El Gobierno descontará el día a los estatales que marcharon y ATE respondió con una escalada de tensión

• El Gobierno descontará el día a los estatales que se sumaron al paro convocado por ATE.
• Rodolfo Aguiar acusó al Ejecutivo de atentar contra el derecho de huelga.
• La marcha reunió a miles de manifestantes pese al protocolo antipiquetes.
• Bullrich denunció penalmente a Aguiar y endureció el tono público.
• El conflicto ocurre mientras avanzan reformas laboral, tributaria y penal.
• La Casa Rosada ratificó que no pagará días no trabajados y anticipó que sostendrá la línea.

El Gobierno ejecutará finalmente la advertencia que había anticipado durante la previa del paro: los trabajadores estatales que se sumaron a la protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) veran descontado el día de sus salarios. La medida, según señalaron en la Casa Rosada, busca evitar que los gremios “vuelvan a fijar la agenda pública” mediante paralizaciones y responde a una directriz política clara: el Estado, afirman, “no financiará huelgas de carácter político”.

La aplicación del descuento marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y la conducción de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, quien reaccionó de inmediato. Calificó la decisión oficial como una “amenaza ilegal” y sostuvo que la quita “atenta directamente contra el derecho constitucional a huelga”. El dirigente, uno de los referentes más combativos del sindicalismo estatal, se convirtió nuevamente en la principal voz de rechazo frente a un Gobierno que avanza con un amplio programa de reformas.

Una movilización masiva pese a las advertencias

La marcha, organizada como un rechazo anticipado a la reforma laboral que impulsa el oficialismo —aun sin proyecto presentado formalmente—, reunió a miles de manifestantes en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 comenzaron los retiros de los puestos de trabajo y a las 13 se realizó el acto central frente a la ex Secretaría de Trabajo. ATE había proyectado más de 5.000 asistentes, una cifra que, según el propio gremio, fue superada.

Aguiar insistió en que no es necesario conocer el texto de la reforma para prever un “escenario adverso” para los trabajadores estatales. Su discurso se alineó con el sector más duro del kirchnerismo, que también busca condicionar al Ejecutivo en la antesala del envío de los principales proyectos estructurales al Congreso.

Un conflicto que se incubó desde diciembre del 2023

Desde el inicio del mandato, ATE adoptó una postura de confrontación permanente con la administración nacional. El recorte de contratos, la revisión de organismos, la paralización de programas y la reducción del gasto público encendieron la resistencia del sindicato, que acusa al Gobierno de impulsar un “desguace estatal”.

En las horas previas a la protesta, el gremio difundió un informe según el cual los empleados públicos habrían perdido un 32% de su poder adquisitivo en los últimos 23 meses, cifra que utiliza como argumento central de su reclamo. En la Casa Rosada, sin embargo, señalan que ese deterioro incluye parte del retroceso salarial heredado de la gestión anterior.

Bullrich endureció el tono y llevó la disputa a la Justicia

El clima se tensó aún más después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara penalmente a Aguiar por declaraciones que —según su interpretación— buscaban “provocar la crisis del gobierno nacional”. La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 2. Desde entonces, Bullrich profundizó el tono confrontativo tanto en declaraciones públicas como en redes sociales, donde acusó al dirigente de ser “golpista, desestabilizador y extorsionador”.

Aguiar respondió con descalificaciones personales, alimentando un intercambio que encontró eco en sectores opositores que observan en el conflicto una oportunidad para desgastar políticamente al oficialismo.

Un paro bajo el protocolo antipiquetes

La jornada estuvo atravesada por la aplicación estricta del protocolo antipiquetes que sostiene el Gobierno desde que accedió al poder. Las columnas, vigiladas de cerca por fuerzas federales, debieron circular por las veredas y se les impidió cortar calles o avenidas. Antes del inicio de la marcha, Bullrich lanzó un mensaje contundente: “Si empujan, tiran piedras o se ponen violentos, las fuerzas van a responder”.

Aguiar replicó que cualquier incidente sería “responsabilidad exclusiva del Gobierno”, un planteo habitual del sindicalismo opositor que busca anticipar un posible escenario de represión.

Reformas en el centro de la disputa

El conflicto se da en un momento clave para el Ejecutivo, que tiene avanzados tres proyectos centrales: la reforma laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal. Todos forman parte del rediseño institucional que el oficialismo pretende consolidar en la segunda mitad del mandato. Para los gremios, en cambio, representan un avance sobre derechos adquiridos y un intento por reconfigurar el equilibrio entre Estado, trabajadores y sector privado.

ATE ya anticipó que, si el Gobierno mantiene la política de descuentos, convocará nuevas medidas de fuerza. Pero en la Casa Rosada la postura es inflexible: no habrá remuneración por días no trabajados. El mensaje, aseguran, no está dirigido solo a ATE, sino al conjunto del universo sindical estatal.