
Manes pide la exclusión de una diputada acusada de narcotráfico y alerta por el avance de la “narcopolítica”
POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior

- Facundo Manes pidió la exclusión de la diputada Lorena Villaverde, acusada de tráfico de cocaína.
- El legislador radical reclamó su renuncia a la candidatura al Senado por Río Negro.
- “No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina”, afirmó Manes.
- Expresó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, presuntamente amenazado por Villaverde.
- La causa judicial contra la legisladora continúa en los tribunales federales rionegrinos.
- El caso reaviva el debate sobre los vínculos entre política y narcotráfico en la Argentina.
El diputado nacional Facundo Manes encabezó un fuerte pronunciamiento público contra la legisladora Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro, luego de que se conocieran acusaciones judiciales por presunto tráfico de cocaína que la involucran. El referente radical anunció que impulsará su exclusión inmediata de la Cámara de Diputados y reclamó que renuncie a su postulación electoral, al considerar que su situación “pone en riesgo la credibilidad institucional” del Congreso.
El mensaje de Manes, difundido a través de sus redes sociales, tuvo un tono inusualmente contundente para los estándares del radicalismo. “No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina”, escribió el neurocientífico, acompañando la publicación con un llamado a la responsabilidad colectiva de todas las fuerzas políticas. Su declaración fue compartida miles de veces en cuestión de horas, generando una ola de reacciones dentro y fuera del oficialismo.
El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) argumentó que el narcotráfico se ha convertido en “la amenaza más fuerte que enfrenta hoy la democracia en América Latina”, y exhortó a construir un frente común contra el avance del crimen organizado dentro de las instituciones. “Si no trazamos una línea clara, el poder del dinero narco se filtrará en la política y la sociedad”, advirtió.
En paralelo, Manes expresó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien, según trascendió, habría recibido amenazas de parte de Villaverde tras haber difundido información sobre la causa judicial. “La libertad de prensa no puede estar en riesgo por la intimidación de dirigentes políticos”, enfatizó el diputado, al tiempo que pidió que la Justicia garantice la seguridad del comunicador.
Las declaraciones del dirigente radical no sólo reavivaron el debate sobre la infiltración del narcotráfico en la política, sino que también volvieron a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué mecanismos de control existen para impedir que candidatos con causas judiciales graves accedan a cargos públicos?
En el Congreso, la iniciativa de Manes para excluir a Villaverde podría abrir una pulseada institucional de alto voltaje. Si bien la Constitución prevé mecanismos de remoción por “inhabilidad moral”, su aplicación es excepcional y requiere mayoría especial. Sin embargo, en el entorno del diputado aseguran que la movida no busca tanto una sanción inmediata como un gesto ético y político ante una situación que “no admite indiferencia”.
Desde el entorno de Villaverde, en tanto, prefirieron no responder públicamente a los dichos de Manes. Fuentes cercanas a la legisladora sostienen que las acusaciones en su contra “carecen de fundamento” y forman parte de “una operación mediática” para perjudicar su candidatura. No obstante, la causa judicial que la vincula con presuntas operaciones de tráfico de estupefacientes continúa su curso en los tribunales federales de Río Negro.
El caso ocurre en un clima de creciente preocupación por la expansión del narcotráfico en el interior del país, especialmente en zonas del litoral y la Patagonia, donde las fuerzas de seguridad advierten sobre un aumento del movimiento de droga hacia Chile y el Atlántico Sur. En ese contexto, las denuncias contra figuras políticas reavivan el temor a una “colombianización” del escenario argentino.
Con su pronunciamiento, Facundo Manes parece haber decidido ocupar un espacio que el radicalismo suele evitar: el de la denuncia frontal y moralizante. “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”, remató el diputado, en una frase que resonó tanto como advertencia como posicionamiento político de cara al nuevo ciclo legislativo.





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