La CGT en alerta: la reforma laboral tensiona la interna sindical

• El proyecto de reforma laboral generó alerta en la CGT en plena definición de su conducción para 2025-2029.
• La iniciativa oficialista busca negociar convenios por empresa en lugar de por actividad, lo que preocupa por la pérdida de poder adquisitivo.
• Gerardo Martínez y los líderes históricos de la central rechazan la desregulación total y podrían cuestionar su participación en organismos internos.
• Jóvenes dirigentes como Cristian Jerónimo, Maia Volcovinsky y Juan Pablo Brey se suman al rechazo y podrían ganar protagonismo en la conducción.
• La eliminación de la cuota solidaria y la falta de soluciones claras para la informalidad laboral generan discordia con movimientos sociales y sindicatos.
• La reforma recrea un escenario similar al del Decreto 70/2023, con tensión social y riesgo de movilizaciones contra la gestión oficialista.

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea debatir en sesiones extraordinarias a partir de diciembre encendió las alarmas dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), justo cuando la central obrera se preparaba para su elección del próximo 5 de noviembre. Según fuentes internas, la iniciativa obligó a los dirigentes a interrumpir discusiones internas sobre listas y candidaturas para concentrarse en tácticas y estrategias destinadas a frenar la propuesta oficialista, en coordinación con movimientos sociales afines.

Desde la conducción de la CGT, se advierte que el texto enviado por el Ejecutivo apunta a consolidar un sindicalismo opositor a Javier Milei, replicando un escenario similar al generado tras el Decreto 70/2023, que implementó una reforma laboral sin consulta previa a los líderes gremiales y derivó en manifestaciones y el primer paro general contra la gestión libertaria. Ahora, el proyecto de diciembre despierta una reacción semejante, ya que todos los sectores de la central coinciden en que la iniciativa amenaza derechos laborales históricos.

Durante las últimas semanas, la sede de la CGT en la calle Azopardo estuvo abocada casi exclusivamente a la definición de la lista que se someterá a votación el 5 de noviembre, en un proceso que determinará a los próximos dirigentes por los siguientes cuatro años. Sin embargo, la confirmación por parte del oficialismo de que la reforma laboral forma parte de la agenda legislativa prioritaria tras el éxito electoral del 26 de octubre desvió la atención de la interna sindical hacia la defensa de los convenios colectivos y los mecanismos de negociación existentes.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra e integrante del Consejo de Mayo, se convirtió en uno de los primeros referentes en manifestar públicamente su rechazo a la iniciativa. En encuentros internos, Martínez advirtió que no existe posibilidad de acordar modificaciones que impliquen “desregulación total” del mercado laboral, como pretende el Gobierno. Según pudo corroborar este medio, incluso llegó a manifestar que podría abandonar el Consejo de Mayo por la falta de entendimiento con las autoridades estatales sobre el futuro de la negociación colectiva.

El rechazo no se limita a los históricos dirigentes “gordos”, líderes de grandes sindicatos de servicios, sino que se extiende a referentes jóvenes que vienen ganando espacio dentro de la central, como Cristian Jerónimo (sindicato del Vidrio), Maia Volcovinsky (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes). Estos sectores plantean que la reforma pondría en riesgo la capacidad negociadora de los sindicatos y debilitaría el poder adquisitivo de los trabajadores, al permitir que las negociaciones se realicen por empresa y no por actividad.

La preocupación central se centra en lo que Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, describió como un cambio en la estructura de los convenios colectivos: pasar de la negociación por actividad a la negociación por empresa. En palabras de un dirigente de la CGT, esto permitiría que compañías pequeñas, con apenas treinta empleados, fijaran salarios que podrían perder poder adquisitivo frente a la inflación.

Otro punto de discordia es el fin de la cuota solidaria, que actualmente financia a los sindicatos mediante descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no. La propuesta oficialista dejaría en manos de los empleadores el financiamiento sindical, lo que preocupa a los referentes de la CGT, que temen una disminución significativa de la autonomía gremial.

A estos cuestionamientos se suman los planteos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que denuncian que el proyecto no aborda de manera efectiva la elevada informalidad laboral, que afecta a aproximadamente un tercio de la fuerza laboral argentina. La falta de claridad en este punto es considerada por los movimientos sociales y la central obrera como un elemento que dificulta el consenso y aumenta la oposición a la iniciativa.

En síntesis, la reforma laboral proyectada por el Gobierno ha tensado la interna de la CGT y podría generar un frente común de rechazo entre los distintos sectores, desde los históricos líderes sindicales hasta los jóvenes dirigentes emergentes y movimientos sociales, replicando un escenario de confrontación similar al vivido tras la primera gran reforma laboral inconsulta de la gestión Milei.