La justicia busca acelerar decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras su condena en el caso Vialidad

• La Justicia busca acelerar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras su condena en el caso Vialidad por administración fraudulenta.
• El Tribunal Oral 2 fijó un decomiso solidario de 684.990 millones de pesos para resarcir al Estado.
• Entre los bienes en la mira están el departamento de San José, el piso de Recoleta y cuatro hoteles en El Calafate vinculados a la familia Kirchner.
• También se incluyen 4,6 millones de dólares en cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner, aún cautelados por orden judicial.
• Los fiscales Luciani y Mola deberán individualizar los bienes ilícitos y las defensas podrán intervenir antes del decomiso final.
• El proceso busca reparar el daño económico, sentar precedentes en recuperación de activos por corrupción y mantener el efecto disuasivo frente a futuros delitos.

La Justicia avanza en la etapa de decomiso de bienes de Cristina Kirchner, condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco del caso Vialidad. La medida tiene como objetivo recuperar fondos vinculados a maniobras de corrupción durante su mandato y se centra en propiedades, hoteles y sumas millonarias en efectivo y depósitos bancarios.

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, está al frente de este proceso. La condena impuesta a la ex presidenta establece seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, determina que los condenados respondan de manera solidaria al decomiso fijado en 684.990 millones de pesos, cifra que busca resarcir al Estado por los perjuicios económicos ocasionados.

Cristina Kirchner solicitó no ser obligada a pagar esa suma junto con el resto de los acusados. Por ello, este jueves a las 12:30 la Sala IV de la Cámara de Casación realizará una audiencia para escuchar a las partes y al fiscal Mario Villar. Según fuentes judiciales, el trámite será por escrito, y los jueces tendrán cinco días hábiles para resolver.

Entre los bienes en la mira figuran propiedades icónicas de la familia Kirchner: el departamento de San José 1.111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria; el piso de Recoleta en el que residió durante años; y cuatro hoteles ubicados en El Calafate: Alto Calafate, Casa Patagónica, Los Sauces, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. Estos establecimientos están vinculados a sociedades de la familia y a contratos con empresas de Lázaro Báez, principal empresario implicado en las maniobras de fraude.

Además, se incluyen 4,6 millones de dólares detectados en 2017 en cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner, que permanecen cautelados por orden judicial. La fiscalía analiza si estos fondos también deben ser incorporados al decomiso, considerando que podrían constituir producto directo de las maniobras ilícitas.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola son los encargados de individualizar los bienes obtenidos con dinero ilícito o transformados con ganancias derivadas del fraude. Una vez definido el listado, las defensas de los acusados podrán intervenir para resguardar sus intereses, presentando observaciones o impugnaciones sobre los bienes incluidos.

El Tribunal enfatizó que el decomiso persigue reparar el daño económico ocasionado al Estado y se aplicará a bienes adquiridos entre 2003 y 2015, período en el que se cometieron las maniobras irregulares. Para los jueces, esta medida constituye una “pena accesoria” inseparable de la condena principal, con un impacto tanto económico como simbólico en la lucha contra la corrupción.

El proceso judicial tiene un fuerte componente político, dado que involucra bienes emblemáticos de la familia Kirchner y millones de dólares, y vuelve a colocar a Cristina Kirchner en el centro del debate público y mediático. La combinación de propiedades residenciales, hoteles de alto valor y fondos millonarios resalta la magnitud de las maniobras investigadas y la relevancia del decomiso como mecanismo de recuperación de activos para el Estado.

Especialistas en derecho penal económico y corrupción consideran que este caso podría sentar un precedente en la persecución y recuperación de bienes vinculados a delitos contra la administración pública, marcando un hito en la jurisprudencia argentina. La efectividad del decomiso será clave no solo para resarcir al Estado, sino también para reforzar la credibilidad del sistema judicial frente a hechos de corrupción de alto impacto.

En definitiva, la Justicia avanza con rapidez en la identificación y aseguramiento de bienes de Cristina Kirchner y de otros condenados, en un proceso que combina el rigor jurídico con la presión política y mediática. El resultado de esta etapa será determinante para establecer si los recursos obtenidos podrán contribuir efectivamente a la reparación del daño causado y a reforzar la lucha contra la corrupción en el país.