Presión contra el lobby del juego: la Coalición Cívica reaviva el debate por la ludopatía

• La Coalición Cívica reclama que el Senado trate la Ley de Prevención de la Ludopatía, aprobada por Diputados hace un año.
• Ferraro y Frade denunciaron presiones del “lobby del juego” y la inacción del Gobierno.
• El proyecto prohíbe toda publicidad de apuestas online y sanciona con prisión a operadores ilegales.
• Solo la Comisión de Salud del Senado debatió el tema; las comisiones clave no avanzaron.
• El oficialismo alega conflictos con competencias provinciales para frenar la ley.
• La CC plantea que la ludopatía es un problema de salud pública que exige acción inmediata.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC) volvió a encender las alarmas en el Congreso al reclamar que el Senado trate con urgencia el proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía, aprobado por la Cámara de Diputados hace casi un año pero aún sin movimiento en la Cámara Alta. La iniciativa, que busca regular las apuestas online y restringir la publicidad de las plataformas digitales, quedó trabada en el circuito legislativo mientras crece la preocupación por el aumento de casos de adicción, especialmente entre adolescentes.

El pedido fue encabezado por los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes apuntaron directamente al “lobby del juego” como responsable de la parálisis parlamentaria. A través de redes sociales, Ferraro advirtió que “la banca seguirá ganando si la voluntad política sigue apostando sus fichas”, en una frase que sintetiza el trasfondo del reclamo: la supuesta injerencia de intereses económicos en la agenda legislativa.

Frade, por su parte, denunció que “los lobbies funcionaron en consonancia con el Gobierno, que nunca quiso tocar ese modo ‘lúdico’ de lavar dinero y arruinar el futuro de miles de argentinos”. Con esa acusación, la diputada apuntó no solo al Ejecutivo sino también a los influencers y figuras mediáticas que promueven las apuestas digitales, muchas veces dirigidas a públicos jóvenes.

El proyecto en cuestión ingresó al Senado el 27 de noviembre de 2024 y, desde entonces, su tratamiento quedó virtualmente detenido. Solo la Comisión de Salud, presidida por la senadora kirchnerista Lucía Corpacci, realizó encuentros con especialistas y asesores. Las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales —a cargo de los oficialistas Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto— no avanzaron en el debate, lo que refleja una falta de voluntad política en el bloque libertario, que considera que la regulación propuesta invade competencias provinciales.

La norma aprobada por Diputados establece fuertes limitaciones a las empresas de apuestas online. Entre las medidas más relevantes, prohíbe toda forma de publicidad, patrocinio y promoción en medios digitales, redes sociales, televisión, radio, prensa escrita, espacios públicos y hasta en la indumentaria deportiva. Solo se permitiría la difusión dentro de casinos o locales habilitados.

Asimismo, el proyecto busca blindar el acceso de menores de edad, estableciendo controles estrictos y sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes organicen apuestas sin autorización oficial. La iniciativa también contempla la creación de programas de asistencia y tratamiento para personas con adicción, en un intento por encuadrar la ludopatía dentro de una política de salud pública.

Los impulsores de la ley sostienen que el fenómeno de las apuestas digitales se ha expandido de manera exponencial, impulsado por la publicidad en redes sociales y por la falta de regulación clara a nivel nacional. Según estimaciones privadas, en los últimos tres años se triplicó la cantidad de usuarios registrados en plataformas de juego online, y el número de menores involucrados creció de manera preocupante.

Sin embargo, el debate jurídico no es menor. Algunas provincias consideran que el proyecto invade sus competencias en materia de regulación del juego, un argumento que el oficialismo utiliza para frenar la iniciativa. Desde el entorno libertario sostienen que cada jurisdicción debe definir sus propios marcos normativos y que el control nacional implicaría un exceso de centralismo.

A pesar de esos reparos, la Coalición Cívica insiste en que la cuestión trasciende el federalismo y se trata de un problema de salud pública que requiere una respuesta urgente. “La ludopatía no distingue fronteras ni edades. Es un fenómeno social que destruye familias y endeuda a jóvenes que ni siquiera tienen ingresos propios”, señaló Ferraro en su mensaje.

El pedido de la CC reaviva un debate incómodo en la política argentina: el de los vínculos entre el poder económico del juego, la publicidad digital y la inacción legislativa. Mientras el proyecto sigue estancado, las plataformas multiplican su presencia y las señales de alarma se acumulan. La discusión en el Senado podría convertirse, si avanza, en un test sobre cuánto pesa el interés público frente a los intereses privados.