La UBA demandará al Gobierno por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

• La UBA iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo por la suspensión de la Ley 27.795.
• El Consejo Superior aprobó la medida por unanimidad en sesión del 22 de octubre.
• La universidad acusa al Gobierno de violar el principio de división de poderes.
• El Ejecutivo argumenta que la ley no puede aplicarse sin definir su financiamiento.
• La casa de estudios declaró la emergencia presupuestaria y salarial.
• Otras universidades evalúan acompañar la presentación judicial.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad este martes 22 de octubre durante la sesión del Consejo Superior, en rechazo al decreto presidencial que promulgó la norma pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

En su resolución, la UBA sostuvo que el decreto “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso”. La casa de estudios consideró que la medida “vulnera derechos constitucionales al impedir el acceso al financiamiento necesario y a la recomposición salarial dispuesta por la ley”.

El expediente, registrado como EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruye al rector a iniciar las acciones judiciales correspondientes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. Además, ordena comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

Un conflicto por la autonomía y los fondos

El conflicto surge tras la promulgación, en la madrugada del martes, de las leyes 27.795 y 27.796. La primera establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades nacionales y dispone la recomposición salarial del personal docente y no docente. La segunda declara la emergencia sanitaria pediátrica en todo el país. Ambas fueron promulgadas por decreto, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

La decisión del Ejecutivo fue formalizada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, bajo el argumento de que su implementación inmediata implicaría un “impacto fiscal significativo” para las cuentas públicas. El mismo criterio ya había sido utilizado un mes atrás para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde la UBA, interpretan esa suspensión como un acto de gravedad institucional. En los considerandos de su resolución, el Consejo Superior subrayó que la medida “afecta la autonomía universitaria y el derecho a la educación pública”, y advirtió que la crisis presupuestaria “pone en riesgo la continuidad de funciones esenciales”.

La universidad recordó que ya había declarado la emergencia salarial y presupuestaria ante la falta de actualización de los fondos que recibe del Estado. “La norma aprobada por el Congreso tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del sistema universitario nacional, y su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando la crisis”, señaló el cuerpo colegiado.

Una defensa de la universidad pública

En un tono firme, el documento aprobado por unanimidad sostiene que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. Por eso, el Consejo Superior consideró “imprescindible que el Poder Ejecutivo cumpla de manera inmediata con la efectiva ejecución de la ley, asignando los recursos presupuestarios necesarios”.

El máximo órgano de gobierno de la UBA —integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros docentes, estudiantiles y de graduados— resaltó que la medida no solo compromete la estabilidad financiera de la institución, sino también la “institucionalidad democrática” del país.

El planteo judicial de la UBA podría convertirse en un caso testigo dentro del sistema universitario nacional, ya que otras universidades públicas enfrentan dificultades similares y evalúan seguir el mismo camino. “El cumplimiento de esta ley es esencial para garantizar la educación pública, la investigación científica y la extensión universitaria”, concluye la resolución.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de que cualquier ley con impacto presupuestario debe contar previamente con la aprobación de las partidas correspondientes por parte del Congreso. Una discusión que promete trasladarse a los tribunales y volver a poner en debate los límites entre las decisiones fiscales del Poder Ejecutivo y la autonomía del sistema universitario.