El Gobierno congela la baja de pensiones por discapacidad hasta que avance la auditoría en la ANDIS

• El Gobierno pausó la auditoría de pensiones por discapacidad tras el escándalo de corrupción en la ANDIS.
• Diego Spagnuolo, ex director del organismo, quedó bajo la lupa por audios que revelan sobreprecios en medicamentos.
• Se habían dado de baja 128.667 pensiones irregulares, ahora revisadas nuevamente.
• La intervención permitió acceder por primera vez a los números internos del ente.
• El Senado reinstauró la emergencia en discapacidad hasta 2026, pese al veto presidencial.
• Milei planea judicializar la medida, que considera un golpe al equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional decidió suspender momentáneamente la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que estaba en curso, en medio de la crisis desatada por la filtración de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos. La determinación fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien reporta semanalmente a la Casa Rosada y mantiene una comunicación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, encargado de supervisar el reordenamiento del organismo intervenido.

Hasta antes del escándalo, la ANDIS había dado de baja a 128.667 beneficiarios de pensiones, detectados como irregulares durante la gestión de Spagnuolo. Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, unas 110.522 correspondían a casos mal otorgados por documentación repetida o falsificada; otras 8.107 a personas fallecidas; y 10.038 a ciudadanos que habían renunciado a la ayuda. El plan oficial contemplaba revisar más de un millón de expedientes. Sin embargo, tras la difusión de los audios comprometedores, no solo se frenó el proceso, sino que se decidió revisar nuevamente las bajas ya ejecutadas.

La investigación interna avanza en tres frentes: las pensiones, las compras de medicamentos y la estructura administrativa de la agencia. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad. En función de eso se tomarán medidas”, señaló una fuente cercana a Lugones. Mientras dure el proceso, no habrá nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que hoy cobran pensiones por invalidez laboral.

No obstante, el Gobierno intentó matizar la suspensión: “Técnicamente el procedimiento de baja o altas no se pausó, la ANDIS sigue trabajando, pero cualquier definición se tomará con los resultados de la auditoría”, aclararon desde la Casa Rosada luego de publicada la noticia.

La intervención de la agencia permitió al Ejecutivo acceder por primera vez a los números internos. Hasta entonces, por tratarse de un organismo descentralizado, la ANDIS administraba su propio presupuesto y ejecutaba compras y contrataciones sin pasar por el Ministerio de Salud. Lugones evaluó en su momento la posibilidad de transformar la entidad en un área dependiente de la cartera sanitaria para transparentar procesos, pero esa alternativa quedó descartada por ahora: el Gobierno perdió las facultades delegadas de la Ley Bases y cualquier reforma administrativa de fondo debería ser tratada en el Congreso.

El capítulo político se reavivó este jueves en el Senado, cuando la oposición logró desactivar un veto presidencial y reinstaurar —por primera vez en dos décadas— una ley aprobada pese al rechazo del Ejecutivo. Se trata de la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026, prorrogable por un año más. El texto reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y fija compensaciones económicas. Con 63 votos a favor y apenas siete en contra, el oficialismo sufrió una derrota contundente: el kirchnerismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales se unieron contra la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei anticipó que judicializará la cuestión, al considerar que la norma impacta negativamente en el equilibrio fiscal y compromete el plan de ajuste. El oficialismo ve la avanzada parlamentaria como un intento de condicionar la política económica, mientras la oposición sostiene que se trata de garantizar derechos básicos a un sector particularmente vulnerable.

En este escenario, la ANDIS se convirtió en un campo de disputa entre la necesidad de transparentar y ordenar un sistema plagado de irregularidades, y las tensiones políticas que despierta cualquier medida vinculada a la discapacidad. Con la auditoría congelada, el futuro de las pensiones queda atado al resultado de una investigación interna que promete revelar aún más irregularidades, mientras el Congreso y el Ejecutivo se encaminan hacia un nuevo choque institucional.