La Casa Rosada rechaza negociar con Burford Capital y apuesta a una apelación que dilate plazos y rebaje el monto a pagar

• El Gobierno pidió suspender el fallo de Preska que obliga a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.
• Busca ganar tiempo para apelar y evitar entregar el 51% de las acciones estatales a fondos litigantes.
• No habrá negociación con Burford Capital hasta que haya una resolución judicial definitiva.
• La estrategia apunta a cuestionar la jurisdicción de la jueza y reducir el monto de la sentencia, que consideran excesivo y mal calculado.
• Se manejan tres escenarios posibles, siendo el peor la ejecución inmediata del fallo este mes, lo que implicaría un fuerte impacto financiero y político.

El Gobierno argentino presentó este lunes un pedido formal a la jueza neoyorquina Loretta Preska para que suspenda la ejecución del fallo que obliga al Estado a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. La medida busca ganar tiempo judicial para avanzar con la apelación del caso en segunda instancia, evitar una entrega inmediata de acciones estatales y disputar el monto millonario de la sentencia, que consideran inflado e impugnable.

La estrategia, liderada por la Procuración del Tesoro, consiste en obtener un “stay” (recurso cautelar) que congele los efectos del fallo. Si Preska lo rechaza, el Gobierno ya se prepara para pedir la suspensión directamente ante la Cámara de Apelaciones de EE.UU. En Balcarce 50 aseguran que no habrá ninguna negociación con el fondo Burford Capital hasta que no haya una resolución judicial definitiva, y advierten que entregar las acciones de YPF ahora sería “un daño irreparable”.

El fallo de Preska, dictado en primera instancia, ordena transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal en favor de los fondos litigantes, que compraron los derechos de antiguos accionistas minoritarios. La jueza consideró que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF al no extender a otros socios la oferta de compra realizada a Repsol en la estatización de 2012.

En el Gobierno califican esa decisión como de “cumplimiento imposible” y alegan que, más allá del desacuerdo legal, la ejecución operativa sería inviable. “Si se entregaran las acciones ahora y después una instancia superior revierte el fallo, recuperar esa tenencia sería técnicamente improbable”, advierten fuentes oficiales.

La apelación se enfocará en varios frentes. Por un lado, en cuestionar la jurisdicción de Preska y el fondo mismo del fallo. Por otro, en disputar el monto de la sentencia, que el equipo legal argentino considera excesivo. Según argumentan, existen fundamentos técnicos y jurídicos para reducir la cifra drásticamente, incluso a “unos cientos de millones de dólares”.

El eje de esa disputa estará en la fecha de referencia para valorar las acciones, el tipo de cambio aplicado y la interpretación del estatuto de YPF, que expresa los cálculos en pesos argentinos. Como la sentencia fue “dolarizada” por Preska, la defensa argentina considera que hay margen para impugnar ese criterio en tribunales.

La Casa Rosada maneja tres escenarios: uno ideal, en el que la ejecución se suspende hasta agotar las apelaciones; otro intermedio, que les daría al menos 90 días para presentar la documentación; y el peor, en el que la suspensión es rechazada y el fallo se activa este mismo mes. En ese caso, la presión financiera y política crecería rápidamente.

Mientras tanto, el litigio por la expropiación de YPF sigue escalando y se convierte en uno de los frentes judiciales más sensibles para el Gobierno de Javier Milei, que busca evitar un golpe patrimonial mayúsculo en medio de una economía en terapia intensiva.