El Senado desafía a Milei: restituye leyes de salud y universidades tras rechazar sus vetos

• El Senado rechazó los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
• Ambas normas superaron los dos tercios necesarios y recuperaron vigencia plena.
• La ley pediátrica implica recursos inmediatos para el Garrahan, recomposición salarial y exención de Ganancias a personal crítico.
• El proyecto universitario obliga a actualizaciones por inflación y paritarias obligatorias cada tres meses.
• La oposición se mostró unida y lanzó duras críticas a Milei por “insensibilidad” y “ruptura de consensos”.
• El Gobierno queda obligado a definir si cumple con las leyes o enfrenta acusaciones por incumplimiento.

En un escenario político cargado de tensión, el Senado de la Nación propinó ayer una dura derrota al Gobierno de Javier Milei al rechazar los vetos presidenciales a dos leyes de alto impacto social: la emergencia pediátrica —con el Hospital Garrahan como símbolo— y la actualización presupuestaria de las universidades públicas. Con una amplia mayoría que superó holgadamente los dos tercios necesarios, la oposición logró reinstalar ambas normas, dejando al Ejecutivo contra las cuerdas y obligado a definir su próximo movimiento.

La sesión, conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, expuso un frente opositor casi unificado. La ley de emergencia pediátrica obtuvo 59 votos afirmativos, siete en contra y tres abstenciones de legisladores del PRO. En paralelo, el proyecto de financiamiento universitario cosechó 58 respaldos, siete rechazos y cuatro abstenciones —incluida la radical Carolina Losada—. Con estos resultados, las iniciativas recobraron vigor y volvieron a obligar al Ejecutivo a ejecutar partidas que previamente había buscado frenar.

La norma vinculada a la salud pediátrica establece la asignación inmediata de recursos para infraestructura, medicamentos, insumos críticos y personal especializado. Incluye la recomposición salarial de trabajadores de la salud y residentes, con un piso que no podrá ser inferior a lo percibido en términos reales en noviembre de 2023. Además, dispone la exención del impuesto a las Ganancias para profesionales que realicen tareas críticas, guardias u horas extras, y designa al Hospital Garrahan como referente nacional. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicará un costo fiscal de $65.573 millones entre julio y diciembre.

En tanto, la ley de universidades obliga al Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación medida por el INDEC y a recomponer los salarios docentes y no docentes de manera retroactiva a diciembre de 2023. El texto también fija la convocatoria obligatoria a paritarias trimestrales con ajustes mensuales no inferiores a la inflación, un punto que ya había generado controversias en debates anteriores.

El recinto fue escenario de encendidos discursos. La senadora catamarqueña Lucía Corpacci (Frente de Todos) advirtió que no se puede “mirar para otro lado” frente al deterioro en la atención pediátrica, mientras que su par Guillermo Andrada sentenció: “A más vetos, más votos”. Pablo Bensusán (La Pampa) calificó el debate como “político y moral”, y acusó al Gobierno de aplicar un proyecto de “motosierra que no corta privilegios, sino derechos”.

Desde sectores opositores no alineados con el kirchnerismo también surgieron críticas. Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires) acusó al oficialismo de “romper todos los puentes” y de “ningunear a gobernadores”, mientras que el radical Pablo Blanco sostuvo que el Gobierno debe garantizar “equilibrio fiscal, pero también social”. En la misma línea, Maximiliano Abad planteó que la falta de definiciones en torno al financiamiento universitario es “vergonzosa”.

El bloque libertario intentó contraatacar a través del jujeño Ezequiel Atauche, quien denunció la utilización política de la niñez y señaló que el Garrahan había recibido aumentos presupuestarios significativos, aunque sin precisar datos verificables. También cuestionó la falta de auditorías en la Universidad de Buenos Aires y acusó a la oposición de “olvidar” el destrato recibido durante los gobiernos kirchneristas.

El desenlace deja al Ejecutivo ante un dilema: aplicar las leyes, como establece la Constitución, o dilatar su ejecución, lo que podría derivar en acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público. Legisladores como el puntano Fernando Salino advirtieron sobre ese riesgo en plena sesión. Mientras tanto, la oposición celebró la recuperación de dos normas que, aseguran, protegen derechos esenciales en salud y educación frente a los recortes de la administración libertaria.

La jornada parlamentaria exhibió no solo la capacidad de articulación de la oposición, sino también la creciente soledad política de Milei en el Congreso. En medio de un clima social marcado por la inflación y el ajuste, la derrota legislativa amenaza con convertirse en un punto de inflexión en la relación entre la Casa Rosada y el Senado.