YPF, entre la recuperación patriótica y el costo millonario: la expropiación que aún sacude a la Argentina

• En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF a Repsol, en un acto liderado por Axel Kicillof.
• Un fallo reciente de la jueza Loretta Preska ordenó a Argentina entregar ese 51% como compensación a fondos que demandaron por no haber sido indemnizados.
• La mala ejecución legal de la expropiación es el eje del fallo: no se respetaron derechos de accionistas minoritarios.
• La condena supera los USD 17.000 millones, con intereses diarios.
• Burford Capital, que compró los derechos de litigio, impulsa medidas contra el Estado.
• Milei culpó a Kicillof por el fallo y anunció que apelará para defender los intereses del país.
• El caso reabre el debate sobre soberanía, seguridad jurídica y el rol del Estado en empresas estratégicas como YPF.

El 16 de abril de 2012, el Salón Juana Azurduy de la Casa Rosada fue escenario de uno de los actos más emblemáticos del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, con un encendido discurso, la entonces presidenta anunciaba la intervención y expropiación del 51% de las acciones de YPF, hasta entonces en manos de la petrolera española Repsol. Rodeada de sus funcionarios más cercanos, entre ellos Julio De Vido y Axel Kicillof, Cristina calificó la medida como una “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”, y no como una simple estatización.

Más de una década después, aquel acto, que fue celebrado por amplios sectores del arco político y sindical, acaba de sumar un nuevo capítulo —y quizás el más costoso— en su historia. Este lunes, la jueza federal Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del resarcimiento a los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de un fallo judicial que considera que la expropiación fue mal instrumentada y violó los derechos de los accionistas minoritarios.

La decisión generó un verdadero cimbronazo político y económico. Mientras el Gobierno nacional confirmó que apelará la medida, las acciones de YPF cayeron más de un 5% en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon más del 20%, reflejando el nuevo equilibrio de poder en la disputa. El monto total de la condena ya supera los 17.000 millones de dólares, considerando los intereses acumulados desde el fallo original, con un costo estimado de 2,5 millones diarios para el Estado argentino.

El juicio: una historia de mala praxis legal

La génesis del conflicto está en la manera en que se llevó adelante la expropiación. El gobierno kirchnerista, según el tribunal estadounidense, incumplió cláusulas del estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, algo que legalmente estaba estipulado como obligatorio. Mientras Repsol fue indemnizada rápidamente —en un acuerdo que cerró por más de USD 5.000 millones—, otros accionistas quedaron afuera de cualquier compensación.

Fue en ese contexto que Burford Capital, un fondo británico especializado en comprar derechos de litigio, adquirió la causa y la sostuvo durante años en los tribunales estadounidenses. La estrategia de Burford incluyó no solo el reclamo por los daños económicos, sino también medidas colaterales como pedidos de embargo y la argumentación jurídica del “alter ego”, es decir, que el Estado argentino y YPF actuaban como una misma entidad, algo que habilitaría responsabilizar directamente al país por la conducta de la empresa.

Milei dispara contra Kicillof: “El inútil soviético”

La reacción del presidente Javier Milei no tardó en llegar y fue tan frontal como habitual en su estilo. A través de un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario arremetió con dureza contra Axel Kicillof, hoy gobernador bonaerense y en aquel momento ministro de Economía, a quien señaló como principal responsable del fallo. “Haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Kicillof”, escribió Milei, y agregó: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia”.

El presidente también aseguró que el Gobierno apelará “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales” y calificó el fallo como una nueva muestra del daño heredado por la gestión kirchnerista. La apelación permitiría suspender temporalmente la ejecución del traspaso accionario, al menos durante un año y medio, aunque no elimina el riesgo de que finalmente Argentina deba cumplir con la entrega o acordar una compensación económica equivalente.

Un costo que trasciende lo económico

Más allá del monto en disputa —que ya coloca al juicio como uno de los más onerosos que enfrenta el país en tribunales internacionales—, el caso reabre viejos debates sobre el rol del Estado, la gestión de los recursos energéticos y la tensión entre soberanía y seguridad jurídica. Mientras algunos sectores insisten en que la estatización de YPF fue una decisión estratégica ante el vaciamiento de Repsol, otros remarcan que la falta de prolijidad jurídica transformó esa decisión política en un pasivo gigantesco.

También hay implicancias políticas directas: el fallo aparece en medio de una creciente confrontación entre Milei y Kicillof, que han cruzado declaraciones y agravios en las últimas semanas. El gobernador bonaerense, por su parte, acusó al presidente de “ponerse del lado de los poderes extranjeros” y defender intereses ajenos al país. Anunció, además, una conferencia de prensa para responder oficialmente a la situación.

¿Y ahora qué?

Argentina buscará revertir el fallo en instancias superiores, lo que abre un compás de espera de al menos 18 meses. Sin embargo, la presión financiera es concreta y sostenida. Además, los demandantes continúan avanzando con pedidos adicionales que podrían incluir embargos de activos en el exterior, una estrategia que ya enfrentó el país en otros litigios, como el caso de los holdouts tras el default de 2001.

Mientras tanto, YPF —considerada una de las piezas centrales del esquema energético argentino y clave para el desarrollo de Vaca Muerta— queda en el centro de una disputa que no es solo legal o económica: es también simbólica. La empresa que en 2012 fue “recuperada” por el Estado, hoy enfrenta el riesgo de ser entregada en parte como resultado de aquella misma operación. El tiempo, los tribunales y la política dirán si ese giro histórico será reversible.