Alarma en las Fuerzas Armadas y de Seguridad por la masiva baja de efectivos en 2025

• Más de 2.200 militares y agentes federales renunciaron en los primeros seis meses de 2025, afectando a todas las fuerzas de seguridad.
• El principal reclamo es por salarios bajos: un subteniente gana $766.215, por debajo de la línea de pobreza oficial.
• Hay fuga de talentos hacia provincias como Córdoba, donde ofrecen sueldos hasta tres veces mayores y mejores condiciones.
• La obra social Iosfa está en crisis, con una deuda de más de $160.000 millones y falta de cobertura para tratamientos costosos.
• Testimonios de efectivos retirados enfermos denuncian abandono y falta de acceso a medicación.
• El ministro de Defensa prometió mejoras, pero la recuperación será lenta.
• La crisis refleja el impacto del abandono y la desinversión durante la gestión kirchnerista, afectando la operatividad y estabilidad de las fuerzas.

Más de 2.200 militares y agentes de fuerzas federales han presentado su baja voluntaria en los primeros seis meses de 2025, una cifra que refleja una crisis estructural y prolongada en el sistema de seguridad nacional. Según fuentes castrenses, el fenómeno afecta a todas las fuerzas: Ejército (257 bajas), Armada (234), Fuerza Aérea (193), Gendarmería (386), Prefectura (322), Policía Federal (412), Policía de Seguridad Aeroportuaria (177) y Policía de la Ciudad (292).

El reclamo central es unánime: salarios insuficientes y condiciones de trabajo precarias. Un subteniente cobra hoy alrededor de $766.215 mensuales, cifra que se encuentra por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC ($1.128.398). Los rangos inferiores ni siquiera superan los $700.000, mientras la exigencia de formación y disponibilidad es alta.

La fuga de talentos es especialmente preocupante en provincias como Córdoba, donde una policía especial antidrogas ha atraído a exmilitares con sueldos triplicados y mejores condiciones, alcanzando salarios de hasta $2 millones para suboficiales con trayectoria. “Se fue lo mejor”, lamenta un alto jefe del Ejército, recordando casos similares en el pasado, como el desmantelamiento de grupos élite de la Armada para integrar la Policía de la Ciudad.

A esta crisis salarial se suma el colapso de la obra social Iosfa, con una deuda superior a los $160.000 millones. La cobertura médica para tratamientos de alto costo está suspendida en buena parte del país. El Estado nacional, que bajo el gobierno anterior dejó de abonar sus aportes patronales, no ha regularizado la situación, dejando a pacientes, incluidos retirados con enfermedades graves, sin acceso a medicamentos vitales.

En redes sociales, testimonios desgarradores ponen rostro a esta crisis. Un suboficial retirado con cáncer alertó sobre la falta de cobertura y el temor a “morir abandonado” por el sistema que sirvió.

El ministro de Defensa, Luis Petri, se comprometió a regularizar las cuentas de Iosfa y mejorar los sueldos, pero reconoció que revertir el daño heredado requerirá tiempo y esfuerzo. Mientras tanto, la sangría de efectivos sigue afectando la operatividad y el reclutamiento, poniendo en jaque la capacidad de las fuerzas para mantener su función.

La crisis actual deja en evidencia que el abandono prolongado y la desinversión durante la gestión kirchnerista no solo erosionaron la economía de las fuerzas de seguridad, sino también su moral y estabilidad institucional, con consecuencias que ahora se agravan en medio de desafíos crecientes para la seguridad nacional.