Milei veta por segunda vez el financiamiento universitario y la oposición evalúa rechazarlo en el Congreso

• El Gobierno envió al Congreso el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que había sido aprobada con 158 votos pero sin alcanzar los dos tercios.
• La norma preveía actualización automática por inflación, mejoras salariales y aumento de becas para el sistema universitario.
• La Casa Rosada argumenta que el proyecto compromete el superávit fiscal y no especifica claramente las fuentes de financiamiento.
• El costo estimado para 2025 superaría un billón de pesos y, según el Ejecutivo, podría derivar en mayor inflación.
• La oposición analiza una sesión especial para intentar revertir el veto, aprovechando la debilidad del Gobierno tras la derrota en Buenos Aires.
• Otros vetos pendientes —como emergencia en pediatría, ATN, Bahía Blanca y moratoria previsional— tensan aún más la agenda legislativa.

El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, reavivando la tensión política en medio de un clima de fragilidad para el Gobierno. La oposición analiza la posibilidad de convocar una sesión especial el próximo miércoles para intentar revertir la decisión, aunque necesitará una mayoría de dos tercios en Diputados, un umbral difícil de alcanzar.

La iniciativa vetada había sido aprobada a principios de agosto con 158 votos afirmativos, cifra que mostró un amplio respaldo pero insuficiente para blindar el proyecto frente a un veto presidencial. El texto original, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, ordenaba convocar a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, y preveía incrementos en becas estudiantiles.

La Casa Rosada, que rechazó la propuesta desde su gestación, argumenta que la norma comprometería el superávit fiscal, eje central del plan económico de Javier Milei. Según el mensaje publicado en el Boletín Oficial, el veto se basa en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar claramente las fuentes de financiamiento para cualquier gasto no previsto en el presupuesto. El Gobierno sostiene que las alternativas propuestas —mayores ingresos recaudados o reasignación de partidas— son “genéricas” y no garantizan la suficiencia de recursos.

El Ejecutivo también advirtió que aplicar la ley implicaría un aumento del gasto público superior a un billón de pesos en 2025, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las cuentas fiscales y la sostenibilidad macroeconómica. “Un gasto sin respaldo real solo puede financiarse con emisión monetaria”, señala el documento, agregando que esto agravaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables.

Este es el segundo veto de Milei a una ley de financiamiento universitario. El año pasado, el mandatario logró blindar su decisión reuniendo un tercio de los votos necesarios en Diputados, con el apoyo de algunos gobernadores y de un sector del radicalismo, apodado irónicamente “con peluca”, que hoy integra un interbloque aliado al oficialismo.

La oposición, por su parte, debate cómo capitalizar el momento político. Los bloques más duros consideran que llevar el tema al recinto rápidamente podría aprovechar el desgaste del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las tensiones crecientes con los gobernadores. Una reunión clave entre secretarios parlamentarios opositores está prevista para este jueves, donde definirán si incluir el veto al financiamiento universitario en el temario de la sesión especial.

En paralelo, otros vetos del Ejecutivo también suman presión al Congreso. Durante la misma sesión en la que se aprobó el financiamiento universitario, se sancionaron la declaración de emergencia en pediatría —por la crisis del Hospital Garrahan— y el reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, ambos vetados por la Casa Rosada pero aún no remitidos al Parlamento. El plazo para formalizarlos vence este jueves. También están pendientes los vetos a la declaración de emergencia por Bahía Blanca y a la moratoria previsional, lo que augura un calendario legislativo cargado y potencialmente conflictivo.

El desenlace de esta pulseada parlamentaria marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y definirá si la oposición logra articular una mayoría amplia para revertir el veto o si Milei vuelve a imponer su estrategia fiscal. En cualquier caso, el financiamiento universitario vuelve a ubicarse en el centro de la agenda política y social del país.