El decreto de necesidad y urgencia que estableció el pago en cuotas del aguinaldo para trabajadores públicos ya generó sus primeros cimbronazos. Desde los sindicatos de Bancarios y de empleados de la ANSeS y la CTA de los Trabajadores manifestaron su rechazo y exigieron que se deje sin efecto la medida. Incluso ya se habla de una acción ante la Justicia en caso de que no se dé marcha atrás.

“Reclamamos que el decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes”, señalaron desde La Asociación Bancaria sobre la medida que dispone el pago fraccionado de aguinaldos superiores a los 40 mil pesos. Se rechaza “la inconducente decisión de pagar, en el sector estatal, el aguinaldo en cuotas a trabajadores con salarios que ya sufren un injusto castigo impositivo sobre ingresos que tienen carácter alimentario”, manifestaron a través de un comunicado.

Desde la entidad que conduce Sergio Palazzo también acentuaron que la medida del Gobierno Nacional “es contradictoria con la demora en sancionar la necesaria ley sobre el aporte de las grandes fortunas para la emergencia. Esa demora no la pueden pagar los trabajadores”. Y volvieron a demandar una “urgente” reforma tributaria de carácter “progresivo” además de un incremento en la movilidad de los haberes jubilatorios.

En el mismo sentido, se expresó Carlos Ortega, titular de SECASFPI, el sindicato que reúne a los empleados de la ANSeS: “Los trabajadores del Estado no hemos cesado en nuestros trabajos, dado el carácter esencial de los servicios que brindamos, por lo que creemos necesario que se abone el sueldo anual complementario como corresponde”. Y remarcó que la decisión del Gobierno nacional “implica un grave perjuicio económico” para los afiliados del sector.

La CTA de los Trabajadores, a su turno, calificó la decisión de fraccionar el aguinaldo como “un avance inadmisible sobre un derecho histórico de quienes viven de su trabajo y no del ajeno”. Desde la central liderada por Hugo Yasky solicitaron “con carácter de urgente” una audiencia con las autoridades del Ministerio de Trabajo para alcanzar un acuerdo que suspenda la medida oficial.

Con información de www.elintransigente.com