Golpe al bolsillo de los cordobeses: la boleta de Epec sube 130% y la del gas, 120%

La segmentación de subsidios que presentó esta semana el Gobierno nacional aparece como un sistema muy complejo de implementar, que moverá poco la aguja en términos de reducción de gasto fiscal. De todos modos, si lograra hacerse en tiempo y forma, los cordobeses que pierdan el subsidio afrontarán una suba del 130% en la tarifa que les cobran Epec o las cooperativas.

Primero veamos a quiénes les afecta. Las distribuidoras no tienen precisiones sobre cómo se implementará la normativa todavía, pero cálculos preliminares arrojan que, al menos en la provincia de Córdoba, los alcanzados por la quita de subsidios serán mucho menos de lo que la Secretaría de Energía anunció para Capital Federal y zona metropolitana. Allí, trascendió que el 10% de los titulares de servicios deberán pagar la tarifa plena: se informó que son 921.778 hogares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas.

En Córdoba, las bases de datos provinciales arrojan que hay 42.852 hogares que tienen ingresos netos superiores a los 300 mil pesos (la norma, en rigor, establece ingresos por encima de 333.412 pesos). Sobre un total de 1.315.845 hogares, proyectando la EPH de Indec para toda la provincia, significa que apenas el 3% de los hogares quedaría afuera de los subsidios, tomando sólo ingresos.

Ingresos fue el criterio del ministro de Economía Martín Guzmán para definir a quiénes se les quitarán los subsidios. Para ir a tarifa plena el hogar debe ganar más de 3,5 canastas básicas de alimentos. A abril, la canasta está valuada en 95.260 pesos.

En cambio, tanto los entes reguladores Enre y Enargas, cercanos al kirchnerismo, impulsaban una segmentación en función de la valuación de los inmuebles. Eran unos 500 mil usuarios que residen principalmente en la Capital Federal, countries y algo de Vicente López y San Isidro.

Lo cierto es que ambos criterios son injustos. En el caso de los ingresos, la informalidad es letal para aplicar ese mecanismo. De los 21,4 millones de argentinos que trabajan, apenas 9,3 millones están registrados, contando públicos y privados. Ergo, sólo de esa porción se pueden tener datos ciertos de los ingresos, más los que aporten las provincias de sus activos que no tributan en Anses.

 
Según el Informe de la Seguridad Social que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación, a diciembre pasado la remuneración promedio de esos 9,3 millones de trabajadores registrados estaba en 92.852 pesos. Suponiendo un 30% de aumento en el semestre, la media sería de 120.707 pesos. Proyectando esos datos, apenas 300 mil personas en Córdoba tendrían salarios que superen las 3,5 canastas.

Las demás bases de datos que recogen información declarada por los propios beneficiarios están subestimadas: todos siempre dicen que ganan menos de lo que ganan. De eso no podrá sustraerse el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, la base de datos que se tomará para la segmentación.

Segmentar según valor de los inmuebles también presenta dificultades, porque la vivienda no siempre indica la capacidad de pago de los usuarios. Puede suceder que allí viva un jubilado y puede pasar también que la vivienda no sea de alto valor, pero sus habitantes tengan un consumo desaprensivo de la energía, el recurso hoy escaso en la Argentina.

En la propuesta de Guzmán, el usuario pierde el subsidio si se cumple alguna de varias condiciones. La más relevante es la de ingresos, pero también puede quedarse sin ayuda estatal quien tiene tres inmuebles o más, con independencia del valor o ubicación. Así, un usuario del norte pobre cordobés, con tres inmuebles en esa zona y sin gas, podría ir a precio pleno de energía aun teniendo ingresos bajos.

En Córdoba, de un total de 2.020.954 contribuyentes (asociados a un Cuit), hay 91.576 que tienen tres o más inmuebles. También es criterio de exclusión tener tres o más vehículos comprados con posterioridad al 2017. Hay 8.871 cordobeses en esta situación. Aun imaginando que no se superponen entre sí, en las dos categorías hay 100.447 cordobeses. Es altamente probable que muchos, además, tengan ingresos superiores a 3,5 canastas, pero esos datos no están “cruzados” con los de ingresos.

LOS AUMENTOS ESPERADOS
Ahora veamos cuánto les subirá la tarifa a los usuarios alcanzados por la nueva norma. El propio Gobierno declaró que con esto ahorrará 15 mil millones de pesos al mes, pero estará implementado recién a fin de año. Sólo entre enero y marzo (con impacto medio de la guerra) los subsidios energéticos llegaron a 305.427 millones de pesos en el trimestre y el cálculo es que para el segundo trimestre estarán en torno de los 400 mil millones.

El ahorro fiscal está en duda, porque es probable que haya dificultades judiciales para aplicarles la tarifa plena a estos usuarios. En las distribuidoras imaginan una lluvia de amparos, anclados en un criterio repetido por la propia Corte Suprema: los aumentos deben ser justos y razonables, para todos los ciudadanos más allá de su condición económica.

Según la programación estacional que elabora Cammesa, en el período que va de mayo a octubre, generar un MGW cuesta 13.206 pesos.

De ese costo, los usuarios residenciales pagan 2.617 pesos, es decir, el 20%. Llevar la tarifa al precio pleno significaría una suba del 405% sobre la porción que regula Nación. El decreto del jueves establece que para estos usuarios, el aumento se hará “en forma gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura”.

Epec ha informado que, en lo que respecta al Valor Agregado de Distribución este año no implementará más correcciones, de modo que una suba del 405% en la energía, por efecto passtrough, significaría una suba del 130% global de la factura, más impuestos. A junio, el valor del MEM representa 31,5% de la factura total y el VAD que recarga Epec, 68,5%.

CUÁNTO SUBIRÁ EL GAS
En el caso del gas, la Secretaría de Energía precisó que las personas a quienes se quite la subvención estatal pasarán a pagar 5,76 dólares por el gas natural, cuando hoy abonan a razón de 1,8 dólar por millón de BTU. Esto es igual para todos los usuarios del país y las diferencias de cargos entre distribuidoras es mínima. Como el atraso en el gas es menor que en luz, la tarifa plena significaría un aumento del 220% sobre el gas, que llevado a la factura total de Ecogas representaría una suba del 120%.

Hay un punto en el decreto 332/2022 que entre las distribuidoras no pasó inadvertido. El artículo 9 dice que las empresas deben recabar la información de sus clientes y remitirla a Nación para armar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase); establece que el Enargas y el Enre implementarán “parte del procedimiento” de aplicación de subsidios, pero también establece un plan B, por si lo anterior no fuera posible o no funcionara. Dice que Nación podrá “utilizar mecanismos distintivos o alternativos con el fin de cumplir con sus objetivos, incluso instruir a Cammesa para que emita facturas con los montos que correspondan, sin subsidio”. Según funcionarios locales, si el registro de usuarios de altos ingresos no pudiera armarse, Nación iría por “la vía de la presunción”, es decir, deducir que hay un 10% de usuarios que pueden pagar pleno, cobrar por ese porcentaje el costo total de la energía, y que las distribuidoras se arreglen.

Con información de La Voz del Interior