Milei evalúa frenar aumentos a partidas de discapacidad: tensiones políticas y fiscales

• Decreto en análisis: Javier Milei evalúa frenar el aumento de partidas destinadas a discapacidad mediante un decreto.
• Impacto fiscal: El Gobierno sostiene que el incremento comprometería el superávit financiero y no tiene fuente clara de financiamiento.
• Respaldo legal: Se conformó un equipo técnico liderado por María Ibarzabal y Sebastián Amerio para blindar jurídicamente la medida.
• Fundamento legal: El Ejecutivo se apoya en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige indicar fuentes de financiamiento para gastos no presupuestados.
• Estrategia política: Los reclamos se canalizarían por la vía judicial, evitando que el tema afecte directamente el debate del Presupuesto 2026.
• Tensión social y política: La medida refleja el equilibrio delicado entre ajuste fiscal y protección de sectores vulnerables, y anticipa un debate parlamentario conflictivo.

El presidente Javier Milei analiza la firma de un nuevo decreto que podría evitar cumplir con el aumento previsto en las partidas destinadas a discapacidad, generando un intenso debate político y social en la previa del envío del Presupuesto 2026 al Congreso. En un principio, se esperaba que la medida fuese judicializada, pero la estrategia oficial apunta ahora a trasladar la responsabilidad a los particulares, generando un escenario de incertidumbre jurídica y presupuestaria.

La Casa Rosada sostiene que el incremento tendría un fuerte impacto fiscal, comprometiendo el objetivo central del gobierno: mantener el superávit financiero. Desde el Ejecutivo enfatizan que no están dispuestos a habilitar gastos adicionales sin una fuente clara de financiamiento, un argumento que se erige como pilar de la defensa presidencial ante eventuales cuestionamientos.

Para reforzar la postura legal, el Gobierno conformó un equipo técnico encabezado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Ambos, junto con abogados especializados en derecho administrativo, trabajan en blindar jurídicamente la decisión antes de que llegue al Congreso. Según fuentes oficiales, la meta es contar con un respaldo sólido que permita sostener la medida ante cualquier presentación judicial o discusión parlamentaria.

Uno de los fundamentos centrales de la estrategia oficial se encuentra en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Desde la Casa Rosada, este precepto se interpreta como una herramienta legal que justifica la decisión de frenar aumentos que, según Milei, podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y comprometer las cuentas públicas.

La estrategia del Gobierno consiste en que los reclamos de los beneficiarios del aumento de partidas se canalicen a través de la vía judicial, en lugar de asumirlos de manera directa. De esta manera, el Ejecutivo gana tiempo político y evita que el tema impacte de lleno en la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026, un debate que se anticipa áspero, con confrontaciones entre el oficialismo y la oposición sobre prioridades fiscales y sociales.

El trasfondo de la decisión refleja el delicado equilibrio que enfrenta el oficialismo: mantener el ajuste fiscal y el superávit como banderas centrales de su programa económico, aun cuando esto implique tomar medidas que afectan directamente a sectores vulnerables. La suspensión o postergación de los aumentos a las partidas de discapacidad constituye, en este marco, un ejemplo de cómo las prioridades fiscales pueden entrar en tensión con las necesidades sociales, un conflicto que seguramente marcará la agenda política de los próximos meses.

Analistas destacan que la medida también podría tener un efecto simbólico en la percepción pública sobre el Gobierno, dado que el tema de la discapacidad despierta sensibilidad en la sociedad y genera visibilidad inmediata. La oposición ya anticipó que cuestionará el decreto y buscará plantear un debate amplio sobre la protección de los derechos de los sectores más vulnerables frente a las restricciones presupuestarias.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca consolidar su narrativa: priorizar la estabilidad macroeconómica y el control del gasto público como condición necesaria para sostener la política económica general, aunque eso implique tomar decisiones que, en el corto plazo, generen controversia y reclamos sociales. La definición sobre la firma del decreto y su alcance legal será un indicador clave del rumbo del Gobierno en materia de ajuste fiscal y política social durante el año próximo.

En síntesis, la posible medida de Milei encarna la tensión entre disciplina fiscal y protección social, dos objetivos que el oficialismo intenta equilibrar en un contexto de presión presupuestaria, debate parlamentario y atención mediática constante. La resolución de este conflicto anticipa uno de los ejes más sensibles y conflictivos en la agenda política de la Argentina durante los meses previos al tratamiento del Presupuesto 2026.