


La diputada nacional Natalia De la Sota se expresó a través de sus redes sociales luego de la sesión en la que se rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, en ese sentido, reflexionó sobre el veto al aumento de jubilados.
La candidata a diputada a expresó: “El Veto de Milei al aumento de jubilaciones y pensiones ha quedado firme. Muchos diputados se negaron a decirle ‘basta’ a estas políticas deshumanizantes. Ellos prefirieron quedar bien con el Gobierno
nacional antes de defender a nuestros jubilados y pensionados".
Tras lo dicho, manifestó su repudio al argumento libertario de que las medidas pondrían en riesgo el equilibrio fiscal. " Las medidas no ponían en riesgo ni el equilibrio fiscal ni la economía argentina. El ajuste brutal que iba a caer sobre la casta terminó cayendo sobre los jubilados, los trabajadores, las universidades, las personas con discapacidad", mantuvo.
"Nosotros no vamos a detenernos. Vamos a seguir luchando contra estas políticas que perjudican a Córdoba y a los cordobeses. Defendamos Córdoba”, concluyó la candidata.
La sesión en diputados y los datos de la OPC
Tras una sesión caliente en la que la oposición aún tenía la esperanza de revertír el veto, Finalmente, y tras largas horas de debate, solo se consiguió juntar 160 votos, pero no logró llegar a los dos tercios (166 votos) necesarios para anular el veto presidencial.
La ley prevía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.
Tras la sesión en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos advirtió sobre su inviabilidad: "El Estado pasó a tener el doble de jubilados por este sistema de moratorias que los que de jubilados que habían hecho aportes. Entonces, ¿quién puede explicar cómo resiste un sistema de jubilaciones que no tiene absolutamente ninguna chance de financiamiento? Hoy la Argentina tiene un trabajador y medio activo por jubilado. Insostenible".
De acuerdo con el informe realizado por Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) durante el mes de junio, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y ascendería a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)
Además, la misma preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
Sin la nueva norma los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%. Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.
CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.






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