La fiscal y la UIF rechazan acuerdos económicos en el caso Cuadernos: “No se vende impunidad”

• La fiscal Fabiana León rechazó que los empresarios del caso Cuadernos eviten el juicio a cambio de pagos o bienes, afirmando que “no se vende impunidad”.
• El titular de la UIF, Paul Starc, coincidió y advirtió que aceptar esos acuerdos sería “mercantilizar la corrupción”.
• Más de 40 ejecutivos y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina ofrecieron dinero, un departamento en Miami y un barco para frenar el proceso.
• León argumentó que no existe una víctima concreta ni un daño mensurable para aplicar la figura de reparación integral.
• Calificó de “patéticos” los montos ofrecidos y advirtió que aceptar pagos abriría “un mercado de impunidad” y dañaría la confianza pública.
• El Tribunal Oral Federal 7 postergó la decisión hasta el 16 de septiembre, cuando escuchará los alegatos finales de las defensas.

En una audiencia cargada de tensión y alto voltaje político, la fiscal federal Fabiana León descartó este viernes cualquier posibilidad de que los empresarios acusados en el caso Cuadernos de la Corrupción eludan el juicio oral a cambio de compensaciones económicas. “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”, sentenció León ante el Tribunal Oral Federal 7, que deberá definir el próximo paso del proceso.

La postura de la fiscal coincide con la expresada previamente por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, quien alertó que aceptar esas propuestas implicaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes concentran poder económico. Más de 40 ejecutivos habían ofrecido sumas de dinero e incluso bienes de lujo —entre ellos, un departamento en Miami y un barco— para cerrar el expediente sin pasar por el juicio público.

La audiencia, que se desarrolla en uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de la última década, reunió a 47 empresarios y al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. El planteo de la defensa buscaba extinguir la acción penal mediante acuerdos reparatorios, una figura que León consideró inviable en un caso de estas características. “La reparación integral presupone una víctima concreta y un daño reparable en términos mensurables”, argumentó.

León sostuvo que en delitos de corrupción “no hay una víctima individual con la que se pueda negociar” y que aceptar pagos unilaterales equivaldría a “abrir un mercado de impunidad”. Subrayó además que la reparación integral exige un acuerdo real entre víctima e imputado, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la homologación judicial, condiciones que aquí no se cumplen.

La fiscal también advirtió que estos intentos de acuerdo parcial podrían vulnerar la igualdad de condiciones entre las defensas y debilitar la transparencia del proceso. “No puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”, enfatizó.

Al explicar la diferencia entre reparación integral y suspensión de juicio a prueba —que permite estándares más flexibles—, León aclaró que en casos de corrupción el daño excede lo patrimonial. “Afecta la confianza pública y la legitimidad del Estado”, dijo, calificando de “patéticos” los ofrecimientos económicos de algunos imputados. Según señaló, al dividir las sumas propuestas por los 12 años que lleva la investigación, el monto resultaba “ridículo” frente a la magnitud del daño institucional.

El planteo de la fiscalía refuerza la posición de quienes sostienen que el caso Cuadernos debe resolverse en un debate oral, público y contradictorio. León recordó que desde la radicación de la causa en la Fiscalía General recibió a todos los abogados interesados en dialogar, pero aclaró que las negociaciones no reemplazan el principio republicano de publicidad de los actos judiciales.

Tras escuchar la intervención del Ministerio Público, el tribunal decidió un cuarto intermedio hasta el martes 16 de septiembre. Ese día, antes de deliberar, los jueces escucharán las palabras finales de las defensas. La resolución será clave para definir si el expediente, que ha sacudido al mundo político y empresarial desde 2018, avanza hacia el juicio oral o si los imputados logran un alivio que hoy parece improbable.