Espionaje interno: la SIDE bajo la lupa tras la filtración de un informe sobre dirigentes opositores y organizaciones sociales

• La Comisión Bicameral de Inteligencia se reunirá el 12 de agosto para analizar la legalidad de un informe filtrado de la SIDE que detalla el seguimiento a dirigentes opositores, sindicatos y organizaciones sociales.
• El documento, revelado por Hugo Alconada Mon, recopila actividades de figuras políticas como Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, entre otros.
• La ley de Inteligencia prohíbe recolectar datos sobre personas por su militancia o actividad sindical, salvo amenaza a la seguridad nacional.
• Se sospecha que la filtración responde a internas en el oficialismo entre Karina Milei y Santiago Caputo.
• El caso reabre el debate sobre los límites de la Inteligencia estatal en democracia y la Bicameral deberá determinar si hubo espionaje ilegal.

El próximo 12 de agosto, a las 15.30, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso se reunirá para analizar una denuncia que vuelve a encender las alarmas sobre los límites de la Inteligencia estatal en democracia. La convocatoria se disparó luego de la filtración a la prensa de un informe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en el que se detalla el seguimiento a dirigentes opositores, sindicatos, organizaciones sociales y de jubilados.

La revelación, publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, expuso un documento que recopila reuniones y actividades de alto perfil político, incluyendo nombres como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Eduardo "Wado" de Pedro y Guadalupe Tagliaferri. También se señala el monitoreo de encuentros del PJ bonaerense, La Cámpora, la Coalición Cívica y la UCR provincial, además de registrar acciones sindicales, como los paros escalonados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático.

En el programa "QR" de Bravo TV, la periodista Irina Hauser explicó que la Bicameral evaluará si la SIDE incurrió en violaciones a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe expresamente recolectar o almacenar datos sobre personas por su pertenencia política, sindical o social, salvo que exista una amenaza a la seguridad nacional.

Aunque el informe filtrado aparenta ser un dossier periodístico basado en información pública, la preocupación radica en que podría ser apenas la punta del iceberg de un esquema de monitoreo más amplio. “Lo filtran porque hay una disputa interna en el oficialismo”, señaló Hauser, aludiendo a las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo, este último señalado como el referente político del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert.

El documento en cuestión hace referencia a reuniones y movilizaciones previas al 9 de julio, lo que enciende sospechas sobre la justificación de la vigilancia bajo el pretexto de prevenir alteraciones del orden público. Sin embargo, la ley es tajante: la Inteligencia no puede rastrear actividades lícitas ni recolectar información sobre actores políticos o sociales por su sola militancia o accionar sindical.

El caso promete escalar en el debate público. La Bicameral de Inteligencia no solo revisará la legalidad de este episodio, sino que también se encuentra discutiendo el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento clave para delinear el accionar de los organismos de espionaje en el marco democrático.

La conclusión a la que llegue el Congreso será crucial para determinar si se trató de un seguimiento ilegal y si el Gobierno cruzó una línea que, en democracia, debería estar claramente delimitada.