de la divulgación de audios en los que se mencionaba que una diferencia del 3% en operaciones vinculadas a la agencia terminaba en la Secretaría General de la Presidencia. Esto derivó en allanamientos y secuestros de teléfonos celulares y computadoras de figuras clave, como Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de la droguería involucrada.

Emmanuel Kovalivker fue detenido mientras intentaba escapar, y en su domicilio se encontraron 266 mil dólares y aproximadamente siete millones de pesos en sobres. Su hermano Jonathan, presidente de la empresa, logró huir, aunque en su vivienda aparecieron cajas de seguridad vacías. La investigación también alcanzó a Daniel Garbellini, señalado como nexo entre la droguería y la ANDIS por imposición de Eduardo Lule Menem, cuyo celular y otras pertenencias fueron secuestrados por el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa.

Según la versión de Spagnuolo, el propósito de la maniobra era garantizar que el flujo de coimas llegara a la Casa Rosada. La resolución de la Cámara de Diputados permitirá que estos temas se discutan formalmente en comisión, posibilitando el avance de proyectos destinados a desentrañar uno de los escándalos de corrupción más resonantes del actual gobierno.

El emplazamiento aprobado constituye un claro ejemplo de cómo la oposición busca fortalecer los mecanismos de control sobre el Ejecutivo y presionar para que la investigación avance sin trabas políticas. Para los diputados, la intervención de las comisiones es fundamental no solo para garantizar transparencia en la gestión de la ANDIS, sino también para que las responsabilidades de los funcionarios involucrados se discutan a la luz del Parlamento.

El caso pone nuevamente en debate la relación entre la administración de políticas sociales y la supervisión institucional, así como la necesidad de contar con auditorías efectivas y mecanismos de control que impidan irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad. La sesión del martes 23 será, en ese sentido, un hito político y judicial, con un alto nivel de atención tanto de la opinión pública como de los propios legisladores, que deberán decidir los pasos a seguir en torno a uno de los episodios de corrupción más sensibles del actual gobierno.