La Coalición Cívica impulsa aumento histórico del fondo para emergencias agropecuarias

• La Coalición Cívica presentó un proyecto para aumentar el fondo de emergencias agropecuarias de $500 millones a $130.000 millones.
• La iniciativa busca actualizar los recursos del FONEDA, creados en 2009, para mantener su capacidad frente a emergencias climáticas.
• Propone que la declaración de emergencia no dependa del Ejecutivo: si la comisión no responde en cinco días, la emergencia se declara automáticamente.
• Se incluyen beneficios fiscales para productores afectados, como prórroga de impuestos, exenciones de Bienes Personales y descuentos en Ganancias.
• El proyecto refleja una presión legislativa sobre el Gobierno, que busca cerrar el año con un superávit de 1,6% del PBI.
• Los autores destacan que la medida busca transparencia, celeridad administrativa y una respuesta más efectiva ante crisis agropecuarias.

La Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto de ley que propone un aumento sustancial del fondo destinado a emergencias agropecuarias, un movimiento que podría generar un nuevo desafío fiscal para el Gobierno, que busca cerrar el año con un superávit del 1,6% del PBI. La iniciativa fue presentada por los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López, y plantea elevar el monto mínimo del fondo de 500 millones de pesos, establecido en 2009, a 130.000 millones, con actualizaciones periódicas para preservar su capacidad de respuesta frente a situaciones climáticas extremas.

El FONEDA, creado en 2009 mediante la Ley de Emergencia Agropecuaria 26.509, contaba originalmente con 500 millones de pesos, equivalentes hoy a aproximadamente 450.000 dólares. Según los autores del proyecto, la inflación sostenida durante los últimos 15 años hizo que este fondo quedara “absolutamente insuficiente” para atender las contingencias que afectan a la producción primaria.

“El monto mínimo de los recursos presupuestarios se ha ido desactualizando hasta encontrarse hoy en niveles absolutamente insuficientes. Por tal motivo, proponemos su actualización a 130.000 millones de pesos y su ajuste periódico, para mantener la capacidad de respuesta ante emergencias agropecuarias”, explican Borrego y López en los considerandos de la iniciativa.

El proyecto no solo propone un aumento histórico del fondo, sino también modificaciones en la declaración de emergencia o desastre agropecuario, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Según el texto, las provincias podrán solicitar la emergencia a la Comisión Nacional correspondiente, que deberá expedirse en cinco días. Si la comisión no responde, la emergencia se declarará automáticamente. La medida busca acelerar la respuesta frente a situaciones críticas, recordando casos recientes, como la declaración de emergencia en gran parte de la provincia de Buenos Aires en mayo, cuya resolución nacional solo llegó en septiembre.

Además, la norma contempla beneficios fiscales para los productores afectados, incluyendo la prórroga de vencimientos de impuestos, exención total o parcial del Impuesto a los Bienes Personales, descuentos en el Impuesto a las Ganancias para ventas obligadas de hacienda y la suspensión de juicios por parte de la Administración de Recursos de la Producción Agropecuaria (ARCA). Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal y garantizar que los productores puedan sostener su actividad en momentos de crisis climática o económica.

El proyecto se suma a un paquete legislativo que la CC viene impulsando y que ya incluye iniciativas en discapacidad, reparto de ATN y modificaciones en el impuesto a los combustibles. De concretarse, la aprobación del aumento del fondo para emergencias agropecuarias representaría un desafío adicional para la administración nacional, en momentos en que busca cumplir con metas fiscales y mantener la estabilidad económica.

Desde la bancada de Borrego y López, se argumenta que el proyecto no solo responde a una necesidad económica, sino que también introduce mayor transparencia y celeridad administrativa en la gestión de emergencias. Al desvincular la declaración de emergencia de la discrecionalidad del Ejecutivo, los legisladores buscan garantizar una respuesta más ágil y eficaz ante fenómenos climáticos extremos, que impactan directamente en la producción de alimentos y la economía regional.

En términos políticos, la iniciativa representa una estrategia de presión sobre el Gobierno, al tiempo que consolida la postura de la Coalición Cívica como una fuerza que combina reivindicaciones sectoriales con propuestas de control institucional. Si logra el respaldo necesario en el Congreso, el proyecto podría convertirse en uno de los mayores incrementos presupuestarios para el sector agropecuario en la historia reciente, modificando de manera significativa la forma en que el Estado nacional responde a las emergencias del campo.

Con esta propuesta, la Coalición Cívica no solo busca actualizar un fondo que llevaba más de una década sin ajustes, sino también establecer un mecanismo más equitativo y efectivo para asistir a los productores en momentos críticos, un tema que vuelve a colocar la emergencia agropecuaria en el centro del debate legislativo y fiscal del país.