

Jorge Levin
El reciente anuncio de Martín Llaryora sobre el presupuesto para 2026 ha sido recibido con una mezcla de escepticismo y expectativa en el marco del peronismo cordobés, que atraviesa momentos complicados tras unas elecciones que han sembrado la inquietud en sus filas. La propuesta de reducir impuestos de manera "histórica" no solo se presenta como un intento de revitalizar la imagen del oficialismo, sino también como un desafío directo a la narrativa histórica de De la Sota, que marcó un hito con su significativa rebaja del 30% en 1999. Esto no es un mero juego de cifras; es una jugada estratégica que busca recuperar la confianza y el apoyo de los ciudadanos.
Uno de los puntos más destacados del plan es que las subas impositivas no superarán la inflación, un argumento que, aunque puede parecer placentero a primera vista, es fundamentalmente un ejercicio de contabilidad creativa. Para los casi 1,2 millones de contribuyentes del impuesto inmobiliario urbano, se promete que los aumentos no excederán el 29% de la inflación. Sin embargo, lo que en principio parece una buena noticia puede traducirse en cifras que, en la práctica, permitan un aumento real cero. Esto significa que, a pesar de las promesas de reducción, la carga fiscal para muchos seguirá siendo relevante.
Un aspecto positivo que destaca Llaryora es la reducida carga impositiva para sectores medios y bajos, donde aproximadamente la mitad de los contribuyentes experimentará una reducción del 25% en su imposición inmobiliaria. La retórica de que la merma real podría alcanzar un 54% es, indudablemente, atractiva. ¿Pero a qué costo? La administración del presupuesto está supeditada a una expectativa de crecimiento económico que, si no se materializa, dejaría a Llaryora en un predicamento delicado y directamente relacionado con la gestión del presidente Milei.
Además, las promesas de quitas en Ingresos Brutos para pequeños y medianos comerciantes son una jugada que refleja una preocupación legítima por el crecimiento del sector, pero que también necesita ser acompañada por un soporte real en la gestión administrativa. Los anuncios requieren un seguimiento certero y una implementación eficaz para generar el impacto positivo deseado.
Llaryora, con la vista puesta en las elecciones de 2027, necesita que este presupuesto sirva como un trampolín para consolidar su posición y, de ser necesario, distanciarse de las problemáticas nacionales que puedan oscurecer su gestión. Este contexto electoral conseguirá que el próximo año esté marcado por una intensa campaña en un peronismo que, aunque desunido y desorganizado, sigue siendo una fuerza política significativa en Córdoba.
El presupuesto de Llaryora es una declaración de intenciones que busca no solo revertir la percepción negativa del peronismo, sino también posicionarlo estratégicamente en un entorno electoral complejo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de su implementación y de la capacidad del gobierno provincial para mantener una narrativa coherente y convincente ante un electorado crítico y atento a los resultados tangibles.





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