Plan Canje: juicio político por ampliación de la Corte, la apuesta de mínima para el oficialismo

POLÍTICA Por Gabriel Morini*
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Hacer futurología de la improbabilidad se ha convertido en la Argentina en un entretenimiento de rango científico. Allí es donde la especulación es una materia prima maleable, pero sobre todo, inagotable. En un contexto inédito donde está por comenzar un proceso de juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente de la Nación y un grupo de gobernadores, y con el apoyo del sector más mayoritario dentro del oficialismo, el camino que se abre no solo no fue transitado nunca de esta manera, sino que habilita todo tipo de pronósticos. La primera cuestión a analizar es cómo puede quedar un tablero en el que, hasta ahora, se han movido las primeras fichas de un solo color. En el ajedrez del poder pasa lo mismo que con el real: las negras también juegan y pueden modificar toda la estrategia del oponente. El oficialismo mostró sus cartas de cara al debate en comisión del pedido de destitución de la cabeza del Poder Judicial. Convocó a su lista de testigos, se aseguró tener una mayoría para dar el primer paso y formalizó el llamado a extraordinarias para cumplir cada paso de la formalidad.

Sin embargo, todavía se desconoce la respuesta de la Corte a todo el bombardeo al que fue sometido en toda la primera quincena del año en la que, aprovechando la feria de enero, exacerbó su hermetismo para asimilar el golpe y diagramar sus próximos pasos. Toda la acción, inexorablemente (y pese a la ansiedad de muchos) se trasladará a febrero y comenzará a estar cruzada por el reinicio de la actividad pos vacaciones y calentando motores para arrancar el año electoral.

Dentro del primer paquete de casos a resolver pendientes por parte del máximo Tribunal está el de la integración del Consejo de la Magistratura, uno de los pilares sobre los que se apoya el intento de someterlos a enjuiciamiento por el voto de mayoría. La definición acerca de si Martín Doñate puede integrar la segunda minoría del estamento legislativo por el período 2022-2026 tras la partición de bloques que ya la Corte consideró un “ardid” termina por ser uno de los platos fuertes en este contexto. El segundo, cómo reencauzará el conflicto con CABA a partir de toda la parafernalia de recursos presentados en los últimos días del año contra la cautelar que benefició con un porcentaje de la coparticipación al gobierno porteño. La administración de Horacio Rodríguez Larreta se apuró y reclamó cobrar cash la cautelar y se negó a aceptar los bonos en especies. Del lado de la demandada, plantearon la recusación, y la reposición “in extremis”. Lejos de ser habituales, ese tipo de reposiciones permiten enmendar errores materiales y excepcionalmente “yerros” de los denominados “esenciales”- groseros o evidentes dictados en primera o ulteriores instancias que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una de las partes. Nada indica que la Corte vaya a consentir que se considere un yerro su cautelar.

Con este juego cerrado ocurren dos cosas simultáneas. La cornisa de las probabilidades de tener éxito con tantos frentes simultáneos se empieza a angostar y surgen variantes que, no tan atractivas en un comienzo, se embellecen con las circunstancias. El llamado a extraordinarias contiene una gran dosis de agenda judicial. Pero dentro de esa agenda, resucita un proyecto que tiene sanción del Senado y que es la ampliación de la Corte Suprema no ya al excéntrico número de 25, sino a 15 miembros, lo que triplicaría al actual. Lanzado como una piedra al agua en su momento, para algunos gobernadores comienza a ser un éxito de mínima que pueda discutirse como resultado del proceso de esmerilamiento de la comisión. Tres mandatarios provinciales, dos que no firmaron el documento y uno que sí, consultados por Ámbito, proyectaron que el proyecto de ampliación podría convertirse en una vía de escape medianamente aceptable si la tensión institucional que se va a vivir alcanza niveles de alarma. Como todo, es de pizarrón y requeriría que la comisión tuviera cierto éxito en lograr su cometido de comprobar irregularidades en el tratamiento de los expedientes en el máximo Tribunal pero pusiera proa no tanto al objetivo de destituir a los jueces, sino en la necesidad de modificar el funcionamiento del tribunal. Hasta ahora, percutir sobre los cuatro ministros no ha hecho otra cosa que empujarlos a los brazos de Juntos por el Cambio, cuyos referentes han prometido quebrar lanzas para defenderlos, aun cuando ciertamente tampoco los toleran.

Es un clásico de la oposición. Abroquelarse en torno a lo que parezca un ataque “a las instituciones” y bloquear cualquier otro proyecto coyuntural en el que perciban que existe interés oficialista o que exista una imperiosa necesidad para la gestión. Con estos únicos dos elementos se sienta a observar el incendio. Para colmo, termina de sonar como música para los oídos de acusados el clamor de un sector duro del kirchnerismo que quiere que mientras Alberto Fernández se lanza a la aventura de un juicio político que requiere un cúmulo de energías incalculable para no terminar siendo un espectáculo deslucido que aburra hasta a sus propios impulsores, indulte a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala. La institucionalidad se estira pero no es de goma.

En todo este camino árido hay otro dato que surge del devenir de los acontecimientos. La interna de la Corte que tuvo en el primer capítulo de filtraciones y acusaciones cruzadas bastante alimento para reverdecer, se fue desinflando con el correr de los días y ya no percute. Es un primer test para leer con atención. Describe y lo hará a futuro que tan indisoluble es la alianza que han forjado Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Sobre todo cuando se ponga en acción la comisión.

Aunque con un reglamento lo bastante flexible para forzar interpretaciones, el funcionamiento de la comisión también está regido por ciertas normas que la limitan. Avienta la fantasía de que los diputados pueden ponerle un foco en la cara a los jueces y someterlos a un interrogatorio a la usanza policial. Y también la sobreactuación de la oposición que pretende que los legisladores oficialistas actúen como funcionarios de La Haya cuando la Cámara acusadora es precisamente la de Diputados. El punto crucial es que el propio reglamento de la comisión contempla que los jueces de la Corte citados no concurran. En el apartado 13 del reglamento se menciona que si “así lo considera”, informe a la Comisión respecto de los cargos formulados en su contra, algo que también puede hacer por escrito. La incomparecencia o inacción no obstaculiza que la comisión avance y tampoco mella en el derecho a defensa que eventualmente tendrán en el Senado.

El segundo problema es de orden técnico para encauzar el juicio político en el fallo “Muiña” que alcanza solo a Rosatti y Rosenkrantz pero deja afuera a Maqueda y Lorenzetti. A raíz del impacto de esa decisión que beneficiaba a represores con el 2x1, el Congreso terminó sancionando una ley (27.362) que establecía que el cómputo no era aplicable para delitos de lesa humanidad. Rosatti (y Highton que no está enjuiciada porque renunció para acogerse a la jubilación) utilizaron el criterio que daba la nueva ley para interpretar que el conflicto estaba superado en el fallo “Batalla”. Pero utilizó esa norma que había sido sancionada de forma exprés por el Congreso con amplios niveles de mayorías, ante el rechazo social que había generado el fallo. Rosenkrantz mantuvo su línea, mientras que Maqueda y Lorenzetti lo mismo por la contraria. Todos estos cruces no terminan de clarificar si se los va a acusar por haber firmado el “2x1” o por haber cambiado de criterio a favor de que los represores no sean beneficiarios.

 

 

* Para www.ambito.com

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