





La sesión de este miércoles, que a título conmemorativo se celebró en el antiguo edificio, en el marco de la Semana de la Memoria, no encerró ningún otro valor que el simbólico. En los hechos, el pulso de la Unicameral no se midió en el recinto, sino en los pasillos y despachos de la nueva Legislatura, horas antes de que la sesión empezara.
Es que la Legislatura, y especialmente su presidenta, la vicegobernadora Myriam Prunotto, atraviesan momentos complicados. Frente a la pata radical del oficialismo se cierne el delicado affaire de los contratos, como punto cúlmine de una secuencia que empezó meses atrás, con un puntero peronista intentando cobrar el salario de una “empleada fantasma” en una ventanilla del Banco de Córdoba, y que con el tiempo ha escalado demasiado como para seguir jugando a las escondidas.
Quienes siguen de cerca la evolución del caso, juran que a su alrededor se han conjugado fallas de comunicación, ópticas disímiles en relación a cómo gestionarlo y, por sobre todas las cosas, una variedad de intereses alcanzados y actores aludidos, configurando un nudo gordiano imposible de resolver, que ahora hay cortar.
La comprensión cabal de lo que viene sucediendo en los despachos de la Legislatura durante los últimos meses será imposible, al menos, hasta este viernes, cuando su página oficial publique el listado de los contratados. Pero incluso después de esto no será una tarea sencilla reconstruirlo. Al margen de que el sentido común ofrezca algunas pistas.
La primera, es que el rol que el Sindicato de Empleados Legislativos de Aldo Rivas pueda jugar tiende a cero. El peronismo jamás ha condicionado sus decisiones a los pareceres de gremios que, en los hechos, controla. Y, en todo caso, el reclamo del gremio es, o una coartada articulada por el propio oficialismo para comprar tiempo, o una zancadilla orquestada por adversarios internos de la vicegobernadora, que no tiene feeling con el secretario general de los legislativos.
(Una digresión: todo agente público es designado en su cargo por un instrumento público. Decir que su publicación atenta contra la privacidad de los empleados, es desconocer la esencia más íntima de los actos de gestión, que no sólo pueden, sino que deben ser públicos, sin que dicha publicidad -que persigue las trasparecía y, en último orden, el bien común- deba ceder al interés individual de cada agente. Llegado el caso, sólo se pide la publicidad de los nombres, no de sus direcciones, teléfonos o historial laboral).
Ahora bien, volviendo al punto, más allá de la ínfima incidencia que en el asunto pueda tener el sindicato, lo verdaderamente enrevesado es la maraña de intereses que rodean a esa lista. Los baqueanos en temas de la Legislatura cuentan, por caso, que ese listado se compone de “capas geológicas”; de sedimentos que han ido dejando las distintas administraciones y, fundamentalmente, los distintos fenómenos que acompañaron a la “renovación”.
Así, en el listado hay prendas de la gestión schiarettista en la Legislatura, pero también hay rezagados del interior; víctimas del fin de la re-reelección de intendentes, que imposibilitó a los terratenientes de campo adentro repetir al frente de pueblos y comunas, “obligándolos” a buscar refugio en la Legislatura. Y, más aún, hay contención tercerizada por encargo del Centro Cívico.
Cuando Martín Llaryora llegó al Panal, el Ejecutivo dejó caer miles de contratos. Es una práctica habitual que ofrece dos ventajas: La primera, plantar bandera frente a los sindicatos, que lejos de pelear por la recomposición salarial, debieron conformarse con salvar la continuidad de los contratados. La segunda, pasar revista para ver a qué compromiso responde cada merced; qué favor se pagó con cada designación.
El problema es que, mientras el Ejecutivo tuvo congeladas las designaciones/renovaciones de contratos, algunos de esos “huérfanos” recibieron asilo en la Legislatura, y hoy por hoy es difícil distinguir entre propios y extraños.
A esto se suma que, aunque el gobernador se haya mantenido indiferente y dé autonomía a su vice para definir, hay actores que preferirían apostar por el manual de antaño: “tiempo y silencio”, hasta que el asunto salga de agenda. Mientras, juran en la esquina de Prunotto, la idea de la vice siempre fue publicar.
Hoy, su rol institucional la pone en un lugar incómodo. La confrontación con los “compañeros” a los que dará piedra libre este viernes resulta inevitable. Y aún así, los costos políticos, en gran medida, ya se han devengado, por la sencilla razón de que nadie cree en los resultados de un allanamiento que se produce tres semanas después de ordenado.
CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.


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