Dalbón denuncia a Milei por abuso de autoridad tras declarar que “decidió que Cristina vaya presa”

• Gregorio Dalbón denunció penalmente a Javier Milei por abuso de autoridad.
• El Presidente había dicho en TV: “Yo decidí que Cristina vaya presa”.
• El abogado considera que la frase implica una confesión de injerencia judicial.
• Pide investigar al mandatario por violar la independencia de poderes.
• El kirchnerismo lo interpreta como prueba de persecución política (“lawfare”).
• La denuncia podría derivar en un nuevo conflicto institucional entre Gobierno y Justicia.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario reconociera públicamente haber “decidido que Cristina vaya presa”. La presentación judicial, que recayó en los tribunales federales, sostiene que el jefe de Estado incurrió en el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal argentino, y que sus declaraciones constituyen una violación explícita a la independencia del Poder Judicial.

La controversia surgió tras una entrevista televisiva en la que Milei, consultado sobre el futuro de la ex mandataria, afirmó: “Yo decidí que Cristina vaya presa, porque la Justicia tiene que ser independiente”. La frase, que buscó reafirmar su discurso contra la corrupción, terminó generando el efecto contrario: fue interpretada como una admisión de injerencia en causas judiciales que involucran a la expresidenta.

Dalbón reaccionó con rapidez. En su denuncia, advirtió que las palabras del Presidente “constituyen una confesión pública de un acto de poder ilegal” y una intromisión directa en la órbita del Poder Judicial. “Esa frase no es una opinión política, es la admisión de un acto de poder prohibido por la Constitución”, señaló el letrado, quien agregó que Milei “al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, viola el artículo 109 de la Constitución Nacional”, que prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo intervenir en causas judiciales.

El abogado enfatizó que la frase del mandatario “revela la existencia del lawfare en la Argentina” y “confirma que la persecución judicial contra Cristina Kirchner fue política”. Según su interpretación, si el propio Presidente admite haber influido en la detención de una dirigente opositora, “la condena pierde toda legitimidad y podría ser declarada nula”. En ese sentido, Dalbón adelantó que impulsará nuevas acciones judiciales para revisar las causas en las que fue condenada la exmandataria, actualmente en prisión domiciliaria.

La denuncia también adquiere una dimensión política. Para el entorno de Cristina Kirchner, las declaraciones de Milei refuerzan la narrativa del “lawfare” —el uso político del sistema judicial para perseguir adversarios— y constituyen un punto de inflexión en la disputa entre el kirchnerismo y el gobierno libertario. “Milei confesó que Cristina fue una presa política”, sostuvo Dalbón en declaraciones a medios nacionales, agregando que en “cualquier país con instituciones sólidas” un episodio así “bastaría para iniciar un juicio político al Presidente”.

En el texto presentado ante los tribunales federales, el abogado invoca los artículos de la Constitución que garantizan la independencia judicial y la división de poderes, y pide que la Justicia “investigue la posible comisión de un delito cometido desde la más alta magistratura del país”. Además, solicita que se adopten medidas para “preservar la institucionalidad” y evitar “una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo”.

La denuncia de Dalbón llega en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, tras una serie de escándalos políticos y judiciales que afectan tanto al oficialismo como a referentes de administraciones anteriores. En los tribunales, en tanto, la presentación podría abrir un nuevo frente de conflicto institucional, en un contexto donde las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se muestran particularmente sensibles.

Mientras tanto, en el entorno presidencial prefirieron el silencio. Fuentes cercanas a Milei no desmintieron sus dichos, pero restaron importancia a la denuncia, calificándola de “maniobra mediática”. Sin embargo, juristas y constitucionalistas ya comenzaron a advertir que la frase del Presidente podría ser interpretada como una autoincriminación de injerencia indebida, un gesto que —más allá de su intencionalidad— erosiona la frontera que separa la política del ámbito judicial.

En definitiva, el episodio abre una nueva grieta en el escenario político argentino: mientras el kirchnerismo busca capitalizarlo para reivindicar su relato del lawfare, el oficialismo enfrenta el desafío de explicar una declaración que, por su carga institucional, podría tener consecuencias más allá del terreno discursivo.