Mañana vence el plazo para que Milei vete o promulgue la Ley de Financiamiento Universitario

• Javier Milei tiene plazo hasta mañana, Día del Maestro, para vetar o promulgar la Ley de Financiamiento Universitario.
• La norma actualiza mensualmente por inflación los fondos para salarios y funcionamiento de las universidades y prevé partidas para becas e infraestructura.
• Tras el revés electoral en Buenos Aires, Milei reafirmó que no modificará su programa económico ni político.
• La UBA difundió un video inédito con todos sus decanos, rector y vicerrector, pidiendo que el Presidente no vete la ley.
• En 2024, una norma similar fue vetada, lo que redujo el poder adquisitivo del sector y llevó a declarar la emergencia salarial.
• La decisión de Milei marcará un punto clave en la relación entre el gobierno y las universidades públicas en medio del ajuste fiscal.

El presidente Javier Milei tiene plazo hasta mañana, Día del Maestro, para vetar o promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo. El texto, sancionado por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, establece la actualización mensual por inflación de los fondos destinados a salarios y funcionamiento de las universidades nacionales, además de contemplar partidas para infraestructura, becas y carreras estratégicas.

La definición llega en un contexto sensible: tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei reafirmó públicamente que no habrá cambios en el rumbo económico. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, advirtió el domingo pasado, subrayando el equilibrio fiscal, un mercado monetario ajustado y el mantenimiento de las bandas cambiarias pactadas con el FMI. En la Casa Rosada insisten en que no están previstas modificaciones de fondo, ni en materia económica ni política, pese a las presiones crecientes de distintos sectores.

Entre las voces que reclaman la promulgación figura la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en los últimos días difundió un video solicitando al mandatario que no vete la ley. En un mensaje conjunto de un minuto, los decanos de las 13 facultades, junto al rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, advirtieron sobre el riesgo para la continuidad académica y las condiciones laborales del personal universitario. “Queremos seguir enseñando y aprendiendo con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando”, expresaron.

El video, que circula en redes sociales y canales oficiales de la UBA, reúne un consenso inédito en la institución. Las autoridades recordaron que en 2024 una iniciativa similar fue vetada por la Presidencia, lo que derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector. En marzo, la universidad declaró la emergencia salarial, advirtiendo sobre el impacto de la inflación en el funcionamiento de sus facultades y en los derechos de estudiantes, docentes y no docentes.

La Ley de Financiamiento Universitario proyecta un crecimiento gradual de los recursos estatales: del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031. Además, incluye la convocatoria a negociaciones paritarias para ajustar los sueldos en función de la inflación. Según los promotores de la norma, se trata de una herramienta indispensable para planificar la vida institucional y preservar la calidad académica en un escenario económico adverso.

El reclamo de la UBA busca presentarse como un gesto apartidario. “No se trata de ideologías ni de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”, señalaron en su comunicado. La postura coincide con la preocupación de analistas y sectores educativos que advierten que el ajuste fiscal aplicado por el gobierno ya afectó áreas sensibles como salud, jubilaciones y discapacidad.

Mientras Milei analiza su decisión, en el Ejecutivo no descartan un veto parcial o la promulgación con observaciones, aunque hasta anoche las fuentes oficiales insistían en que no habría cambios en el programa económico. La definición presidencial, prevista para mañana, marcará un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y las universidades públicas, y pondrá a prueba el compromiso oficial con el equilibrio fiscal frente a la presión social y académica.