Casación confirmó que el TOF 2 ejecutará el decomiso millonario contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez

• Casación confirmó que el TOF 2 ejecutará el decomiso en la causa Vialidad.
• El monto actualizado asciende a $684.990 millones, con responsabilidad solidaria.
• Los jueces rechazaron el traslado del expediente al fuero civil.
• La defensa de Cristina Kirchner reclamaba reducir la cifra a $42.000 millones.
• El tribunal validó el uso del IPC como método de actualización.
• El decomiso busca recuperar activos del fraude en la obra pública de Santa Cruz.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 —el mismo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad— será el encargado de ejecutar el decomiso millonario ordenado en esa sentencia. La decisión, firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos de las defensas y confirmó que la causa permanecerá en el ámbito penal, frustrando el intento de trasladarla al fuero civil.

El fallo, que lleva la firma de los tres magistrados, establece que los condenados deberán responder solidariamente por un monto actualizado de $684.990.350.139,86, cifra que, según el tribunal, representa el beneficio económico obtenido a través del direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fundamento del fallo: el decomiso como sanción penal

Casación sostuvo que el decomiso es una consecuencia penal directa de la condena y no una acción civil resarcitoria. En su voto, el juez Gustavo Hornos remarcó que el decomiso del producto de un delito “se ha transformado en un eslabón central de la investigación penal moderna”, y recordó que los jueces tienen la obligación de confiscar tanto los bienes utilizados para cometer ilícitos como las ganancias derivadas de ellos.

El fallo también hizo lugar al pedido del fiscal general Mario Villar, quien había reclamado mantener la ejecución del decomiso bajo la órbita del TOF 2. Villar advirtió que trasladar el expediente al fuero civil implicaría “una dilación injustificada” y una interpretación errónea de la naturaleza del decomiso, al tratarlo como si se tratara de una indemnización. “Es una herramienta del Estado para recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas”, señaló el fiscal, al defender el criterio penal y no patrimonial del proceso.

La estrategia de las defensas y la respuesta judicial

La defensa de Cristina Kirchner había planteado que la ejecución debía tramitar ante el fuero civil y comercial federal, además de cuestionar el método de cálculo utilizado por los peritos judiciales para actualizar el monto. Según su planteo, la cifra real del decomiso debía reducirse a unos $42.000 millones, aplicando la tasa pasiva promedio del Banco Central.

Sin embargo, los jueces de Casación rechazaron el argumento, ratificando la validez del método adoptado por el TOF 2, que aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para preservar el valor real del dinero frente a la inflación. El juez Borinsky destacó en su voto que la resolución “no vulnera garantías ni comporta un exceso de jurisdicción”, y que el tribunal actuó conforme a “los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

El tribunal también recordó que el decomiso obligatorio está previsto tanto en el Código Penal argentino como en diversas convenciones internacionales contra la corrupción, lo que refuerza su carácter de sanción penal y no de resarcimiento civil.

Un fallo con implicancias políticas y patrimoniales

Con esta resolución, el TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— podrá avanzar junto a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la ejecución patrimonial del decomiso, ya que los condenados no cumplieron con el pago voluntario. De esta manera, el Estado podrá iniciar el proceso para recuperar activos vinculados al fraude en la obra pública, considerado uno de los casos de corrupción política más emblemáticos de las últimas décadas.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, acusada de direccionar el 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz hacia las empresas del empresario Lázaro Báez. La exmandataria cumple prisión domiciliaria desde que la condena quedó firme por decisión de la Corte Suprema.

Báez, en tanto, tiene una condena unificada de 15 años de prisión por la causa Vialidad y por el caso “Ruta del Dinero K”. Su defensa alegó que parte de los bienes ya estaban cautelados en otro expediente ante el TOF 4, pero ese planteo también fue rechazado.

La próxima etapa: ejecución y destino de los fondos

El TOF 2 deberá ahora coordinar con la fiscalía los pasos para hacer efectivo el decomiso, que incluye bienes, cuentas y activos identificados durante la instrucción. El monto final, actualizado por inflación, equivale a más de u$s600 millones, y su recuperación marcará un hito dentro de los procesos judiciales por corrupción en Argentina.

Para Casación, la medida tiene un valor ejemplificador: “El decomiso no busca solo sancionar, sino también reparar simbólicamente el daño a la sociedad al privar a los responsables de los beneficios de la corrupción”.

Así, el fallo no solo refuerza el rol del TOF 2 en la causa Vialidad, sino que consolida la idea de que la recuperación de activos será una prioridad judicial en los casos de corrupción pública.