El Senado aprobó la ley que blinda el financiamiento universitario y el Gobierno prepara un nuevo veto

• El Senado aprobó con 58 votos a favor la ley que blinda y actualiza automáticamente el presupuesto de las universidades públicas.
• El proyecto contempla ajustes según la inflación, aumentos bimestrales en 2024 y paritarias obligatorias cada tres meses.
• También garantiza recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, en línea con el IPC.
• La oposición celebró la medida y denunció el recorte en educación, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de priorizar otros niveles del sistema.
• El jefe libertario Ezequiel Atauche cuestionó a las universidades y las acusó de ser “centros de disputa ideológica” con alta concentración de recursos.
• El Gobierno ya anticipó que Javier Milei vetará la ley, aunque la oposición podría insistir con los dos tercios necesarios en ambas Cámaras.

Con una mayoría abrumadora, la oposición en el Senado le asestó este jueves una nueva derrota al oficialismo libertario al aprobar la ley que garantiza y actualiza los presupuestos de las universidades públicas. La iniciativa, que ya había sido habilitada sin dificultades con el voto de dos tercios de los presentes, se sancionó con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, y ahora enfrenta un futuro inmediato de tensión: desde la Casa Rosada anticiparon que el presidente Javier Milei avanzará con un nuevo veto.

La norma aprobada establece una actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir del 1º de enero de 2025, ajustada según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, fija incrementos bimestrales para lo que resta de 2024 y garantiza la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al registrado por la inflación. Cada mejora, según el texto, deberá ser remunerativa y bonificable.

El proyecto también obliga al Ejecutivo a convocar paritarias obligatorias cada tres meses como máximo, con la exigencia de que cada tramo incluya un aumento mensual no menor a la inflación publicada por el INDEC. En definitiva, se trata de un esquema que busca blindar el presupuesto universitario frente a la escalada inflacionaria, un reclamo sostenido de rectores, docentes y estudiantes en los últimos meses.

Debate encendido

En el recinto, las intervenciones reflejaron la intensidad de la discusión. El peronista Fernando Salino fue uno de los primeros en tomar la palabra y alertó sobre el retroceso en la inversión educativa: “En los primeros cinco meses de 2025 se transfirió un 22,5% menos que en el mismo período de 2023. Hace dos años, lo destinado del PBI fue 0,72%, hoy se estima en apenas 0,43%”, señaló. Según sus cálculos, el costo fiscal de la ley representará un 0,12% del producto.

Desde la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad planteó que el problema no es la falta de recursos sino la ausencia de un marco legal que los ordene: “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula. Estamos a días de que el Ejecutivo deba enviar la ley de gastos 2026 y seguimos con estas discusiones. No venimos a votar contra un presidente, esto no es un partido de fútbol”, advirtió.

En la misma línea, el santacruceño José María Carambia, de extracción independiente, respaldó la iniciativa y pidió superar la lógica de confrontación. “Estamos permanentemente retrocediendo en vez de avanzar”, lamentó.

Por su parte, el radical Flavio Fama, exrector universitario, cuestionó la estigmatización hacia las casas de estudio: “Se habló de universidades como si fueran una bolsa de gatos. ¿Dónde están las auditorías que probarían esos supuestos desmanejos? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública?”.

La defensa libertaria

El cierre de los discursos estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, quien buscó correr el eje hacia los niveles educativos iniciales. “Uno de cada diez chicos no sabe leer; uno de cada dos no comprende un texto. Es el resultado de muchísimos años de malos manejos”, argumentó. Y apuntó contra las universidades: “Durante décadas se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica. El 4% de los egresados se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios”.

Escenario de conflicto

El panorama legislativo abre ahora un nuevo capítulo de tensión. Desde la Casa Rosada ya dejaron trascender que Milei vetará la ley, en línea con su postura de recorte del gasto público y cuestionamiento al sistema universitario. La oposición, sin embargo, podría insistir con la norma: para ello necesitará nuevamente los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, un número que en el Senado ya demostró estar al alcance.

El resultado en la Cámara alta refleja una fotografía incómoda para el Gobierno, que en menos de un año acumula múltiples derrotas parlamentarias. A la vez, marca un triunfo político para el arco opositor, que logró alinear desde el peronismo hasta sectores de la UCR y fuerzas provinciales en defensa de la educación pública.

En ese tablero, la pulseada por el financiamiento universitario se consolida como uno de los capítulos más sensibles de la disputa entre Milei y el Congreso, con un componente adicional: la presión de la comunidad académica y estudiantil, que ya protagonizó masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública.

Con la ley sancionada y el veto presidencial en puerta, el conflicto promete escalar en las próximas semanas y convertirse en un nuevo test de fuerzas en el Parlamento.