La Comisión Investigadora del caso $LIBRA lleva su reclamo a la Corte Suprema y apunta al entorno presidencial

• La comisión del caso $LIBRA llevará su reclamo a la Corte Suprema para poder citar por la fuerza a Karina Milei.
• El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano habían rechazado el pedido del cuerpo legislativo.
• El informe final se presentará el 18 de noviembre, con posibles señalamientos hacia el presidente Javier Milei.
• Se investiga si el tuit presidencial sobre $LIBRA constituyó una maniobra de manipulación de mercado.
• La comisión denunció la falta de colaboración de funcionarios y organismos del Ejecutivo.
• Se detectaron transferencias millonarias vinculadas a empresarios y operadores cripto mencionados en la causa.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza la presunta megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión judicial que le impide citar por la fuerza pública a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo. La medida fue aprobada en la última sesión del cuerpo, presidido por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), en el marco de una causa que ya salpica a figuras clave del Gobierno nacional.

La presentación judicial buscará revocar la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes rechazaron los pedidos de la comisión para acceder al expediente principal y para avanzar con citaciones compulsivas a los funcionarios involucrados. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal a fines de octubre, lo que llevó a los diputados a agotar la vía administrativa e insistir ahora ante el máximo tribunal. Ferraro anticipó que el recurso será presentado “dentro de los diez días hábiles posteriores al fallo de apelación”.

El conflicto judicial ocurre a pocos días de que la comisión difunda su informe final, previsto para el 18 de noviembre, en el que cada bloque legislativo expondrá su postura sobre la posible responsabilidad del presidente Javier Milei en la maniobra. La investigación apunta a determinar si el mandatario tuvo alguna intervención directa o indirecta en el episodio que dio origen a la causa: un tuit suyo que mencionaba la criptomoneda $LIBRA, hecho que desató un alza súbita en su cotización antes de un desplome abrupto que provocó pérdidas millonarias a pequeños inversores.

Según los legisladores, el objetivo del trabajo parlamentario es establecer si esa secuencia configuró una maniobra de manipulación de mercado o si hubo funcionarios públicos involucrados en la promoción del activo digital. El tuit presidencial, publicado en un contexto de alta volatilidad en el mercado cripto, fue interpretado por muchos usuarios como una recomendación de inversión, generando un fenómeno especulativo de gran escala que culminó en denuncias penales y reclamos de damnificados.

En paralelo al recurso ante la Corte, la comisión ratificó su intención de impulsar denuncias contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, a quienes acusan de obstaculizar la investigación legislativa. También se apunta a varios funcionarios del Ejecutivo por presunta omisión o encubrimiento, entre ellos Mariano Puño Libarón, Alejandro Medic, Florencia Zicavo, Roberto Silva, Paula Stack y Sergio Morales. Además, se dispuso que la Secretaría Administrativa incorpore al expediente toda nueva información que llegue antes del 10 de noviembre.

Durante las últimas semanas, el cuerpo parlamentario lamentó la reiterada ausencia de varios citados, entre ellos Zicavo, exjefa de gabinete del Ministerio de Justicia; Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; y Paul Starc, integrante de la Unidad Fiscal de Investigación. Ninguno de ellos se presentó a declarar, lo que según los diputados opositores constituye una muestra de “falta de colaboración institucional” por parte del oficialismo.

Entre los avances de la pesquisa, los investigadores identificaron una trama empresarial y financiera que vincularía al empresario Manuel Terrones Godoy, al operador cripto Mauricio Novelli y a la firma KIP Protocol, señalados como piezas centrales de la operatoria de $LIBRA. A través de datos aportados por plataformas de intercambio de criptomonedas, se detectaron transferencias por 300.000 y 250.000 dólares a una misma billetera virtual. Los montos coinciden con los que figuran en un presunto acuerdo de representación firmado entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis en noviembre del año pasado, documento que habría sido revelado por el periodista Hugo Alconada Mon.

El caso $LIBRA se transformó en un nuevo frente político y judicial para el Gobierno, al conjugar denuncias por corrupción, manipulación de mercado y conflicto de intereses en un terreno aún poco regulado como el de los criptoactivos. La definición de la Corte Suprema será determinante para establecer si el Congreso podrá continuar con su investigación sin los límites impuestos por el fuero federal, en un contexto donde las tensiones entre los poderes del Estado vuelven a ocupar el centro de la escena.