Los libertarios, contra las cuerdas: la reforma de los DNU pone al Gobierno al borde de otra derrota en el Congreso

• El oficialismo enfrenta una nueva ofensiva opositora en Diputados con una sesión especial que busca recortar el poder de los DNU.
• La reforma ya tiene media sanción del Senado y propone que los decretos caduquen a los 90 días si no son aprobados por ambas Cámaras.
• La oposición cuenta con una mayoría suficiente para incomodar al Gobierno, aunque no llega aún a los dos tercios.
• La estrategia libertaria se centra en impedir el quórum, pero las negociaciones con gobernadores y bloques aliados no muestran resultados claros.
• Provincias Unidas y gobernadores patagónicos podrían jugar un rol decisivo en la votación, condicionando además la discusión del Presupuesto.
• El veto presidencial aparece como la última carta de Milei, aunque reflejaría la debilidad del Gobierno en el Congreso.

Los libertarios se preparan para una nueva batalla legislativa en un escenario en el que la defensiva se volvió rutina. Tras meses de tropiezos, el oficialismo acumula derrotas en el Congreso y la última, el rechazo a los vetos sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, dejó al Gobierno de Javier Milei en una posición aún más vulnerable. Ahora, la próxima prueba será este miércoles, cuando la oposición buscará avanzar en Diputados con una sesión especial cargada de proyectos incómodos: desde la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hasta un intento de remover a José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto. Pero el punto más sensible es la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya tiene media sanción en el Senado y amenaza con recortar uno de los principales resortes de poder presidencial.

El oficialismo reconoce que se trata de un desafío de alto voltaje. Hoy los DNU solo pueden ser rechazados si ambas Cámaras del Congreso votan en contra, lo que otorga a los presidentes un margen amplio para gobernar incluso sin mayoría parlamentaria. Con la nueva ley, en cambio, los decretos caducarían a los 90 días salvo que el Congreso los apruebe expresamente en ambas Cámaras. En los hechos, la oposición necesitaría únicamente bloquear la validación en una de las Cámaras para hacerlos caer. Una modificación de fondo que complicaría de manera directa la gestión de Milei.

La oposición llega fortalecida. Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda respaldaron en comisión el texto aprobado por el Senado sin cambios. La Coalición Cívica presentó un dictamen alternativo, más moderado, que evita el plazo de caducidad automática. En tanto, el PRO y el radicalismo tradicional todavía no definieron su postura. Aunque no hay consenso pleno para alcanzar los dos tercios necesarios que blindarían una futura sanción ante un eventual veto presidencial, los números alcanzan para generar un serio dolor de cabeza al oficialismo.

La estrategia libertaria apunta a impedir directamente que la sesión tenga quórum. Para ello, la conducción política dividió tareas: Lisandro Catalán, ministro del Interior, negocia con gobernadores; y Martín Menem, titular de Diputados, trabaja con legisladores de bloques minoritarios. El objetivo es evitar que la oposición junte los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Pero los resultados son inciertos. La relación con los gobernadores se resintió en los últimos meses, y los aliados circunstanciales de la Cámara baja se muestran cada vez más reacios a sostener al oficialismo.

Un bloque clave será Provincias Unidas, que adelantó su intención de actuar de manera unificada en dos proyectos de fuerte impacto: la reforma de los DNU y la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos. Allí, la Casa Rosada enfrenta resistencias, sobre todo de los mandatarios patagónicos, que ven en la puja una oportunidad para mejorar su posición negociadora de cara al Presupuesto 2026. “Todavía está la instancia del veto, que seguramente será después de las elecciones. Ahí va a ser más fácil negociar con los gobernadores”, confió un legislador que responde a un mandatario del sur.

En el Gobierno interpretan la ofensiva como parte de un clima “destituyente”. Señalan que el encadenamiento de derrotas en el Congreso busca mostrar debilidad en plena campaña electoral y minar la gobernabilidad de Milei. Sin embargo, en la oposición sostienen que se trata de reequilibrar las reglas de juego: “No se puede gobernar eternamente por decreto”, remarcan desde los bloques dialoguistas.

El escenario, por lo tanto, aparece cargado de tensión. Si la sesión se concreta, los libertarios saben que difícilmente podrán revertir el resultado. La votación pondría en evidencia la soledad del oficialismo en Diputados y marcaría otro revés político en la recta final hacia el 26 de octubre. La única carta que conserva Milei es el veto presidencial, aunque depender de esa herramienta refuerza la idea de un Gobierno acorralado en el Congreso.

El oficialismo, que durante casi dos años intentó minimizar su exposición política para enfocarse en la economía, ahora enfrenta el dilema de sostener la gobernabilidad en un Parlamento cada vez más hostil. La reforma de los DNU, por su impacto directo en el equilibrio de poderes, es mucho más que una disputa reglamentaria: es un test de supervivencia para la estrategia libertaria en un momento electoral clave.