Gobernadores reclaman al Gobierno y crecen tensiones en provincias ante la crisis de La Libertad Avanza

• La crisis interna de La Libertad Avanza, sumada al ajuste económico y al recorte de transferencias, desató el enojo de varios gobernadores.
• Gustavo Sáenz (Salta) rompió con la Casa Rosada, se reunió con diputados del bloque Coherencia y anunció un amparo por las pensiones suspendidas.
• Martín Llaryora (Córdoba) confrontó con Guillermo Francos en el coloquio industrial y acusó a la Nación de recortar fondos esenciales.
• En Misiones, la dirigente libertaria Micaela Gacek abandonó a Milei y se sumó al Frente Renovador de Hugo Passalacqua.
• Passalacqua, al igual que Sáenz, instruyó presentar un amparo contra la Nación y la ANDIS por la suspensión de pensiones.
• El oficialismo enfrenta fuga de aliados provinciales y una creciente judicialización de los reclamos sociales en la antesala electoral.

La crisis política y económica que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) comienza a repercutir con fuerza en las provincias, donde gobernadores y dirigentes locales comienzan a marcar distancia del Ejecutivo nacional. El escándalo de los audios que comprometen a la Casa Rosada, sumado a los números de una economía que no logra recuperarse y la caída de las transferencias no automáticas del Estado, han generado un creciente malestar entre los mandatarios provinciales.

En los últimos días, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, profundizó su toma de distancia con la Casa Rosada. Tras un año y medio de acompañamiento al Gobierno, denunció que las promesas de financiamiento nacional nunca se cumplieron y se reunió con los diputados nacionales que rompieron con el bloque libertario, agrupados bajo la bancada Coherencia. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, no es unilateral”, señaló Sáenz en un mensaje difundido en X, donde aludió al denominado “triángulo de hierro” conformado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.

En paralelo, el Ejecutivo salteño instruyó al Fiscal de Estado provincial, Juan Pérez Alsina, para presentar una acción de amparo destinada a restablecer el pago de pensiones no contributivas y otros beneficios “suspendidos de manera ilegítima” por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “La Nación anuló muchas pensiones que sí correspondían”, advirtió Pérez Alsina, quien confirmó que la presentación judicial se concretaría en las próximas 48 horas.

El desencanto de los gobernadores también se manifestó durante el 17° coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Allí, el gobernador Martín Llaryora cuestionó públicamente al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, por la falta de asistencia financiera y por minimizar el impacto del ajuste sobre las provincias. Llaryora expuso ante industriales que el recorte nacional se sintió más en los gobiernos provinciales, afectando subsidios al transporte, educación y medicamentos. A su vez, desde la Casa de Gobierno cordobesa se operó para reducir el alcance de un encuentro de Francos con intendentes de la UCR y el PRO, que finalmente reunió a menos de 50 participantes, lejos del centenar previsto.

En Misiones, la crisis de LLA se reflejó en la fuga de su referente local, Micaela Gacek, quien abandonó las filas libertarias para incorporarse al Frente Renovador del gobernador Hugo Passalacqua. Gacek, que hasta hace unas semanas se definía como la voz de Javier Milei en la provincia y convocaba reuniones políticas en su nombre, justificó su decisión señalando que “no somos tan diferentes” en objetivos con la gestión provincial y que buscaba aportar su visión desde un espacio local consolidado. Passalacqua replicó la medida adoptada en Salta y anunció que el fiscal de Estado misionero presentará una acción de amparo contra el Estado Nacional y la ANDIS para garantizar la continuidad de las pensiones por invalidez suspendidas desde marzo de 2025.

La combinación de escándalos internos, caída del financiamiento federal y descontento provincial muestra que La Libertad Avanza enfrenta un desafío creciente para sostener su gobernabilidad y sus alianzas territoriales. La pérdida de referentes y la judicialización de los conflictos sociales ponen al Gobierno frente a un escenario complejo en vísperas de las elecciones legislativas nacionales de octubre, donde la tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales podría redefinir el mapa político y financiero de varias provincias.

Mientras tanto, las provincias que cuestionan la gestión nacional buscan garantizar los recursos para programas sociales y la ejecución de obras esenciales, dejando en evidencia la fragilidad del modelo centralista de LLA y la presión que el Ejecutivo enfrenta para mantener tanto la gobernabilidad como la credibilidad política en un contexto de creciente conflictividad territorial.