Las empresas alimenticias, nucleadas en la Copal, se expresaron en contra de las recientes medidas de control aplicadas por el Gobierno. Particularmente, rechazaron la aplicación del “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE) y el “Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas” (SIFIRE). Para el primero, la entidad antepuso un recurso administrativo; para el segundo, no descartan apelar a la vía judicial.

Mediante un comunicado, la Copal repasó la situación de la industria y remarcó las consecuencias que conlleva para las firmas la aplicación de los Precios Máximos: “Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos”.

“A las dificultades anteriormente mencionadas, se adiciona la reciente publicación de la Resolución 237/21 que crea el SIPRE, el cual exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos”, remarcó la entidad, que interpuso un reclamo administrativo para requerir la suspensión de los efectos de la medida, “hasta tanto se evalúe su derogación”.

“El SIPRE es exceso de burocracia, reiteración de información y, por otro lado, hay un tema de información sensible, con movimientos de stock. Por eso ahí vamos por la vía administrativa”, señaló a Ámbito Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal. “Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”, remarcó la entidad

En tanto el SIFIRE fue impuesto por la Secretaría de Comercio del Interior con el objetivo de prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen rótulos o etiquetas, y garantizar así la transparencia y competencia leal. “El SIFIRE implica un control político previo, cuando esto era una facultad típica de los órganos de control sanitarios. Después, si cometía alguna infracción estaba la ANMAT, Defensa al Consumidor o Defensa a la Competencia. Pero ahora hacen un juicio previo. Entonces, estamos analizándolo, conjuntamente con las objeciones con la Ley de Abastecimiento, desde el punto de vista constitucional”, señaló Funes de Rioja, quien agregó: “Están viendo el tema los abogados y el miércoles (por mañana) tenemos comité ejecutivo para que nos informen al respecto. Nos movemos en base a asesoramiento legal: no tomamos decisiones políticas, sino decisiones basadas en la ley. Porque en el trasfondo de esto está la Ley de Abastecimiento, que en algunos de sus artículos permite al poder ejecutivo obligar a las empresas a producir porque lo ordena el Gobierno. Y eso es inconstitucional”.

Al referirse a la Ley de Abastecimiento, sancionada en marzo de 2020 a raíz de la pandemia, el titular de la Copal concluyó: “En primer lugar, nosotros hemos estado un año con Precios Máximos cuando era una medida excepcional y transitoria. Siempre apostamos al diálogo y en ese diálogo, evidentemente, no tuvimos mucho éxito. Seguimos pensando en el diálogo y pensando en una solución y no en una confrontación. Entonces, obviamente, seguimos los pasos legales mientras no tengamos una solución. La excepción es transitoria. No se puede vivir en forma de excepción permanente. Estamos dispuestos al diálogo y cada vez que nos llamen vamos a estar”.

* Para www.ambito.com