El Gobierno y la CGT negocian ayuda alimentaria para desempleados y el apoyo de los gremios para reforzar los comedores escolares

El Gobierno acordó con la cúpula de la CGT un mecanismo de apoyo logístico de los gremios para contener la demanda de los comedores para los sectores más vulnerables y en paralelo la Casa Rosada analizará una ayuda social extra a los desocupados de los gremios que integran la central obrera.
A la vez, se debatió un programa alimentario para los sindicatos que estén con afiliados desempleados. Se trataría de una tarjeta alimentaria que complementaría la ayuda social que ya tiene acordada la Nación con la Confederación General del Trabajo.

La colaboración entre Balcarce 50 y la CGT fue acordada en una reunión entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Producción, Dante Sica, y la cúpula de la central obrera  representada por Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer. 
Durante el encuentro con Stanley y Sica, los líderes gremiales expresaron su preocupación por la profundización de la pobreza y el impacto de la inflación en los precios de los alimentos que afecta de manera directa a los sectores más desprotegidos y a los desempleados.
 
De esta manera, Stanley y Sica coordinaron con la CGT que asistirá al Gobierno en la contención de la demanda alimentaria y la identificación de los sectores o zonas donde el Estado no llega. Los líderes de la cúpula de los gremios se comprometieron a pasar un listado con los comedores por asistir. Se trata de áreas o barrios donde los movimientos sociales y la Iglesia no llegan.

Tanto los funcionarios del Gobierno como de la CGT coincidieron en que en estos momentos no hace falta declarar la emergencia alimentaria, ya que hay herramientas para asistir a los más necesitados con la ley vigente.

Así, el Gobierno alineó su discurso en torno a este tema, ya que tras la reunión de Mauricio Macri con su gabinete, Alejandro Finocchiaro –ministro de Educación– pidió a la oposición que "no se utilice el sufrimiento de la gente para hacer política" y destacó que "en la ley votada en septiembre de 2016 se establecieron todo tipo de herramientas para situaciones como la que estamos viviendo, que de hecho ya las está usando la ministra Stanley".

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon además que la semana pasada se aumentó el 50% el monto de las raciones de comedores y merenderos, aumentaron cantidad de compra de comida, se hizo un acuerdo para sacarles el IVA a productos esenciales, se les dio el bono de 1.000 pesos para todos los chicos que tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentaron las jubilaciones y planes con la actualización del salario mínimo vital y móvil.

La Casa Rosada mantendrá así la misma postura que la semana pasada ante el acampe piquetero: no aceptará "extorsiones ni aprietes" para sacar una ley que considera que hoy está en vigencia y actualizada. Sólo avalarán una ley si es votada en el Congreso.

Con información de www.infobae.com