
El resultado en Buenos Aires marcará el ritmo del debate sobre los DNU en Diputados
POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior

- El Senado dio media sanción a la reforma del régimen de DNU con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
- El proyecto obliga a que los DNU sean ratificados en 90 días por ambas cámaras y con mayoría absoluta, y permite que el rechazo de una sola cámara los anule.
- También establece que cada decreto trate un único tema, lo que afectaría directamente al DNU 70/23 de desregulación estatal.
- En Diputados, el PRO enfrenta tensiones internas: sectores responden a la línea histórica del partido de limitar los DNU, mientras otros buscan proteger al gobierno de Milei.
- Algunos legisladores evalúan introducir modificaciones para demorar el trámite y reabrir el debate en el Senado, ganando tiempo hasta después de las elecciones.
- El resultado en la provincia de Buenos Aires será determinante para definir si Diputados acelera o retrasa el debate de la reforma.
El avance de un proyecto que busca modificar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) reconfigura la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina. Con media sanción del Senado y la expectativa puesta en la Cámara de Diputados, la iniciativa amenaza con alterar de manera profunda las reglas del juego en torno a una herramienta clave de los gobiernos para sortear bloqueos parlamentarios.
El Senado aprobó la propuesta con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. El texto establece que todo DNU deberá ser ratificado en un plazo de 90 días corridos por ambas cámaras del Congreso y exige mayoría absoluta para su validación. Hoy, el esquema funciona a la inversa: un decreto se mantiene vigente mientras ninguna de las cámaras lo rechace expresamente. La novedad más significativa es que, bajo el nuevo sistema, el rechazo de una sola cámara bastará para anularlo, aunque se preservarán los derechos adquiridos durante el breve período en que haya tenido vigencia.
El proyecto también introduce una cláusula para limitar la amplitud temática de los DNU: cada decreto deberá abordar un único asunto, lo que busca impedir los textos “ómnibus” que combinan materias diversas. Esta modificación impacta directamente sobre el polémico DNU 70/23, con el que la Casa Rosada impulsó la desregulación del Estado. Si la ley avanza, el decreto estrella del oficialismo quedará en la cuerda floja.
En el Senado, los respaldos y rechazos delinearon un mapa de alianzas que anticipa lo que podría suceder en Diputados. Solo los siete senadores de La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO, cercana a Patricia Bullrich) votaron en contra. Las abstenciones fueron de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Entre los ausentes se contaron figuras del radicalismo como Carolina Losada, Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmermann, además de Luis Juez (PRO) y Alfredo Rodas (Unión por la Patria, por razones de salud).
El PRO jugó un rol clave en el resultado. En la previa, su presidente Mauricio Macri se reunió con Alfredo de Angeli y Enrique Goerling Lara, donde bajó una línea clara: apoyar la reforma. “Como votó Alfredo es como pidió Macri”, confió una fuente parlamentaria. La instrucción se tradujo en un respaldo mayoritario del bloque amarillo, aunque en Diputados el panorama se complica: allí conviven sectores que reclaman sostener la histórica postura del partido a favor de limitar los DNU con otros más cercanos al oficialismo libertario, que priorizan blindar al Presidente en medio de su fragilidad legislativa.
Un diputado del PRO, en tono autocrítico, graficó la situación: “Hay que fingir demencia y seguir para adelante. Con estas mayorías, donde el Congreso le declaró la guerra total al Presidente, no hay otra forma que mantenerlo como sea”. Esa tensión interna anticipa que la Cámara Baja será escenario de maniobras dilatorias y posibles modificaciones al proyecto.
Algunos legisladores consideran la posibilidad de introducir cambios con el argumento de perfeccionar la norma. Esa jugada, explican, obligaría a que el texto regrese al Senado, ganando tiempo hasta diciembre, cuando podría reconfigurarse el mapa político tras las elecciones. “Si metés modificaciones retrasás todo y abrís un margen de negociación”, sostuvo una fuente opositora.
En paralelo, desde los bloques del centro se busca articular una coordinación entre secretarios parlamentarios para agilizar el trámite. Un diputado con interlocución transversal lo resumió así: “El peronismo no puede avanzar solo, pero si nos ponemos de acuerdo, esto puede salir rápido. Todos tenemos proyectos en esa línea”.
La Casa Rosada ya anticipa que, en caso de sanción definitiva, el Ejecutivo podría recurrir al veto. Esa decisión, de concretarse, pondría fin a la ley de 2006 impulsada por Cristina Fernández de Kirchner como senadora, una ironía política que hoy enfrenta a sus propios impulsores con la necesidad de reformar lo que alguna vez defendieron.
El desenlace en Diputados no depende únicamente de las cuentas parlamentarias. El resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra la mayor densidad electoral, podría acelerar o frenar la iniciativa. Mientras tanto, la disputa sobre los DNU expone la fragilidad del equilibrio institucional y abre un interrogante central: ¿hasta qué punto el Congreso está dispuesto a recortar los márgenes de acción del Ejecutivo en medio de una crisis política y económica?





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