YPF: la Corte de Apelaciones de Nueva York define si Argentina debe entregar el 51% de sus acciones

• El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones estatales de YPF o si podrá seguir apelando con otra garantía.
• La decisión responde a un pedido para suspender la orden de entrega (turnover) dictada por la jueza Loretta Preska, que condenó a pagar USD 16.000 millones (hoy 18.000 millones) por la expropiación de YPF en 2012.
• El fondo Burford Capital, que compró el litigio, busca probar que Estado e YPF son un mismo ente y reclama la transferencia inmediata de las acciones.
• Hay tres opciones: rechazo de la suspensión, concesión con otra garantía o concesión total hasta septiembre.
• Un fallo adverso podría derivar en sanciones económicas y políticas, e incluso restricciones de ingreso a EE.UU. para funcionarios argentinos.
• Un fallo favorable daría a Argentina unos meses de margen, hasta que la Cámara decida en septiembre sobre la legalidad de la entrega.
• El caso simboliza la tensión entre soberanía nacional y compromisos internacionales.

En las próximas horas, el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York dará a conocer una decisión clave que podría marcar un antes y un después en el largo conflicto judicial por la expropiación de YPF. El tribunal deberá resolver si Argentina está obligada a transferir el 51% de las acciones de la petrolera que controla el Estado o si podrá continuar con el proceso de apelación sin desprenderse de ese paquete accionario, ofreciendo en su lugar una garantía distinta.

La resolución, que se espera entre hoy y mañana, responde a un pedido del Gobierno argentino para posponer la transferencia —conocida en la jerga legal como turnover— ordenada por la jueza Loretta Preska en primera instancia. El fallo de Preska, emitido en septiembre del año pasado, condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La cifra, con intereses acumulados, ya trepa a 18.000 millones de dólares, una carga monumental para un país con reservas internacionales debilitadas y una economía en recesión.

El caso, iniciado por el fondo de inversión Burford Capital —que compró los derechos de litigio a los accionistas originales—, se ha convertido en una de las disputas legales más costosas y delicadas para la Argentina en tribunales internacionales. Burford busca demostrar que el Estado y YPF son, en los hechos, un mismo ente (alter ego), lo que abriría la puerta a embargar activos estatales más allá de la petrolera. En esa línea, el fondo ha pedido acceso a comunicaciones y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, y reclama la transferencia inmediata del 51% de las acciones estatales.

Preska ya falló a favor de esa entrega, pero Argentina solicitó un stay —la suspensión temporal— hasta que se resuelva la apelación, prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas. El stay que se discute ahora podría concederse de tres formas: rechazando la suspensión y confirmando la orden de entrega; otorgándola, pero exigiendo otra garantía en lugar de las acciones; o concediéndola plenamente, lo que permitiría a Argentina conservar el paquete accionario al menos hasta septiembre.

Si el tribunal rechaza la suspensión o la condiciona con garantías diferentes, el Gobierno ya anticipó que acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, una vía inusual para este tipo de casos administrativos. Sin embargo, la experiencia indica que el máximo tribunal suele desentenderse de este tipo de apelaciones, lo que haría que la decisión de la Cámara quede firme.

El escenario de un fallo adverso plantea riesgos considerables. El desacato a una orden judicial en EE.UU. podría acarrear sanciones económicas y políticas. Según fuentes allegadas al caso, Burford podría solicitar que se bloquee el acceso de funcionarios argentinos a territorio estadounidense o incluso la revocación de visas a ciudadanos del país, medidas que, en última instancia, deberían ser firmadas por Preska. Además, la situación podría dañar gravemente la reputación crediticia de Argentina y su capacidad de atraer inversiones en un momento en que el gobierno de Javier Milei busca capital extranjero para impulsar la economía.

Por el contrario, si el fallo es favorable y se concede la suspensión, Argentina ganaría un respiro de unos meses hasta que la Cámara decida sobre la legalidad definitiva de la orden de entrega. Esa resolución llegaría recién en septiembre, prolongando un conflicto que lleva más de una década y que sigue teniendo un fuerte impacto en la relación entre el país y el sistema judicial estadounidense.

En cualquiera de los escenarios, la disputa por YPF se mantiene como un símbolo de las tensiones que genera la interacción entre soberanía nacional y compromisos internacionales. El desenlace de esta semana no será el capítulo final, pero sí un punto de inflexión que definirá el margen de maniobra que tendrá el Gobierno en los próximos meses para evitar que uno de sus activos estratégicos cambie de manos en tribunales extranjeros.