Presupuesto, reformas y silencios: la pulseada que incomoda a las provincias

• El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 con respaldo de los gobernadores ante la presión internacional.
• La reforma laboral aparece como la principal traba en la negociación política.
• La Casa Rosada insiste en una “modernización laboral” para reducir informalidad y fortalecer el sistema previsional.
• Los gobernadores exigen conocer la “letra chica” antes de comprometer su apoyo.
• La falta de detalles genera cortocircuitos y alimenta la incertidumbre en las provincias.
• A semanas de las sesiones extraordinarias, el oficialismo enfrenta dificultades para consolidar mayorías legislativas.

El Gobierno nacional ingresó en una etapa decisiva de negociación política con un objetivo central: asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 antes del cierre del año legislativo. La presión internacional y los compromisos externos empujan a la administración a mostrar un rumbo claro para el próximo ciclo económico. En ese contexto, los gobernadores vuelven a convertirse en actores imprescindibles, ya no solo como socios circunstanciales, sino como garantes de la gobernabilidad fiscal que reclaman los organismos que asisten financieramente al país.

La urgencia está marcada por una exigencia concreta: después de tres años consecutivos sin Presupuesto aprobado, la administración necesita mostrar una hoja de ruta para el uso de los recursos públicos. Tanto los acreedores como los colaboradores externos insisten en la necesidad de contar con un marco legal que evite desvíos, subejecuciones o cambios sobre la marcha que compliquen los compromisos asumidos.

Sin embargo, lo que en principio parecía depender solo de una negociación fiscal con las provincias, terminó abriendo un segundo frente: la reforma laboral, un tema históricamente difícil y que hoy emerge como la principal traba para destrabar acuerdos.

En la Casa Rosada sostienen que la modificación del régimen vigente es imprescindible. Argumentan que un sistema con casi cinco décadas de antigüedad no puede seguir rigiendo un mercado laboral atravesado por transformaciones tecnológicas, nuevas demandas productivas y altos niveles de informalidad. Desde la visión oficial, incorporar a cientos de miles de trabajadores informales al sistema no solo mejoraría la productividad, sino que oxigenaría el sistema previsional, una de las preocupaciones señaladas por los acreedores externos.

Por eso, en los despachos oficiales prefieren hablar de “modernización laboral” y evitar la palabra “reforma”, cargada de resistencias históricas. El propio Miguel Ángel Pichetto había advertido sobre el peso simbólico del término, que para muchos dirigentes sigue siendo “maldito”. Lo cierto es que el contenido aún es un enigma para la mayoría de los actores involucrados.

Ese es precisamente el punto que inquieta a los gobernadores. Si bien ninguno negó de plano la necesidad de discutir nuevas reglas laborales, el acompañamiento está condicionado a conocer la “letra chica”. Las provincias quieren información concreta: qué sectores se verán afectados, qué cambios propone el Gobierno, cómo impactarán en los costos laborales y en la competitividad regional, y qué rol asumirán los estados provinciales en la implementación.

A menos de un mes del inicio de las sesiones extraordinarias, las respuestas todavía no llegaron. Varios mandatarios aseguran que ni Santilli ni Adorni pudieron brindar detalles sobre el proyecto, más allá del diagnóstico general. En privado, algunos funcionarios provinciales admiten que la falta de definiciones genera un creciente “cortocircuito” con la Nación. La preocupación no es menor: sin claridad sobre la reforma laboral, muchos gobernadores evitan comprometer su apoyo al Presupuesto 2026, un texto que consideran clave pero que no quieren votar a ciegas.

En el entorno presidencial circula una explicación que mezcla cautela y desconcierto: “ni nosotros tenemos la letra chica”, deslizan algunos. La frase no termina de clarificar si se trata de una estrategia para evitar filtraciones o de un proyecto aún incompleto. Lo concreto es que el silencio alimenta la incertidumbre en el interior del país y dificulta la construcción de mayorías legislativas.

Con una economía frágil y una agenda parlamentaria cargada, la relación con las provincias vuelve a tensarse. La administración apuesta a que el Presupuesto funcione como un paraguas político, pero la reforma laboral se convirtió en una pieza inseparable de la negociación. Entre exigencias externas y dudas internas, la ruta hacia el 2026 se vuelve más empinada de lo previsto.