El peso de la deuda provincial: un mapa federal en rojo

• Las provincias argentinas enfrentan alta presión financiera por endeudamiento creciente y menores ingresos coparticipables.
• La deuda total provincial (incluyendo CABA) asciende a u$s 23.000 millones, según Libertad y Progreso.
• Buenos Aires lidera con $20 billones proyectados en 2025; financia subsidios e infraestructura con bonos y organismos internacionales.
• Salta acumuló $484.500 millones; tomó nueva deuda para cubrir servicios abandonados por Nación.
• Chaco debe $313.000 millones y arrastra un default en 2020; parte del financiamiento reciente se destinó a pagar deuda vieja.
• Córdoba volvió al mercado internacional tras ocho años; su deuda alcanzaría $1,5 billones en 2025.
• Tucumán duplicó su deuda a $72.000 millones y apunta al turismo como motor económico.
• El ciclo de endeudarse para pagar deudas anteriores se repite, con ajustes que afectan servicios esenciales.
• La sostenibilidad financiera provincial está en riesgo sin una estrategia de fondo.

En un escenario de creciente endeudamiento y ajustes fiscales, las provincias argentinas enfrentan una nueva etapa de presión financiera. Con Buenos Aires a la cabeza y casos emblemáticos como Salta, Chaco, Córdoba y Tucumán, el endeudamiento subnacional se convirtió en una de las mayores amenazas para la estabilidad de las cuentas públicas a nivel local.

Según datos actualizados, la deuda total de las provincias, sumando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ronda los u$s 23.000 millones, según la Fundación Libertad y Progreso. A ese complejo panorama se suma la caída de ingresos coparticipables, principalmente por la eliminación del Impuesto a las Ganancias, lo que obliga a muchas administraciones a elegir entre el ajuste, el default o nuevos tributos.

Buenos Aires, la más endeudada
Con $17,8 billones en 2023 y una proyección de $20 billones para 2025, Buenos Aires lidera el ranking. El gobernador Axel Kicillof apeló a la emisión de bonos en dólares y al financiamiento de organismos internacionales como el FMI, BID y Banco Mundial para sostener subsidios y obras de infraestructura, y cubrir deudas heredadas. Según su administración, el 75,6% del pasivo bonaerense está en bonos.

Salta: deuda para cubrir el vacío nacional

Bajo la gestión de Gustavo Sáenz, Salta acumula $484.500 millones, tras una reestructuración de bonos en dólares y un préstamo de $40.000 millones en 2024 con el Fondo del Bicentenario. El objetivo fue sostener servicios básicos donde —según el gobierno— Nación se retiró, como comedores escolares y medicamentos.

Chaco: deuda en dólares y default

Uno de los casos más críticos es el de Chaco, con $313.000 millones en pasivos y un historial que incluye default en 2020 y deuda externa tomada en 2016. Aunque el actual gobernador, Leandro Zdero, recurrió a financiamiento del BID para infraestructura educativa, parte del préstamo fue usado para pagar compromisos anteriores. La administración denuncia que el endeudamiento heredado “hipotecó el futuro” de la provincia.

Córdoba: el regreso al mercado internacional

Córdoba retomó el financiamiento externo después de ocho años, con una emisión de u$s725 millones en bonos al 9,75%, que llevarían su deuda a $1,5 billones en 2025. Martín Llaryora defendió la operación como parte de una estrategia para sostener la inversión pública y el orden fiscal.

Tucumán: foco en turismo, herencia pesada

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció una deuda de $72.000 millones en 2023, el doble de lo recibido al asumir. Apuntó contra su antecesor Juan Manzur por haber dejado una pesada carga ajustada por inflación, y defendió nuevas emisiones en el mercado local para promover el turismo.

Un ciclo que se repite

La creciente deuda provincial, muchas veces asumida en dólares y en contextos de crisis, genera un efecto dominó: se toman nuevos préstamos para cubrir viejos compromisos. En paralelo, provincias como Salta reclaman deudas millonarias a Nación, mientras otras —como Chaco y Tucumán— ajustan sus presupuestos en salud, educación e infraestructura para no caer en incumplimientos.

La pregunta de fondo persiste: ¿cuánto más pueden endeudarse las provincias sin poner en riesgo su funcionamiento básico? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos deben activarse para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un país donde el endeudamiento se ha convertido, una vez más, en moneda corriente?